miércoles, 18 de noviembre de 2015

Opinión: Necesidad del voto obligatorio

Para asegurar una correcta elección de nuestros gobernantes


Ante el grave abstencionismo en las pasadas elecciones de alcaldes y gobernadores, se debe asumir la participación de los ciudadanos en política como obligatoria, de cara a las grandes encrucijadas que el futuro depara.

Por: Juan Diego Corredor Gómez          
Décimo semestre

En las pasadas elecciones regionales, del 25 de octubre, en donde los colombianos escogimos los nuevos mandatarios locales que nos van a gobernar los próximos cuatro años, fuimos testigos de una situación que se está volviendo costumbre en Colombia cada vez que acudimos a las urnas, la cual es, la gran abstención de los colombianos de ir a votar. Para esta ocasión, en el caso de Bogotá, se esperaba una mayor cantidad de votantes que acudieran a elegir el próximo alcalde, como consecuencia de la grave crisis que viene sufriendo la ciudad, pero, la cantidad de personas que fueron a votar, no sobrepasó el 52%, (de las 5.453.086 personas habilitadas para votar, solo acudieron 2.811.209 de personas) lo cual puede demostrar la poca importancia que genera en los bogotanos, la elección de los gobernantes.

Creo que ya llego la hora de que las autoridades nacionales, tomen cartas en el asunto, y decidan volver obligatorio el voto, con el fin de que las personas, acudan a votar, y a su vez, participen en política de manera más activa, con el fin de conocer mejor a los candidatos y las propuestas. Con el voto obligatorio, habría mayores retos para los candidatos y para los partidos políticos, ya que, tendrían que convencer y convocar a un mayor número de personas, con el fin de poder superar los umbrales que se establecen en cada elección, y así, poder quedar elegidos. Con el voto obligatorio, se le podría dar una mayor legitimidad a las instituciones y a los candidatos elegidos, ya que, los gobernantes serían elegidos por la mayoría de la población y no por una minoría, situación que se está presentando en la actualidad, ya que, en el caso de Bogotá, tanto Enrique Peñalosa como Gustavo Petro, quedaron elegidos con el 33% de los votantes, lo cual quiere decir que solo el 17% de los  bogotanos fueron los que escogieron alcalde, ya que solo acudieron el 52% de las personas a las urnas.


En conclusión, los colombianos nos vamos a encontrar el próximo año en un momento en que debemos decidir si estamos de acuerdo con el proceso de paz y con la legalidad de los acuerdos de este mismo proceso. Estas decisiones que tomemos nos van a definir el futuro del país y de los colombianos, con lo cual, creo que sería la ocasión oportuna para establecer el voto obligatorio y así, poder generar una costumbre y una regla de conducta para el futuro. Esta ocasión tan importante, podrá definir la importancia y la utilidad de establecer en Colombia el voto útil, y con ello, la participación de la totalidad de la población colombiana en la política.

Opinión: Píldora para la memoria

Homenaje al maestro Alfonso Reyes Echandía[1]



Por: César S. Ramírez Salazar
Ex alumno de la Pontificia Universidad Javeriana

El 6 de noviembre de 1985 se escuchó por última vez la voz de uno de los grandes penalistas colombianos del siglo XX, el maestro Alfonso Reyes Echandía. Sus últimas palabras, que aún retumban en los cimientos de la justicia colombiana, fueron: “¡Que cese el fuego!”.

Me he propuesto rescatar, en este breve espacio, la vida y obra del maestro Reyes Echandía.  Junto al maestro Bernardo Gaitán Mahecha, fue de los primeros en realizar un estudio sistemático y ordenado de la apasionante ciencia del derecho penal en nuestro país.

En las décadas de los cincuentas y sesentas el estudio del derecho penal en Colombia se abordaba de una manera desordenada, poco técnica y sin ningún método propio, algo que desde luego generó problemas de fondo para la aplicación de esta rama del derecho.  

Los aportes del maestro Reyes Echandía al derecho penal son numerosos. Escribió al menos 15 obras sobre la materia, entre los cuales se pueden encontrar el manual de la teoría del delito, la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y la punibilidad. Estas obras deben ser consultadas por todo estudiante que inicie sus primeros pasos en la dogmática penal. También se debe rescatar su pretensión por crear una verdadera escuela de derecho penal, que sin duda alguna facilitaría el estudio de dicha rama.

Su vida estuvo marcada por la violencia. Desde muy joven, en su pueblo natal Chaparral, sufrió de primera mano las consecuencias de la violencia bipartidista. Tuvo que abandonar su tierra y migrar a ciudades como Honda, Bogotá, San Gil (en donde terminó sus estudios secundarios), con una sola finalidad: estudiar derecho. Decidió regresar a Bogotá para cursar los cinco años de la carrera en la Universidad Externado de Colombia. Sus notas siempre fueron de las más altas. Posteriormente se fue dos años a Roma para adelantar estudios de especialización en la Universidad de Roma en el área del derecho que mas le apasionada: el derecho penal

En 1979, el Maestro Reyes acepta el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia con la finalidad  de poner al servicio del país y de la justicia los conocimientos profundos que había formado en su etapa como académico. Nadie se imaginaba que este sería el último cargo que ocuparía.

Reyes Echandía fungió como Magistrado de la Sala de Casación Penal durante una de las épocas más oscuras de nuestra historia. La violencia de los grupos insurgentes, combinada con el poder oscuro del narcotráfico, sirvió de gasolina para la comisión de crímenes y atentados contra la población civil y, en particular, contra los jueces que se atrevieron a enfrentarles. El Maestro Reyes asumió, como Presidente de la Corte, el papel de defender a todos los jueces ante la pasividad del Estado,  y su incapacidad para garantizarles su seguridad. Por esto, señaló que: “…en un Estado de Derecho, todo el poder de las armas debía estar al servicio del más humilde de los jueces, pues, solo de esa forma, la fuerza de la razón se podría oponer con ventaja a la razón de la fuerza”[2].

El día de la toma del Palacio de Justicia, nadie escuchó su clamor por una salida negociada; para que se detuvieran los fusiles del ejército y  los de la insurgencia; para que se respetara la vida de las personas que aún se encontraban en su interior.

No olvidemos sus aportes al derecho penal, pero tampoco olvidemos su sacrificio por la justicia.  

“Colombianos. Las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad”. Francisco de Paula Santander.




[1] Imagen tomada de: gustavoforeroquintero.com
[2] Ámbito Jurídico. Reyes Echandía: la fuerza de la razón. Tomado de: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-131105-01alfonso_reyes_echandia_la_fuerza_de_la_razon/noti-131105-01alfonso_reyes_echandia_la_fuerza_de_la_razon.asp?print=1

Opinión: Trasfondo colectivo

La memoria como un escenario de representación colectiva

Por: José Daniel Sánchez Quiñones.
Estudiante de Ciencia Política y Derecho

Fabiola Lalinde, con su pelo color plata, ha vivido historias llenas de contradicciones. Parece macondiano que una semana tras discutir con su hijo lo que sentirían las madres de la Plaza de Mayo en Argentina por la desaparición de sus hijos, los señores de la guerra en Colombia hayan borrado el rastro de su hijo Luis Fernando Lalinde. Las guerras no las ganan las armas, sino las estrategias”, decía el padre de Fabiola. Tales enseñanzas condujeron a dolorosos triunfos como la declaración del caso de Luis como el primer desaparecido en Colombia reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aun así, parece incluso más macondiano pensar que Colombia carga sobre su espalda seis millones de historias similares que calan cada vez más sobre los rencores que impiden la reconciliación nacional.

Las labores del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) contribuyen con lo que parece una deuda impagable con la humanidad. Entender una indemnización, en sentido amplio, como la vuelta al estado anterior de los hechos, resulta una tarea imposible tratándose de víctimas del conflicto donde, como Fabiola Lalinde, se rompió definitivamente el tejido familiar y social. Sin embargo, llama la atención cómo las manifestaciones culturales y simbólicas de memoria son herramientas de sensibilización de la sociedad y reparación de las victimas en la lucha contra la impunidad.

En una nota personal, considero que el trasfondo colectivo de los esfuerzos en reparación recae en el tránsito de la historia oficial a la memoria histórica. Quiero plantear la idea de que la resignificación de nuestros relatos históricos, que otorgan sentido a nuestra identidad, se legitiman si los afectados del conflicto adquieren una representación expresa. Sotero Ortiz, miembro de la fundación Afrobi afirmaba: “yo mejoro mi presente para aquellos que vivirán el futuro”. La construcción de nuestra historia como nación debe divulgar reflexivamente -en miras a un futuro- los relatos de personas que han padecido en carne propia el conflicto armado.

En razón con la obligación de reparación, el avance a un posconflicto incluyente sin duda alguna debe recoger los testimonios individuales de víctimas de la guerra. La maraña de subjetividades que esta catarsis conlleva, acompleja el objetivo de socialización y sensibilización de la nación. Ya bien lo dijo Gandhi cuando afirmó que no existe ruta específica para la paz: la paz es el camino, y estos caminos, si bien cargan los lastres de la guerra, deben resignificar el ejercicio de la memoria como situación social colectiva. Empero, los esfuerzos en performance culturales como la poesía, el canto, el teatro y demás expresiones que son, por experiencia, el gancho entre memoria individual y memoria colectiva, movilizan los procesos de sanación siempre grupales en el enfoque de transformación y acción social hacia nuevos espacios de reconciliación.

Colombia demanda desde sus dolencias el reconocimiento de la memoria histórica como patrimonio nacional. Reconocer las víctimas como sujetos pactantes, más que pactados, recae en las tensiones narrativas entre la recopilación de los hechos fácticos y la divulgación de principios de convivencia. La escritura de una nueva historia no se hace solo en los libros, se hace mediante la memoria como acto político reflexivo de los sucesos que motivan necesarias transformaciones de fondo en la manera que nos relacionamos.

Así muestra la experiencia latinoamericana que la utilización de espacios públicos es el medio por excelencia de fomentar eso que llamamos memoria colectiva, o aquel trabajo-que no termina- de lucha y reivindicación de una identidad orientada a la reconstrucción del tejido social. Reconocer la memoria como patrimonio nacional, es pensar que los relatos victimizantes no son pronunciados en soledad: son intervenciones públicas, y como tal, desprivatizar la memoria contribuye a un escenario de representación colectiva que nos permita dar un paso adelante hacia la paz.


Opinión: ¿Un latigazo por violar un niño? ¿Es justo?

Consideraciones sobre la justicia de tribunales indígenas
  
La jurisdicción especial de los pueblos indígenas, ha propiciado que quienes vulneren derechos de los niños obtengan penas inferiores a las que la ley ordena, y la corte lo respalda. ¿Es esto admisible en el orden constitucional?

Por Diana Camila Gaitán Hemelberg
Cuarto semestre

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos;
nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”
Paul Auster.

Cada día el número de violaciones a los niños indígenas va aumentando, muchos pensarían que son abusos que la mayoría comete contra estos grupos; sorprendentemente no es así, son los mismos indígenas los que agreden a sus niños, y al parecer la Corte Constitucional dejó de protegerlos.

Los indígenas han sido sujetos de una especial protección por parte del Estado; Éste les respeta su autonomía, cultura, e incluso les permite manejar su propia legislación. En principio todas estas garantías que se les conceden materializan el espíritu constitucional. Sin embargo, en varios casos el respeto a la autonomía indígena ha traído como consecuencia la violación de otros mandatos constitucionales, especialmente el que nos dice que los derechos de los niños están por encima de todos los demás.

En los últimos años muchos casos de violaciones infantiles llegaron a manos del Consejo Superior de la Judicatura. Son casos tan atroces como violaciones por parte de los padrastros,  y otras que terminan en embarazo y en transmisiones de ETS. En este tipo de casos, el Consejo decidió proteger el derecho de los niños por encima del derecho que tienen los indígenas de juzgar a los suyos en virtud de su jurisdicción, por esto determinó que los violadores debían ser juzgados por la justicia ordinaria. Hasta este punto todo marchaba bien; el problema surge cuando los violadores interponen acciones de tutela pidiendo que se les permita ser juzgados en “tribunales indígenas”. Cuando los expedientes de tutela llegaron a la Corte Constitucional para ser revisados, en la mayoría de los casos, la decisión del Consejo Superior fue reemplazada por una nueva de la Corte, la cual decidió amparar la autonomía indígena.

Es tarea de la Corte Constitucional proteger los principios que cobija la Constitución del 91., precisamente por esto es que la protección a los niños debe ser un pilar en las decisiones de este órgano. No puede haber derecho que merezca mayor protección que este, sencillamente porque así está consagrado en nuestra Carta Política. Como mencionamos anteriormente, la decisión de la Corte violó este principio Constitucional. Es muy difícil entender por qué un violador de niños no puede ser juzgado por la justicia ordinaria y recibir al menos 3 años de cárcel, pero sí se hace merecedor de ser juzgado por su comunidad. Cabe resaltar que en algunas comunidades la violación es totalmente legal, y en otras el castigo puede ser un latigazo. Es curioso ver que la Corte, que es guardiana de la Constitución, mande a unos Colombianos a que sean juzgados con leyes que consagran penas totalmente inconstitucionales, y que legalizan conductas que en nuestro ordenamiento son punibles y merecedoras de pena privativa de la libertad.


Como mencionamos al principio, Colombia es un país con pluralidad de naciones, y aunque sea legítimo otorgar libertades y autonomía a ciertas etnias, nunca hay que perder de vista que todos poseemos la misma nacionalidad, y que por esto tenemos el derecho y la obligación de regirnos bajo las mismas normas. Si los indígenas quieren protección estatal entonces también deben ceder un poco y adaptarse al menos a los principios generales del Estado, como lo es el respeto a la dignidad humana.  Por otro lado, la Corte no puede dejar proteger bienes jurídicos intocables, para proteger a sujetos que para el derecho son criminales. Además, este tipo de decisiones violan el derecho a la igualdad que tenemos el resto de los colombianos, es decir, si un miembro de un movimiento cualquiera decide matar a alguien porque así lo dice su cultura entonces ¿no merece que sobre él recaiga el peso de la ley? Es claro que sí.  Por lo tanto, si a los demás colombianos nos aplica la ley penal vigente, entonces a los indígenas, que también son colombianos, se les debe juzgar en las mismas condiciones y con las mismas garantías.