La democracia colapsa ante los ojos del mundo entero
Venezuela y su Constitución echada al olvido
“Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por: Natalia Botero y María Paulina Santacruz
En nuestro entendimiento de Estado de Derecho, una Constitución que determine su funcionamiento es indispensable, al punto tal que muchos afirman vehementemente que, sin ella, sencillamente no podría hablarse de un Estado Constitucional. Es así como esta norma superior debe velar por garantizar la libertad, la independencia, la democracia, la justicia social, y demás aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de una Nación. No es casualidad que sean estos los principios consagrados en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, parece irónico comparar dichos preceptos liberales y garantistas, con las impactantes imágenes que desde marzo del presente año se han observado y que reflejan la preocupante situación del país vecino. El mundo ha tenido la oportunidad de ver cómo cientos de niños han muerto por desnutrición y las familias deben escarbar en las basuras para poder conseguir algo de comida. Hemos visto también cómo han fallecido ciudadanos indignados que salieron a las calles a protestar, muertes causadas por los métodos violentos con los que el gobierno ha respondido a quienes, con escudos de cartón, exigen al Estado el respeto y la garantía de sus derechos fundamentales.
Es cierto que la inestabilidad política de Venezuela proviene de tiempo atrás, desde el mandato de Hugo Chávez, quien dirigió el país desde 1999 hasta el 2013. Chávez, tras la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puso en marcha una serie de reformas socialistas tales como la nacionalización de industrias o las “Misiones Bolivarianas” que intentaron dar subsidios en alimentación, vivienda y educación. No obstante, el gasto insostenible, los controles de precios y demás medidas económicas del gobierno chavista, así como la crisis energética que se vivió desde finales de 2009, desembocaron en un aumento significativo de inflación, índices de pobreza, tasas de homicidios y corrupción. Así, el sueño socialista se convirtió en un desvarío.
La situación empeoró desde la llegada al poder de Nicolás Maduro, quien hundió los anhelos de democracia del pueblo venezolano y dio inicio a lo más oscuro de la pesadilla que estos hombres, niños y mujeres han tenido que vivir.
Vanessa Ferrari, venezolana y abogada javeriana, afirma que: “hay una violación de derechos desde todo punto de vista, no hay debido proceso porque no existe ninguna instancia en donde algún venezolano pueda ir y exigir sus derechos. Es una dictadura disfrazada.” Así mismo, Ferrari menciona que la Constitución de Venezuela de 1999 ha pasado a un segundo plano y el gobierno se ha empeñado en pasar por encima de ella de la manera más desvergonzada.
Para dar unos cuantos ejemplos, el artículo 49 de la Carta Política hace alusión al debido proceso que se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Así, “en el papel” toda persona tiene derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, como a la presunción de inocencia -hasta no demostrar lo contrario- y a ser escuchado en cualquier clase de proceso con las debidas garantías.
En contraposición a dicho mandato constitucional, Ferrari relata que hoy en día a cualquier persona se la pueden “llevar presa”, bien sea porque se encuentre en una manifestación o por exigir algún tipo de derecho, en teoría, “inviolable”. Sin existir ningún tipo de cargo que se les pueda imputar, a los “enemigos de la revolución” los encierran en las celdas sin ningún tipo de garantía.
En cuanto a la problemática de los presos políticos, esta abogada venezolana, menciona que sus audiencias se posponen constantemente y el Estado no les permite tener su propia representación porque impide la entrada de sus abogados a las mismas. Frente a esta situación, el papel de los jueces ha sido “inhibitorio” y en la práctica ningún funcionario público hace respetar los derechos de los ciudadanos a cabalidad.
De la misma manera, el artículo 350 de la Constitución contiene un precepto que con el pasar de los días se ha ido empolvando y olvidando de la manera más desconsoladora. Éste habilita al pueblo para desconocer cualquier tipo de régimen que atente contra los valores, principios y garantías democráticas o perjudique los derechos humanos. Nada parecido con la realidad, ¿no? Hemos visto cómo las manifestaciones comenzaron de forma pacífica, pero Nicolás Maduro, junto al Ministro de Defensa Vladimir Padrino López se han encargado de dar las órdenes al ejército para que ataquen a la población civil con bombas, lacrimógenos y otro tipo de instrumentos. Ferrari afirma que esta situación no está lejos de convertirse en una guerra civil, si es que ya no lo hizo.
Por su parte, el artículo 115 de la Carta establece el derecho a la propiedad, que sin atisbo alguno de duda ha sido ignorado y violado desde el gobierno chavista y continúa siéndolo en el mandato de Maduro. De tal forma, determina que:
“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
Como puede evidenciarse, la expropiación consiste en una limitación al derecho de propiedad, en virtud de la cual la Administración Pública, única y exclusivamente por causas de utilidad pública o interés social, adquiere la propiedad de los bienes de los administrados mediante una justa indemnización pagada y conciliada oportunamente. Tristemente este mecanismo se convirtió en una de las herramientas más utilizadas por el Chavismo para adquirir los bienes de las empresas y de los ciudadanos, especialmente los medios de producción, y dar vía libre a sus desmanes, arbitrariedades y abusos en contra de los intereses de todos los sectores económicos del país.
Es cierto que la Constitución y las leyes se hicieron para ser cumplidas por los ciudadanos, pero también y más aún por los gobernantes y las instituciones del Estado. Sin embargo, aun cuando la mayoría del parlamento es de la oposición, poco es lo que puede hacer si las leyes sencillamente no son tenidas en cuenta por el ejecutivo al gobernar, ni son aplicadas por los jueces al impartir justicia. Así desapareció, sin dejar rastro, la separación de poderes consagrada en la Constitución.
¿Y ahora qué? El domingo 30 de julio se llevó a cabo una jornada en la cual fueron elegidos los “constituyentistas”, quienes compondrán una Asamblea Nacional Constituyente que claramente carece de legitimidad y se convirtió en una herramienta del oficialismo para reafirmarse en el poder.
Se trata de un mecanismo ajeno a la voluntad real del pueblo venezolano teniendo en cuenta que en primer lugar, va a cambiarse una Constitución legitimada por chavistas y por no chavistas, que comprende un complejo de derecho y garantías de participación ciudadana, por una constitución hecha por y para los oficialistas, ignorando la voluntad de los más de 7 millones de venezolanos que afirmaron no querer una Asamblea Nacional Constituyente.
Así, la decisión del ejecutivo de poner en marcha una Asamblea Nacional Constituyente sin ningún tipo de consulta popular y cuyos candidatos son en su totalidad oficialistas, es una medida ilegítima que desconoce por completo el artículo 348 de la Constitución Bolivariana, el cual establece la necesidad de un mecanismo de consulta popular previo a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
Por todo esto, se hace más que evidente que la situación que se está viviendo en Venezuela es crítica y preocupante. Muchas personas han depositado su confianza en las medidas que pueda tomar la oposición, aunque a pesar de ganar las elecciones parlamentarias en 2015, hoy sus actuaciones han pasado a un segundo plano. Otros afirman que quien debe actuar es la comunidad internacional mientras que hay quienes creen que es el pueblo venezolano el que puede encargarse de luchar por sus principios fundamentales. Sin embargo, esto mismo es lo que se ha venido realizando desde los últimos meses y tristemente se estima que más de 120 personas han sido asesinadas durante las manifestaciones que se han llevado a cabo en las diferentes ciudades del país.
Es complejo plantear una posible “solución” a las dificultades. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que las crisis son temporales y que tanto la economía, la política y en general los ordenamientos jurídicos, tienden a cambiar con el paso de los años y la fuerza del espíritu de los pueblos, que son en últimas quienes sufren las consecuencias, pero a su vez impulsan y logran los cambios. Todavía hay por qué luchar.
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