Las razones por las cuales el ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez sigue causando un inevitable detrimento al tejido democrático de Colombia.
Sed de poder, a prueba de balas
En este momento, en el que todas las miradas críticas de Colombia y de la comunidad internacional se encuentran sobre el detrimento de la democracia bolivariana, es necesario hacer una retrospección para evaluar cómo está la nuestra.
Por: Sara Gaviria y Laura Cristina Farías
El escenario actual de la política en Colombia es, un caudal de opiniones y posturas contrapuestas en el que se percibe la sed de poder de sus protagonistas. De todos estos, es acertado decir que el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez es el más controversial. Desde el año 2002, en que inició su primer período presidencial, ha sido el foco de la política del país. Hoy, un simple trino suyo tiene el poder de acalorar las masas y distanciar a los más cercanos: para algunos representa la salvación de la patria, al haber devuelto la tranquilidad al país, y para otros la egolatría y narcisismo al buscar entorpecer cualquier progreso que no haya sido logrado por él o por los suyos.
El 7 de agosto de 2002, Uribe Vélez asumió la presidencia. Ocupó el cargo en medio de una crisis profunda en el país prometiendo tener “mano firme”; no sólo respecto a la guerra contra las FARC, sino también contra la corrupción y la politiquería. Durante sus ocho años en el poder, resultado de su cambio a la Constitución, alcanzó grandes logros. La población y la cobertura estudiantil aumentaron y el crecimiento económico colombiano tuvo un notable incremento durante su mandato debido al clima de confianza empresarial en el país. Además, con su política de seguridad democrática logró debilitar a las FARC, desmontar grupos paramilitares, reducir el secuestro e impulsar el turismo, entre otros.
Fueron todos estos aciertos, y seguro unos cuantos más, los que llevaron a que una parte de la población colombiana pusiera en él todas sus esperanzas y su fe, hasta el punto de subirlo en un pedestal, idolatrarlo y recubrirlo con un velo de impunidad con el que se ha recubierto hasta hoy. Tan grueso es este velo que, en estos últimos quince años, Colombia ha sido testigo de escándalo tras escándalo y aun así, se sigue evidenciando el caudillismo hacia él. Sin embargo, es importante recordar y hacer énfasis en que estos escándalos no sólo fueron alboroto político, sino transgresiones legales, delitos que afectaron y siguen afectando el tejido democrático de nuestro país.
Es innegable que Uribe ha estado salpicado una y otra vez de acusaciones de corrupción y parapolítica. Tanto es así que, en la historia del país, es el ex presidente con mayor número de investigaciones pendientes en la Comisión de Acusación del Congreso. En dichas investigaciones, se le acriminan desde señalamientos por presunta celebración indebida de contratos hasta violaciones al derecho internacional humanitario. Y lo anterior no surge de la nada. Es el resultado de cruzar la línea de lo legal tanto como presidente como ex presidente en el ámbito nacional e internacional.
Uno de los mayores escándalos durante su gobierno fue el de los falsos positivos, que fue el involucramiento de miembros del Ejército Nacional en el asesinato de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate. Lo anterior, con la finalidad de presentar resultados de la política de seguridad democrática, ya que aquellos militares que a final de mes registraran el mayor número de combatientes dados de baja, obtenían recompensas de dinero, permisos de vacaciones, cursos en el exterior o, incluso, ascensos en el interior de las fuerzas militares.
Según el estudio ‘La Política de Seguridad Democrática y las Ejecuciones Extrajudiciales’, entre 2002 y 2010 los falsos positivos en nuestro país aumentaron un 154%. Si bien es cierto que no apretó el gatillo que mató cientos de inocentes en este, sí lo hicieron los incentivos de su política de seguridad democrática, lo que desencadenó el comportamiento de los militares. Estas conductas son conocidas como ejecuciones extrajudiciales en el Derecho Internacional Humanitario y como homicidio en persona protegida en el Derecho Penal colombiano. Al respecto se pronunció la ONU, denunciando la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales en el país y dejando en evidencia la impunidad que abarca hasta el 98% de los casos.
De igual manera, su gobierno se vio envuelto en el escándalo de las “chuzaDAS”. Esta situación fue denominada por los mismos miembros de la Corte Suprema de Justicia como “una empresa criminal dirigida por Álvaro Uribe desde la Casa de Nariño.” En 2009 se evidenció cómo el Departamento Administrativo de Seguridad, interceptaba ilegalmente las conversaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de políticos de partidos de la oposición, periodistas y miembros de ONG. Todas las personas o instituciones que representaban un contrapeso del gobierno terminaron siendo interceptadas, violándoseles sistemáticamente su derecho a la intimidad, siendo éste un derecho fundamental consagrado en la Constitución.
A lo anterior se suma lo ocurrido con Agro Ingreso Seguro, que era el programa estrella del gobierno Uribe en el sector rural. Éste pretendía entregar subsidios a agricultores colombianos con el fin de hacer más productivo y competitivo nuestro sector agrícola y expandir esas fronteras. Sin embargo, lo que sucedió en realidad fue una entrega irregular de subsidios que terminaron beneficiando desproporcionadamente a empresarios y grandes hacendados. Entre las personas que se vieron beneficiadas de estos subsidios, 50 habían financiado su campaña presidencial en 2002 o el referendo reeleccionista. Lo anterior constituyó un contrato sin incumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros. Ambos delitos en nuestro ordenamiento jurídico.
Por otra parte, este gobierno también fue el protagonista del escándalo que se desató el 2008 conocido como la “yidispolítica”. Éste se dio a raíz de las declaraciones de Yidis Medina, Representante a la Cámara, a la fecha, quien admitió haber recibido dádivas por parte de los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio a cambio de su voto a favor de la reelección de Álvaro Uribe. Desde ese momento empezó a evidenciarse su deseo de quedarse en el poder, aceptando la compra de votos de miembros del Congreso con la finalidad de asegurar la aprobación de la ley que le abriría las puertas a la primera reelección presidencial.
Al finalizar el gobierno, Uribe ganó el premio al gabinete presidencial estadísticamente más corrupto en la historia del país. Efectivamente, al echar un vistazo a la situación jurídica de los 30 miembros de su círculo de poder, resalta el hecho de que diez tienen investigaciones serias o juicios en proceso, nueve fueron condenados penalmente y uno tiene fuertes sanciones disciplinarias.
A lo anteriormente expuesto, se suman muchos otros eventos de corrupción e ilegalidad. Tales como la condena por paramilitarismo de su primo Mario Uribe; la ayuda que el general Mauricio Santoyo dio a los narcotraficantes siendo el jefe de seguridad presidencial; la manipulación estratégica de mentiras utilizada durante la campaña del NO en el plebiscito de 2016; el caso del hacker Andrés Sepúlveda en el cual se interceptaron comunicaciones ilegalmente y se compró información reservada, entre otros.
Como se puede ver, tanto en su gobierno como después de él, Álvaro Uribe Vélez ha transgredido una y otra vez los límites legales, siempre justificándose en su “mano firme y corazón grande”. Y aunque parezca extremo a primera vista, su nivel de desconocimiento al ordenamiento legal puede llegar a compararse con el de Nicolás Maduro. El presidente del país vecino, con sus políticas comunistas y dictatoriales hace lo que le plazca y lo que sea necesario para su beneficio, para mantenerse en el poder.
La misma sed de poder se puede ver en Uribe, que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de no renunciar a su poder e influencia, con tal de no dejar de ser el foco político del país. Ambos tienen sobre sus hombros asesinatos de civiles inocentes perpetrados por las fuerzas militares bajo su gobierno, ambos son responsables por corrupción a la hora de votar en una reforma constitucional, se han redirigido dineros de manera ilegal.
Álvaro Uribe y Nicolás Maduro tienen políticas absolutamente opuestas, pero aun así representan las dos caras de una misma moneda: la sed de poder. Y ambas caras son igual de nocivas para la democracia.
Lo intrigante es que, a pesar de todo lo anterior, existe una altísima cantidad de personas que mantiene un profundo respeto hacia el ex presidente y sigue teniendo una imagen favorable suya. No es posible entender cómo se puede idolatrar a un político que perpetúa un juego en el que gana quien logre conmover lo más íntimo del sentimentalismo popular: un político que busca implantar sus ideales a cualquier costo, sin importar las posibles consecuencias, que no le importa hasta qué punto haya que cruzar la línea de la legalidad para cumplir con sus cometidos. Porque en nuestro país, Álvaro Uribe es la personificación del antiguo decir: “El fin justifica los medios.”
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