jueves, 27 de noviembre de 2014

Bajo estas condiciones, ¿quién va a querer dedicarse a servir al país?




CONFUNDAMOS, CONDEMENOS Y DESMOTIVEMOS

No hay que tener una tarjeta profesional de abogado para entender la diferencia entre los deberes de un funcionario público y el dolo en la comisión de una infracción penal, entre la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad penal; y aun así, a Andrés Camargo le quedan más de 4 años en la cárcel por un asunto técnico al que la justicia quiso catalogar como “delito”.

Por: Laura Farías y Sebastián Solarte - estudiantes de la facultad de ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana

La sociedad colombiana se caracteriza por su escepticismo frente a las instituciones nacionales. Las críticas acerca de la falta de eficiencia de la justicia, de la corrupción e impunidad de los funcionarios públicos, de la mediocridad del Congreso o de las fallas que presenta el sistema hacen parte de las conversaciones cotidianas. Éstas, desafortunadamente, no siempre están suficientemente fundadas y se limitan a repetir los titulares esbozados por los medios sin preocuparse por construir un criterio informado. Sin embargo, existen casos –más frecuentes de lo que quisiéramos- en los que entre más se lea sobre el tema, más tristeza producen las consecuencias que dejan las actuaciones de las entidades estatales.

Tal es el caso de Andrés Camargo, exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano, quien se encuentra en la cárcel por haber incurrido, según el Tribunal Superior de Bogotá, en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento del lleno de los requisitos legales. Su situación nos hace cuestionarnos acerca de dos temas: primero, acerca de la forma como la justicia penal está manejando situaciones que no tienen ninguna relación con ésta, al punto de penalizar conductas de carácter disciplinario; y, segundo, sobre la desmotivación que estos casos generan en quienes alguna vez han considerado dedicar su vida a servir al país –escenario que involucra, particularmente, a quienes son actualmente estudiantes-.

Andrés Camargo, ingeniero civil especializado en legislación financiera en la Universidad de los Andes, decidió dejar temporalmente el sector privado para acompañar al entonces alcalde Enrique Peñalosa en la tarea de dirigir el I. D. U., instituto encargado de la realización de las obras públicas en Bogotá. Desde éste, lideraron la construcción, ampliación y reparación de cientos de kilómetros de vías, casi una veintena de puentes vehiculares, millares de metros cuadrados de andenes y parques, una novedosa red de ciclorutas y las troncales de un sistema de transporte revolucionario para la época: Transmilenio (más de 1500 obras, en total) que ayudaron a que Bogotá, ciudad eternamente estancada, se acercara un poco más a los estándares que una capital debe cumplir en pleno siglo XXI.
A Camargo se le acusa de ser el responsable de los daños de las losas en las troncales de Transmilenio de la Autopista Norte y de la Avenidas Caracas  que se presentaron una vez finalizado su periodo en la dirección de dicha institución. El rompimiento del concreto, cuyas verdaderas causan no han podido ser establecidas por los jueces que han conocido del caso, ha implicado para Camargo la imposición de una pena de 5 años de cárcel y una multa de 108 mil millones de pesos en razón de los perjuicios que este daño ocasionó al Distrito.

Durante el proceso penal fue imposible probar, en las diferentes instancias, la culpabilidad de Camargo frente a las acusaciones por el delito de interés indebido en la celebración de contratos conductas como el desvío de dineros públicos o el enriquecimiento ilícito personal o de un tercero. En esta misma línea, el Tribunal de Bogotá lo absolvió, en segunda instancia, del delito de peculado culposo (ya es contradictorio, por decir lo menos, el que se impute dolo para suscribir el contrato y culpa para la posible pérdida de dinero). Las razones por las que los jueces han considerado que debe ir a la cárcel son los infortunados resultados que, por causas técnicas |–en lo que coinciden todos los estudios-, tuvieron las losas de la Autopista Norte. Más aún, se ha comprobado que las decisiones sobre materiales y demás operaciones de construcción estuvieron a cargo exclusivamente del equipo técnico del I. D. U., las cuales se tomaron con base en los diseños que previamente había realizado la reconocida empresa británica Steer Davies Gleave, para la construcción de todas las troncales de Transmilenio en la ciudad. Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto debe un director responder penalmente por las decisiones tomadas por sus subordinados en las que no participa?

El delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales se ha vuelto una trampa para los funcionarios públicos. La forma como está redactado el tipo (que ya no exige el provecho ilícito para que se configure el ilícito) y el análisis que han hecho los funcionarios judiciales resultan extremadamente peligrosas, en especial al realizar el análisis subjetivo: los jueces dedujeron el dolo de Camargo del incumplimiento de sus deberes funcionales (“coordinar, controlar y dirigir…”). Esta interpretación, además de extremadamente amplia y peligrosa, abre la puerta para que fácilmente sea establecida la responsabilidad penal de futuros funcionarios públicos derivada de problemas técnicos y sin que sea necesario el concurso con otros delitos.

Lo paradójico del caso está en que un proceso parecido se le había abierto años atrás, por las fallas en las losas de la troncal de Transmilenio de la Calle 80 pero, en aquella ocasión, la Fiscalía había reconocido que el debate era cuestión de tecnicismos y su responsabilidad penal como director de la institución encargada del desarrollo de la vía no tenía lugar pues todas las decisiones tuvieron fundamentos exclusivamente técnicos. Más aún, existían otras vías en las que se había utilizado también un idéntico sistema con idénticos materiales y en éstas no se habían presentado daños. Igual situación se presentó con la investigación por la Avenida Jiménez, recientemente precluida en primera instancia por la Fiscalía con los mismos argumentos,  

Y a continuación, ¿qué? Agotados todos los recursos tras la no admisión del recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (otra sorpresa, pues cumplía todos los requisitos legales para ello), la única alternativa que le queda por explorar a Camargo es la acción de tutela ante la misma Corte Suprema de Justicia para que la admita, ya sea resuelta por ella misma  o, posteriormente, por la Corte Constitucional tras ser seleccionada (lo cual es probable dada la novedad de la situación, el interés que ha suscitado y la importancia de sentar un correcto precedente).


Resulta llamativo (y no en un buen sentido) que, en un país que necesita cada vez una mayor participación en lo público por parte de quienes tenemos la suerte de asistir a las mejores universidades del país, se presente un caso como el de Camargo, en el que una persona honesta y de destacada trayectoria en el sector privado decide servir al país y termina injustamente castigado por ello. Y esto lo pagaremos todos los colombianos, retomando una frase que nos dejó Enrique Peñalosa en su columna de opinión para El Tiempo del 16 de julio de este año. ¿Cuál es la motivación que tenemos nosotros para dedicar nuestras vidas al servicio público, si sabemos que, gracias al precedente sentado, una falta disciplinaria puede traer consecuencias penales? Camargo, quien nunca se robó un peso y cuya transparencia lo llevó a entregarse a las autoridades el 8 de septiembre de este año, nos ha enseñado una forma de enfrentar la justicia basada en “el que nada debe, nada teme” y cuyo resultado, irónicamente, es mostrar que la autoridad, pese a estar equivocada, sigue siendo la autoridad y debe ser respetada. Y si bien Camargo se está actualmente privado de la libertad, encuentra su tranquilidad en saber que puede mirar a los ojos a su esposa, a sus hijos, a sus familiares y amigos y, en general, a la sociedad colombiana con la conciencia tranquila y sabiendo que, desde afuera, todos estamos con él.  

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Choque de trenes en torno al proceso de paz y la participación política

A favor del proceso de paz

Entrevista a Juan Manuel Galán

Por: Esteban Gálvez y Santiago Osorio.

Ganar la guerra es mucho más fácil que ganar la paz, y ahora nos corresponde pensar en cómo ganar la paz.”


Foro Javeriano: ¿Está de acuerdo con que el proceso de paz es el mecanismo adecuado para llegar a la solución del conflicto armado que tenemos en Colombia?

Juan Manuel Galán: Yo creo que es una parte fundamental, tiene un carácter simbólico muy importante porque es el grupo guerrillero tal vez más antiguo de América y del mundo, en donde alcanzar una negociación política con un acuerdo de terminación del conflicto armado interno es un paso importante que va a generar un clima de confianza dentro y fuera del país. Por supuesto ganar la guerra es mucho más fácil que ganar la paz, y ahora nos corresponde pensar en cómo ganar la paz, ya que llevamos 50 años pensando cómo ganar la guerra. Lo anterior se da mediante una integración entre el Estado, la Nación y el territorio; generando una red terciaria vial que permita integrar a zonas que están aisladas y que permita generar unas políticas de desarrollo rural adecuadas para los campesinos. Pero en general, creo que la importancia de esta negociación y este acuerdo con las FARC es más que todo de tipo simbólico. El escenario estratégico militar está hoy en día muy a favor del Estado Colombiano y muy en desventaja para las FARC, en el Caguán estábamos exactamente al revés.

FJ: ¿Qué implicaciones cree usted que tendría si son las FARC y el equipo negociador quienes acuerden y aprueben un nuevo marco jurídico?

JMG: Aquí lo que se negocie y se acuerde con las FARC tendrá que ir a ser refrendado en dos instancias fundamentales para darle legitimidad democrática y política a esos acuerdos, a saber, el Congreso de la Republica y el Constituyente primario que, a través de un referendo, decidirá si aprueba o si desaprueba lo que se haya acordado.

FJ: ¿Y una Asamblea Nacional Constituyente no es una opción?

JMG: Yo creo que estamos muy temprano para poder vislumbrar una Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que la constitución de 1991 fue una constitución moderna, garantista, muy de derechos, y tendría que haber una justificación clara para hacer un nuevo esfuerzo, de esa magnitud, de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente; no veo por ahora la justificación. El problema no está ahí, el problema está en cumplir con las constitución del 91 y aplicarla, por lo que no debe pensarse en hacer otra.

FJ: ¿Específicamente en el tema de participación política de las FARC, qué ganaría el país y qué perdería con dicha participación? ¿Estaría usted dispuesto a sentarse en el Congreso al lado de una cabecilla de las FARC como Iván Márquez?

JMG: Colombia dentro del marco de una justicia transicional para poder acordar un proceso de paz, tiene que saber cuánto sacrificio de justicia se requiere para alcanzar una paz duradera, y si esa cuota de sacrificio de justicia esta justificada para las ganancias que va a tener el país con una paz sostenible y duradera. Ahora, lo que en ningún momento se puede sacrificar ni negociar es la verdad, y si las FARC tienen que poner sobre la mesa la verdad sobre sus acciones, darle a sus víctima el reconocimiento que merecen, demostrar una voluntad de reparar y poner sobre la mesa una cantidad de fondos que han adquirido durante muchos años, los cuales al parecer están guardados en los países del ALBA y que puedan servir para construir esa paz y reparar esas víctimas. Ahora, en la participación política hay que ver de acuerdo con los acuerdos que Colombia ha suscrito y ratificado con la Corte Penal Internacional, con el DIH y los DDHH, qué cabe dentro de esa justicia transicional y qué no cabe, para saber en qué condiciones miembros de las FARC podrían participar en política y en qué condiciones no lo podrían hacer.

Colombia tiene que moverse en el marco de ese bloque de constitucionalidad, del marco jurídico para la paz y de las eventuales leyes estatutarias que vengan al congreso en los próximos meses para reglamentar ese marco jurídico, sin incumplir esos acuerdos, moviéndose hasta donde se pueda dentro del marco de una justicia transicional. Obviamente crímenes atroces y crímenes de lesa humanidad serían muy difíciles de indultar o exonerar; en todo caso, se debe mirar cómo se trata a la otra parte del conflicto, que son los miembros de la fuerza publica, para que no vaya a pasar lo mismo que ocurrió en el pasado con el M19, que recibió una justicia transicional o prácticamente un indulto, mientras que las fuerzas militares se quedaron sin esa protección.

FJ: ¿Cuál cree usted que es el costo de la paz?


JMG: El costo de la paz es el aporte de todos los colombianos, no solamente en términos financieros, sino en términos de esfuerzo, compromiso, sacrificio y confianza de que se puede dar la paz en Colombia. No es un proceso de la noche a la mañana que se de con la firma de un papel y un acuerdo, pues éste es tan sólo el punto de inicio de la construcción de la paz. Necesitamos marcar ese punto de partida de construcción de la paz que es la firma de unos acuerdos con los grupos guerrilleros actuales que son las FARC y el ELN, y de ahí en adelante empezar a construir una transición, un post conflicto. Toca hacer una reforma al poder electoral para tener unas elecciones competitivas y justas, que le permitan a todas las fuerzas políticas, incluyendo a las de izquierda, entrar a la arena política para que puedan competir con ideas y no con balas.



En contra del proceso de paz

Entrevista a Juan Lozano
Por: Daniel Londoño De Vivero y Esteban Gálvez


FORO JAVERIANO: ¿Está de acuerdo con que el actual proceso de paz es la solución al conflicto armado que se ha llevado a cabo en nuestro país?
J.L.:El conflicto en algún punto debe requerir un diálogo para poderse resolver. No es con “plomo eterno” como se solucionan las cosas. Surgen pues dos preguntas: 1. ¿Era este el momento para un proceso de paz? Quizás las condiciones no estaban dadas. Las FARC han insistido en su actividad terrorista, pero si el presidente Santos inició el proceso, es necesario buscar que se aceleren esas condiciones para ver si se logra firmar la paz. 2. ¿Estaban las condiciones adecuadas para una negociación? Lo que afirmó el equipo negociador cuando estaba en Oslo parecía correcto; lo que hemos visto en la Habana es distinto. Las FARC han irrespetado al gobierno, han desconocido las normas, y han ido en contravía del protocolo que habían definido, siguen matando gente,  reclutando niños,  secuestrando y en el negocio del narcotráfico. De manera que lo que hay que hacer es exigir una paz absolutamente justa y sostenible.

F.J.: ¿Qué implicaciones tendría si son las FARC y el equipo negociador quienes acuerden y aprueben un nuevo Marco Jurídico?
J.L.: El gobierno no puede aceptar de ninguna manera que las FARC les impongan a los colombianos unas condiciones de impunidad que no impliquen la dejación definitiva de las armas y que permitan que la organización cese todo tipo de agresiones contra los colombianos. Por eso lo correcto es, que el Marco Jurídico lo defina el Congreso de la República. Ese no es un tema que pueda discutirse en la Habana. Por otra parte, los acuerdos a los que eventualmente se lleguen, dice el gobierno, serán sometidos a consideración por los colombianos mediante un mecanismo refrendatorio, el cual está por verse. Temas como las curules para las FARC no las pueden acordar en la Habana y someterlas a dicho mecanismo. Yo veo confundido al gobierno en eso: una cosa dice el Ministro Carrillo, otra cosa dice De La Calle y otra cosa dice Juan Manuel Santos. Si quieren cambiar la composición del Congreso es necesario tramitar una ley ordinaria o hacer una reforma constitucional para tal efecto.

F.J.: ¿Cuál mecanismo de participación ciudadana es el adecuado para la refrendación del proceso de paz?
J.L.: Yo personalmente creo que Colombia necesita una Asamblea Constituyente que reconfigure el poder político en nuestro país y esa constituyente no se debe pensar en función de responderle las angustias a Juan Manuel Santos, ni en función de arreglarle los problemas a las FARC, ni para habilitar eventualmente una nueva elección del expresidente Álvaro Uribe. La Constituyente es para poner en orden un sistema político que fracasó. Colombia tiene hoy una pérdida absoluta de legitimidad en sus instituciones políticas. Hay que reorganizar ese sistema político.

 F.J.: ¿Qué ganaría y qué perdería el país con dicha participación? ¿Se sentaría usted al lado de un miembro de las FARC en el Senado?
J.L.: Ya en Colombia los que están en la Habana han estado en el Congreso. Iván Márquez ya fue congresista. El problema no es sentarse o no sentarse con él, lo que no se puede aceptar es que vuelvan a combinar las formas de lucha como lo hicieron en el pasado, que es tener un brazo político, un brazo narcotraficante y un brazo terrorista, eso es inaceptable. Además debemos recordar que son responsables de crímenes de lesa humanidad. Colombia simplemente no puede llevar al congreso sin procesar, sin juzgar, sin condenar a un responsable de un crimen de lesa humanidad.

F.J.: ¿Cuál sería la reacción de  la comunidad internacional si miembros de las FARC llegan al Senado?
J.L.: Para mí, en la normatividad internacional es sumamente claro que los Estados hoy no tienen la potestad de garantizar la impunidad a ninguno de sus connacionales que haya incurrido en crímenes de Estado. En cuanto a la reglamentación nacional ocurre lo mismo: no se puede entender como un delito conexo al delito político ningún crimen de lesa humanidad. Siendo así las cosas, no es posible que tengan elegibilidad los responsables de crímenes de lesa humanidad.

F.J.: ¿Cuál cree usted que es el costo de la paz?
J.L: El costo de un mal proceso de paz es más violencia, los grupos terroristas se vuelven a fortalecer, toman aire. El costo de una mala negociación y de un mal acuerdo deriva en más violencia. Una paz que no sea sostenible ni justa, ni éticamente aceptable por los colombianos estalla al poco tiempo y vuelve a generar nuevos caminos de violencia. Todo proceso de paz debe verse reflejado con hechos, no con declaraciones. Hoy no hay condiciones y lo que vemos es un perseverar terrorista. Ojalá el proceso pueda revertirse sin que le haga más daño a los colombianos. Y, si hay una voluntad real de las FARC entonces que se exprese en dejar todos los caminos terroristas, lo cual es el mayor deseo de Colombia.



  

La paz: negociaciones y ejecución…¿Es posible?


Por: Luz Juanita Valencia

“Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad , verdad,  justicia y solidaridad”.-Juan Pablo II-


Es difícil decir abiertamente que se está en contra del proceso de paz. ¿Es acaso un contrasentido anhelar, como cualquier otro colombiano, la paz en el país y oponerse a los diálogos que apuntan a alcanzarla? Lo cierto es que no lo es, y, aún más, son muchos los colombianos que dicen apoyar el proceso de paz, pero que en realidad se encuentran en mi  posición. Encuestas hechas por Ipsos-Napoléon Franco revelan que el 77% de los colombianos apoyan los diálogos con las FARC, y entre éstos el 72% se opone a que participen en política, el 78% a que no paguen con cárcel y el 80% a que liberen a los guerrilleros encarcelados en el exterior; todos éstos, puntos cardinales sobre los que reposa el proceso de paz, que en la actualidad se están tratando o que eventualmente se tendrán que tocar para poder cerrar las negociaciones. Posiciones y opiniones del todo naturales, donde el instinto de conservación, que no resulta ser del todo instintivo, sino por el contrario, es en gran parte producto de todo un análisis racional y económico entre los costos y beneficios, nos hace reacios a hacer un salto al vacío al renunciar y sacrificar tantos intereses y derechos adquiridos sin la certeza de un resultado exitoso. Y es acá, que la tan aclamada memoria histórica, como variable imprescindible para concebir un adecuado desarrollo en un país, puede hacernos una mala jugada; pues experiencias como la persecución política y masacres contra la Unión Patriótica y las zonas de distensión acordadas en el mandato del Ex Presidente Pastrana, cuyo único resultado tangible fue el fortalecimiento de las FARC, nos hacen titulares de la convicción de que no se puede conciliar sobre lo irreconciliable. De manera que este escepticismo que nos abruma no es sino fruto de una serie de  fracasos que no queremos volver a padecer, y es,  por tanto, el que  nos compele a sentar una posición crítica y cuestionarnos la viabilidad de esta paz negociada a futuro.

En primer lugar, resulta repudiable el cinismo y la falta de compromiso con el que las FARC  han asumido el proceso de paz, pues mientras que tan sólo unos pocos guerrilleros se encuentran en la Habana negociando en representación de este grupo armado, los demás siguen delinquiendo, traficando, secuestrando, asesinando y masacrando,  como ocurrió con los catorce militares en Arauca. Esto no sólo demuestra una falta de voluntad política por concebir la paz, sino que siembra en los colombianos la incertidumbre sobre qué pasará con los compromisos adquiridos una vez ésta se firme, si ni siquiera en el proceso de elaboración y construcción le dieron una oportunidad. Es decir, ¿cómo comprometerse con lo desconocido?

En segundo lugar, si bien nadie niega la legitimidad teórica que reviste al Presidente Santos y a las Cabecillas de las FARC para entablar estas negociaciones, debe cuestionarse su capacidad práctica para no sólo representar los intereses de todos en los diálogos, sino también para comprometer a la totalidad de los colombianos en su fase ejecutoria. Por un lado, resulta difícil pensar cómo el Estado puede hacer frente a los compromisos que adquiera y hacerlos extensivos a todos los guerrilleros que se desmovilicen sin desbordar su  capacidad material y operativa, si aun en el orden actual de las cosas el Estado carece de los medios para asegurar las mínimas garantías a sus ciudadanos. E incluso logrando este cometido, cómo exigirle a una persona que ha vivido toda su vida en la selva, que no ha mostrado el más mínimo respeto por los derechos y la vida humana, que se reincorpore a la vida civil con todas las exigencias que esto acarrea, donde hay normas y jerarquías que respetar en todos los ámbitos de la vida en sociedad, esto es, desde el deber de  respeto  a las autoridades estatales, hasta la observancia de reglas de conducta y órdenes en las relaciones laborales. Por otro lado, es necesario cobrar conciencia sobre la importancia de aprender  a vivir en paz, lo cual no es exigible sólo respecto a los guerrilleros, sino a todos los colombianos, pues para nadie es un secreto que han sido muchas las generaciones las que han tenido que vivir en carne propia los avatares de la guerra y que todos estamos contaminados por ésta, con prejuicios e intolerancias que si bien no son infundadas, no pueden coexistir con la paz so pena de obstaculizarla y hacerla obsoleta. Dicho de otro modo, los colombianos debemos ser conscientes que este proceso de paz le abre las puertas a los desmovilizados a la ciudad, y que nuestra negativa a recibirlos y permitirles una oportunidad real de reincorporación, puede ser determinante para que este proceso de paz se transfigure en un simple incremento de la delincuencia común.

Finalmente, se encuentran las posibles violaciones que puede sufrir el texto constitucional como consecuencia de la negociaciones; daño colateral que se puede materializar principalmente en tres asuntos estrechamente relacionados, a saber, la prohibición contenida en el artículo 179 por el cual se veda la posibilidad de ser congresista a quien haya sido condenado a una pena privativa de la libertad (con excepción a los delitos políticos o culposos), la obligación del artículo 250 que exige a la Fiscalía iniciar la acción penal siempre que se esté ante un hecho que revista las características de un delito, salvo cuando sean procedentes las causales taxativas para aplicar el principio de oportunidad, y lo establecido por el Estatuto de Roma (ratificado por Colombia en el 2002) que, en lo relativo al genocidio, a los crímenes de lesa humanidad y de guerra, y junto con el preámbulo (donde se niega de manera expresa la posibilidad de dejar estos delitos en la impunidad), hace parte del Bloque de Constitucionalidad según lo ha sostenido la Corte Constitucional. Será interesante ver cuáles son las estrategias que tiene el Gobierno para satisfacer los intereses de las FARC de que se les reconozca el derecho a la participación política y hacerle el quite a años en prisión, dos asuntos de no poca monta en la agenda de este grupo armado, e impedir que la Constitución se convierta en una “hoja de papel” donde se vulnere abiertamente el principio de legalidad sobre el que se cimenta. Sobre todo, porque parte de la reparación de las víctimas radica en la tranquilidad de que los autores de los delitos serán retribuidos por su actuar, de manera que espero que no se recurran a artimañas jurídicas que permitan una “sanción” sin pena, porque sin pena no hay justicia (no en el derecho penal en general, sino puntualmente respecto al tipo de delitos atribuibles a este grupo armado) y, como dijo Carnelutti, sin justicia no hay paz. El precio de la paz no puede ser poner en jaque el Estado social de derecho del que tanto se regocijan en Colombia.


Sin perjuicio de mi escepticismo respecto a la viabilidad del proceso de paz en el contexto que atraviesa el país, espero estar equivocada, pues mi error sería la victoria y tranquilidad de 47 millones de colombianos.  

La Individualidad del Abogado Javeriano



Por: Luz Juanita Valencia

En la edición pasada, se escribió un artículo donde de manera valiente un estudiante aprovechó el espacio que ofrece Foro Javeriano para sentar una opinión. “En defensa del Formalismo” generó polémica al interior de la facultad, y tal vez en el fondo ese haya sido su éxito. En esta oportunidad quisiera cerrar el debate o, si se prefiere, continuarlo, desde mi opinión personal de lo que es ser un Abogado Javeriano.

Sin perjuicio del respeto que se merecen quienes tienen la convicción de que el apego y la observancia estricta a las formalidades constituyen uno de los rasgos salientes y característicos no sólo de los estudiantes sino también del profesorado javeriano, quisiera rescatar algunas expresiones, que considero, se pueden prestar para equívocos y malinterpretaciones como los son “pedigree javeriano” y  que la universidad es una tijera que nos impone un “patrón de conducta y porte”, ya que se trata de expresiones que si bien entiendo de dónde provienen, en definitiva, no comparto.

Cierto es, que la Universidad es una escuela de pensamiento a través de la cual se busca instruir a los estudiantes en conocimientos superiores y especializados según las preferencias y habilidades individuales.  De manera que la Universidad Javeriana, y en particular la Facultad de Derecho, nos hace a todos iguales bajo la perspectiva de que compartimos el gusto por esta ciencia humanística y creemos en su importancia social, pero de ninguna manera es posible advertir que nuestro ingreso a la universidad implique insertarnos en un proceso de homogenización que desconozca la individualidad y la complejidad del “ser” y “existir” de cada estudiante y miembro de la facultad; pues antes que todo, somos individuos con gustos e intereses de todo tipo, y la bondad de la universidad consiste en la posibilidad de explorar nuevas facetas conforme nos vamos formando como abogados. El abogado javeriano por tanto debe contar con la tranquilidad de poder expresar de manera libre los frutos de esas vivencias y experiencias personales que se pueden manifestar desde la forma en la que entiende e interpreta el derecho, hasta la manera como se presenta a clase. Y es que rayaría en la ironía que en una facultad de derecho no se promueva ni respete el tan discutido, y en ocasiones abusado, derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por supuesto que hay formalismos que por condiciones de tiempo, modo y lugar deben respetarse, pero una universidad, cuyo fin es la creación y transmisión de conocimiento, no debe aferrarse a éstos en el día a día, pues el conocimiento es tan diverso, como diversas son las formas de compartirlo. De manera que tampoco considero que nos sea dable como estudiantes exigir que los profesores se vistan de corbata para poder dictar una clase decente, propia de una universidad como la nuestra, en vista de que la presentación no está en la ropa sino en la presencia del orador. No importa, entonces, si el profesor llega vestido con una camisa  contramarcada con sus iniciales o en jeans y converse, lo que realmente nos debe importar como estudiantes es su presencia escénica en la clase, la forma como se dirige al curso  y el dominio que tiene sobre el contenido de su materia.  

Así las cosas, el Abogado Javeriano es por tanto un individuo interdisciplinario imposible de reducir a un perfil, sin perjuicio de que pueda reconocerse por su amor hacia el derecho, e incluso sentirse identificado por pequeñeces que parecen ser irrelevantes pero que marcan nuestro paso por la universidad, y que nadie, ajeno a esta institución, podría comprender, como lo son, por ejemplo, el esfuerzo de los profesores por aprenderse los nombres de sus estudiantes a pesar de tener a más de 50 estudiantes inscritos en su materia, el compromiso que éstos asumen por formar no sólo buenos abogados sino excelentes seres humanos o, para citar al Ingeniero Cuartas, para hacer de nosotros, “no los mejores del mundo sino los mejores para el mundo”,  la regla de que la primera clase no se dicta y la última no se recibe, la cual defendemos a capa y espada a pesar de la renuencia de algunos profesores por honrar esta tradición, la imposibilidad de dar un uso útil a los huecos en la facultad, la importancia del ENANOCAPADO en derecho civil-personas y la convicción de que sin Henry la facultad no sería la misma; todo esto, repito, detalles que no se aprenden de las formas sino de la experiencia.  


“Es hora de reflexionar sobre la formación técnica que están recibiendo los abogados”




Los recientes eventos en materia de bienes baldíos han llevado a cuestionar, en primer lugar, la legislación actual, y en segundo lugar, el papel que deben jugar los abogados a la hora de analizar e interpretar la ley.

Por: Sebastián Solarte Caicedo


FORO JAVERIANO: ¿Cuál es el objetivo de la adjudicación de bienes baldíos a particulares?
DANIEL VÁSQUEZ: La Ley 160 de 1994, que regula la materia actualmente, establece en el artículo primero sus objetivos, y consagra que la ley está inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. Este precepto es transversal al todo el texto y se puede evidenciar en otros aspectos. Por ejemplo, se consagran una serie de requisitos para solicitar la adjudicación de tierras a lo largo de la ley, dentro de los cuales se destacan el no poder ser propietario o poseedor a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional, el estar explotando económicamente las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación se solicita, el haber ocupado durante los últimos cinco años la tierra y el no tener un patrimonio neto superior a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Todos estos requisitos son una muestra de que el legislador tenía la intención de promover el acceso a la propiedad de la tierra en la población campesina. Dicho objetivo se evidencia también en la noción de Unidad Agrícola Familiar (U.A.F.), concepto económico alusivo a las porciones de tierra que son trabajadas por el campesino y que son el objeto mismo de la adjudicación. Sin embargo, se han presentado casos en los que estos predios recaen en manos de otros particulares a partir de negocios con los originales adjudicatarios, muchos de los cuales incluso terminan siendo controlados por una sola persona pese seguir jurídicamente individualizados y en cabeza de personas distintas.

F. J.: ¿Existe alguna limitación en la Ley 160 para las enajenaciones de las tierras adjudicadas?
D. V.: Si bien la norma buscaba proteger y ayudar a la población campesina del país, no se le pusieron grandes limitaciones a lo que podía hacer con posterioridad a la adjudicación, y en esto radica el principal vacío de la ley. El único artículo que hace referencia a las limitaciones en la enajenación es el 72, que establece que “ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación”, es decir, por encima de la extensión de una Unidad Agrícola Familiar (medida que es definida municipal o regionalmente). Escribir es un arte, y más cuando se trata de leyes; en la redacción deben quedar claros cuáles son los objetivos que persigue el legislador. La redacción de esta ley parecería indicar que una persona puede comprar diferentes terrenos de distintos adjudicatarios y al final ser propietario de todos ellos, siempre y cuando ninguno supere en extensión el de una Unidad Agrícola Familiar. El mismo artículo establece que “serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar”. Con esto, el legislador buscaba evitar que una sociedad o comunidad logre consolidar un control sobre un terreno que excediera la Unidad Agrícola Familiar. Sin embargo, de la lectura de la norma no se desprende que los terrenos adjudicados no puedan ser comercializados; al contrario, la norma establece y sanciona unos casos en los que los actos sobre dichas propiedades están prohibidos, dejando abierta la puerta para que la población campesina negocie sus terrenos.

F. J: ¿No resulta esta interpretación contraria al objetivo mismo de la ley?
D. V.: Pese a que el legislador buscaba entregarle tierras a los campesinos para combatir la inequitativa concentración de la tierra o su fraccionamiento antieconómico, la ley quedó mal redactada. Si se quería que la propiedad de la tierra quedara en cabeza de la población rural, se debió haber incluido una prohibición a la enajenación en el texto. La Ley 1152 de 2007, que reformaba el régimen pero que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en 2009, contenía una sanción de no poder solicitar la adjudicación de un baldío durante los siguientes 15 años para quienes enajenaran el terreno que les había sido adjudicado. La misma Ley 160, al establecer el régimen de transición para las adjudicaciones que se habían presentado con anterioridad a la expedición de la ley, prohibía a los adjudicatarios transferir la propiedad del predio, su posesión o su tenencia durante los 15 años siguientes a la adjudicación, salvo a campesinos de bajo recursos o minifundistas con permiso del INCORA, en aquel momento. Ninguna limitación similar fue establecida para las adjudicaciones realizadas a partir de la Ley 160, y es por esto que el constituir sociedades por acciones simplificadas para adquirir individualmente los terrenos no viola ningún precepto legal. A pesar de que, según los informes periodísticos, pareciera haber una sociedad extranjera detrás de esas S.A.S. consolidando su control sobre una porción de tierra que supera la Unidad Agrícola Familiar, los predios individualmente considerados están en cabeza de las distintas S.A.S., y por esto, la estrategia jurídica en sí misma no es reprochable. Sin embargo, el propósito de la ley era otro. La interpretación que se hace de un artículo no puede ser aislada, deben tenerse en cuenta los objetivos de la ley para un correcto acercamiento a lo que se está estipulando, y es claro que la Ley 160 buscaba promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, por lo que surgen dudas sobre el hecho de que una sociedad ejerza un control efectivo sobre un terreno mayor al permitido.

F. J: ¿No podría mirarse el mencionado artículo 72 desde otra perspectiva, en el entendido de que una persona no puede tener en su patrimonio una cantidad de terrenos que, sumados, superen la extensión permitida?
D. V.: Reiterando el hecho de que la redacción de la norma no es muy clara, se podría leer el artículo 72 de diversas maneras. Podría entenderse que una persona no puede reunir en su patrimonio terrenos cuya extensión sumada supere la extensión de la Unidad Agrícola Familiar. También se podría interpretar que la ley no quería que una persona, natural o jurídica, consolidara un poder efectivo sobre extensiones de terreno que superen la extensión de la Unidad Agrícola Familiar, independiente de quién sea el titular de cada uno de los predios. Una tercera lectura podría llevar a que una persona pueda tener tantos terrenos como quiera, siempre y cuando la extensión de cada uno de ellos no exceda la extensión de la Unidad Agrícola Familiar. Para mí, como abogado, se debería llenar el vacío legal a partir de los ya analizados objetivos de la ley, y por lo tanto, no cabe interpretar la ley como lo han hecho algunos abogados. Era evidente que esta ambigüedad iba a generar, tarde o temprano, cuestionamientos sobre los actos realizados sobre las tierras adjudicadas. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se manifestó sobre este aspecto, interpretando que se debe declarar la nulidad de los negocios que lleven a que una persona consolide en su patrimonio una extensión de tierras superior al máximo permitido.

F. J: A propósito del proyecto de ley que pretende presentar el Gobierno, ¿qué considera usted que debería contener un proyecto de ley que busque solucionar los problemas de la Ley 160?
D. V.: Estamos en el momento ideal para examinar la figura de la adjudicación de bienes baldíos. Sin embargo, el proyecto de ley que se está presentando pareciera estar enfocado a solucionar el problema de quienes ya invirtieron y no en generar una reforma efectiva. Éstas son zonas de explotación compleja, y por lo tanto, se requieren grandes capitales para su óptimo aprovechamiento. Por esta razón, yo estaría de acuerdo con un modelo en el que se les permita a sociedades con capital explotar la tierra a cambio, por ejemplo, de que utilicen mano de obra de la zona, pues se ha visto que modelos como éste pueden ser beneficiosos y traer desarrollo a las regiones rurales. Un modelo per se no es malo; lo importante es que quede bien hecho, y es allí donde se requieren iniciativas cuya motivación sea solucionar el problema de raíz y no rescatar a quienes ya están involucrados.

F. J: En su opinión, ¿cuál debería ser la función de los abogados cuando se les presenten complejidades a la hora de ejercer?
D. V.: En un primer momento, la función del abogado se debe ver al crear la ley, de manera que las normas reflejen con total detalle y con una redacción adecuada lo que realmente se busca, y para ello, es necesario que se prevean la mayor cantidad de escenarios posibles. La habilidad a la hora de redactar y la claridad mental son características que los abogados están perdiendo hoy en día por la falta de lectura, de análisis y de profundización. Es necesario saber leer una norma de manera integral y entender qué era lo que se buscaba con su expedición, la finalidad que se tenía en ese momento. En muchos casos, no es que los abogados estén actuando de mala fe, sino que su falta de técnica jurídica los lleva a cometer este tipo de errores; yo no limitaría la discusión a la ética de los abogados, sino que la llevaría también al plano de su formación. Los abogados estamos llamados a hacer análisis serios y reflexivos para no quedarnos en lo simple o en lo fácil, pues tenemos una responsabilidad especial, y por ello, es hora de reflexionar sobre la formación técnica que se está recibiendo.


Un abogado al mejor estilo del Rock n’ Roll




Además de haber introducido las SAS a nuestro país, Francisco Reyes Villamizar es un baterista a ultranza, cuyas pasiones son el Rock n’ Roll, el arte y las humanidades. Dedica su tiempo a escribir para la Academia, además de cantar y tocar su batería. Su orgullo más grande: Felipe, su hijo de seis años. Esta es la historia de Francisco Reyes, la persona detrás del gran abogado y catedrático.

“Be on time. If you cannot be on time, be early.”

Por: Ana María Herrera, Daniel Londoño y Luz Juanita Valencia

Nacido en Bogotá en 1963, Francisco Reyes desde muy niño descubrió su gusto y talento por la música. Estudió en el Gimnasio Moderno, donde perteneció en primer lugar a la Banda de Guerra, para luego empezar a reunirse con amigos para conformar bandas de rock. Nos contó lo problemático que era para esa época conseguir una batería, puesto que en ese entonces Colombia era un país bastante atrasado, donde lo que se conseguía en materia de instrumentos eran tiples y bandolas. Resalta la gran influencia que ejerció su colegio en materia musical, aunque sus años en el colegio no hayan sido tan memorables como otras etapas de su vida; lo que no debe extrañarlos en vista de que sus más grandes logros estaban aún por venir.  
Su pasión más grande es el Rock n’ Roll, género musical del cual ha podido ser parte gracias a su talento tocando la batería, el piano y cantando (talento del que tuvimos privilegio de ser testigos). Ha estado en varias bandas con las cuales ha podido tocar en grandes conciertos. Cuenta que la mayoría de bandas a las que ha pertenecido han tenido el nombre de sociedades, pero asegura que a ninguna de ellas ha sido él quien le haya puesto el nombre y que, por el contrario, éstos han sido pura coincidencia. Estuvo, por ejemplo, en Compañía Ilimitada, que fue una de las primeras bandas de Rock en Colombia; tiempo después pudo estar en Sociedad Anónima, creada por un disidente de Compañía Ilimitada. Se siente orgulloso de su vocación, la que nació a partir del gusto que profesaba su familia hacia la música. Hoy en día cuenta con un estudio de grabación en su casa que le permite dedicar tiempo a una de las cosas que más disfruta: producir y grabar canciones.

Bajo la influencia de su padre, Hernando Reyes Duarte, quien era abogado de profesión, pero que dedicó su vida a la diplomacia, a la escritura, al periodismo y a la política, Francisco decidió estudiar Derecho en la Javeriana. Cuenta que vivía en una atmósfera llena de libros, en primer lugar por su padre y en segundo lugar por su hermana Yolanda, quien actualmente es una famosa escritora de literatura infantil. Es así como en su vida familiar se le rendía culto a la literatura, a las palabras, a los libros, y fue de esta manera como su atención se fue centrando en el Derecho, donde por supuesto se participa y se aprende de este mundo literario. Jamás ha considerado que ejercer el derecho y ser músico a la vez sean actividades incompatibles, al contrario, afirma enfáticamente la conexión directa entre su trabajo académico y su faceta artística, ya que ambas requieren de una característica esencial y especial: la creatividad.

Tras un año de haber iniciado sus estudios en Derecho, se le presentó la oportunidad de viajar a Lisboa a estudiar. Aquí, decidió cambiar esta disciplina por una clase de lengua y cultura portuguesa, en la que tuvo un gran contacto con las artes plásticas, la arquitectura, la literatura, la historia de Portugal y, por supuesto, el portugués, idioma que ha tratado de mantener presente todos estos años. Incluso, su último libro publicado es en portugués “Direito Societário Americano- Estudo Comparativo”, en el que se encarga de hacer un estudio comparado entre el sistema societario norteamericano y el sistema societario brasilero. Fue durante sus estudios en la Universidad de Lisboa donde vivió la experiencia académica más importante de su vida, pues fue allá donde pudo tener contacto con el mundo intelectual y con el mundo europeo, sobre todo por encontrarse en un país que acababa de salir de una dictadura y estaba entrando a un régimen democrático; experiencia que le permitió comprender el valor de la interdisciplinariedad como presupuesto para actuar y desenvolverse en un sinnúmero de ámbitos.

Después de su experiencia en Lisboa, regresó a Bogotá y se graduó como Abogado Javeriano. Tiempo después, llegó a la Superintendencia de Sociedades, trabajo que admite haber aceptado sin ninguna motivación y, en parte, contra su voluntad, ya que para ese entonces estaba dedicado al periodismo, a la escritura y a su música. Nunca le había parecido interesante el tema de derecho societario ni el derecho comercial, esto a pesar de que su profesor de sociedades había sido el Dr. Luis Carlos Neira, a quien quiere y respeta profundamente, pues creía que su futuro se enmarcaría en la misma línea de su padre. Sin embargo, aún estaban por ocurrir una serie de eventos en su vida que determinarían  y forjarían su camino hacia el reconocido abogado que es hoy en día.

Lo anterior, nos lo cuenta como una anécdota, la cual  recuerda como irresponsable pero muy afortunada, cuando en 1992, tras ser merecedor de un beca, decidió irse a Estados Unidos a realizar una maestría en Administración Pública en la Universidad de Miami, maestría en la cual su permanencia fue de tan sólo un día, pues le bastó asistir a una clase para tomar la determinación de mover cielo y tierra para lograr su transferencia a la Facultad de Derecho. A pesar de los obstáculos y problemas, siendo subestimado por ser colombiano, dicha facultad aceptó recibirlo y logró sacar adelante su maestría en leyes. Fue durante este tiempo que se dedicó de fondo, admite que de una manera obsesiva, al estudio de los temas de Sociedades y Derecho Comparado; preparación que más adelante le permitiría ocupar el cargo de Superintendente de Sociedades.

Lo que no sabía era que su paso por la Universidad de Miami le abriría un gran camino gracias al director del programa de derecho: Keith Rossen[1], quien en 2002 decidió enviarle un FAX, el cual, en definitiva, cambió su vida. Lo que el comunicado buscaba era que el Dr. Reyes se fuera a la Universidad de Louissiana como profesor de tiempo completo, pues el Dr. Rossen lo consideraba como uno de los académicos más destacados de Latinoamérica, y que por sus extensas facultades y conocimientos era digno de asumir la responsabilidad de dictar cátedras en Los Estados Unidos. Ante este ofrecimiento y las dificultades que implicaba aceptarlo, decidió negociar las condiciones, de manera que le permitieran aceptar el puesto como profesor visitante de la Universidad de Louissiana y no como profesor de tiempo completo. Fue de esta manera como el mundo de la academia se abrió ante sus ojos, teniendo la posibilidad más delante y hasta el día de hoy, de ser profesor invitado en universidades de Holanda, Suiza, Angola, Argentina, México, Brasil y, por supuesto, Estado Unidos.  

Tratándose de Francisco Reyes, es imposible entablar una conversación con él sin que surja el interés por conocer de primera mano la historia detrás de las Sociedades por Acciones Simplificadas, más conocidas por su sigla SAS. La introducción de éstas, cuenta Reyes, se dio por “culpa” de Tito Livio Caldas, fundador de Legis, quien le pidió que redactara una ley que introdujera un tipo societario nuevo que se ajustara a las exigencias de las compañías cerradas y las sociedades de familia; petición a la que en un principio el Dr. Reyes no accedió. Después de una larga insistencia, Caldas logró convencer a Reyes de embarcarse en este nuevo proyecto, por lo que de inmediato solicitó la bibliografía necesaria y empezó a escribir con su puño y letra el articulado de la ley. Confiesa que el nombre de  “Sociedades por Acciones Simplificadas” viene de Francia, pero que la estructura de dicha sociedad es Angloamericana. Este proyecto de ley se presentó en el Congreso de la República, siendo exitosamente aprobado. Sin embargo, producto de un descuido, quedó en la Gaceta del Congreso el nombre de Francisco Reyes Villamizar como redactor del proyecto, quien, sin darse por enterado, al parecer había obtenido la calidad de congresista durante el trámite de la ley; descuido que deja como legado, la mente brillante detrás de las SAS. 

Su experiencia significativa más reciente fue en la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). Aquí, con ayuda de un amigo norteamericano cercano al Departamento de Estado, y después de algunas desilusiones, específicamente en la Asamblea General de la OEA, logró que la figura colombiana de las SAS llegara a la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se sometiera a votación la integración de un comité para configurar una ley internacional de Sociedades por Acciones Simplificadas mundial. Este logro, no sólo tiene un gran significado personal, sino también, considera, es el éxito más importante para Colombia en  materia de Derecho Comercial Internacional.

Hoy, además de ejercer como abogado, se dedica a hacer grandes contribuciones a la literatura y doctrina jurídica con nuevos libros y con la actualización de otros, así como a preparar y dictar clases. Tiene una biblioteca donde, entre esculturas, guarda grandes folders con infinita cantidad de recuerdos: desde el FAX que le abrió las puertas a ser un académico de talla internacional, hasta recortes de periódicos; folders, que relatan la vida de este reconocido abogado rockanrolero y la gran persona que es Francisco Reyes Villamizar.

A Francisco Reyes nuestro más sincero respeto y admiración.









[1] Profesor de derecho graduado de la Universidad de Yale en 1963.

“Drones”, Guerra y Legitimidad


Los ataques no autorizados en suelo extranjero  y la implementación de última tecnología en la guerra son los nuevos retos que afronta el Derecho Internacional Humanitario.

Por: Pablo A. Corredor B.
En colaboración con: Dra. Tatiana Londoño

El 11 de Septiembre de 2001 marcó un antes y un después en concepciones universales que se creían inmodificables. Uno de esos cambios y el que más importa en este caso, es la flexibilidad que se le empezó a dar al concepto de soberanía, a tal punto que se le abrió un margen de permisibilidad a las intervenciones de un Estado en territorio de otro, sin ser necesario un permiso del Estado receptor.

Se han venido realizando distintos ataques en el mundo, algunos justificados, pero ninguno ha sido analizado, estudiado y mucho menos juzgado por los instrumentos internacionales competentes para ello. A contrario sensu, se ha venido dando paso a teorías que legitiman estos ataques.

Con alguna incursión de doctrinantes, y ante la omisión de distintos cuerpos internacionales, se fue forjando la teoría del “Extraterritorial Law Enforcement”. Esta teoría plantea la legitimidad de los ataques en territorio extranjero como respuesta a hechos violentos que un grupo armado ha realizado en contra del Estado que aduce su defensa, en donde el Estado del grupo armado puede desconocer o simplemente ignorar el acaecimiento de éstos. Con esta teoría se han venido permitiendo distintos ataques que países como Estados Unidos y Turquía han realizado en diversas zonas del mundo.

Es importante recordar que la doctrina es una fuente subsidiaria del Derecho Internacional, pero que las prácticas que fomentan los países pueden llegar a plantearse como obligatorias. Es decir que estos ataques en territorios extranjeros pueden llegar a ser del todo legítimos y válidos como respuestas a ataques de grupos armados, sin tener en cuenta la soberanía del Estado en el que se incursiona el contra ataque.

Ahora bien, cuando los ataques por pare de los grupos armados se han dado sin el consentimiento de su Estado, el Estado contra quien se dirige el ataque y que decide defenderse, sólo puede dirigir su ataque a generar bajas dentro del grupo insurgente. Y es aquí donde se han venido utilizando las naves no tripuladas, llamadas “drones”: aviones con capacidad de cargar y utilizar armamento, caracterizadas por su certeza a la hora de abrir fuego y su destreza para no ser detectadas. El uso de estos aeroplanos no ha escapado a las críticas, y es que éstas se pueden agrupar en dos categorías. La primera de ellas consiste en resaltar y afirmar que quienes manipulan estos aviones no son miembros de las fuerzas armadas de un país. Es decir, mantienen, en teoría, su calidad de civiles, lo cual se discute, ya que el DIH es muy claro en diferenciar quiénes son civiles y quiénes son miembros de un grupo armado parte del conflicto, y el hecho de manipular, dirigir y, en palabras concretas, ser los encargados de apretar el gatillo en el momento acordado, pone en duda ese papel de civiles.

La segunda categoría se caracteriza por desmentir el grado elevado de certeza que manejan estas naves a la hora de atacar el enemigo. Se ha dicho que éstas generan un daño enorme en la sociedad civil, dando de baja incontables vidas y generando un temor en la sociedad ante la presencia de aviones en el cielo, pues se aduce que en cualquier momento se puede presentar un nuevo ataque.

Con respecto a este último punto, es importante afirmar que en el Derecho Internacional se maneja el término de daño colateral, el cual consiste en entender como necesaria la muerte de algunos civiles, siempre y cuando se presenten también bajas en los grupos armados. Entonces, las cifras que se presentan sobre los daños causados por estas aeronaves y en general cualquier arma, deben ser analizadas con cierto detenimiento y se debe determinar si la muerte de población civil tiene justificación, de acuerdo con lo estipulado en el DIH.