Minería: más allá de la impopularidad

Una mirada a la controversia desde la otra orilla 

Minería: más allá de la impopularidad 

Ante el resurgimiento del debate sobre la actividad minera y sus daños colaterales, en esta ocasión FORO JAVERIANO ofrece una perspectiva diferente a la resistencia frente a estos proyectos.  

Autor: Juan Martín Garcés 

Mucho se ha celebrado el veredicto de la consulta popular realizada en Cajamarca sobre actividades mineras en el municipio, en la mina de oro La Colosa, que resultó en una apabullante victoria del No. La reacción de la prensa y de los ciudadanos colombianos, que ya anticipaban la decisión, pero se vieron gratamente sorprendidos por la cifra, demuestra la idea generalizada que ronda en la población de temor y oposición ante la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos en el territorio nacional. Alimentada por la creencia de que las únicas consecuencias que traen son enormes daños ambientales –posición arbitraria y parcial–, como contaminación del recurso hídrico, deforestación, destrucción de hábitats naturales y otros. Esto además del posible arribo de actores armados al margen de la ley con afán de lucro, como ha sucedido en otros municipios. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha emitido fallos que contribuyen a que se fortalezca esa percepción colectiva –en perjuicio de las empresas que llevan a cabo dichas actividades– lo que al final también afecta de manera negativa al país.  

En el caso específico de Cajamarca, la principal afectada fue la compañía minera AngloGold Ashanti, una multinacional de origen sudafricano con importante participación en el mercado mundial de la minería. La empresa lleva aproximadamente 10 años realizando únicamente acciones de exploración en el territorio señalado para determinar el alcance y el impacto del proyecto, del cual surgirá (o surgiría, dependiendo de las decisiones posteriores de las autoridades) un documento con base en el cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) decidirá si otorgar o no la licencia correspondiente a AngloGold, decisión que está prevista para 2020. La minera esperaba comenzar ese mismo año la extracción de oro, que se acumula en la mina La Colosa en una reserva que se estima entre 27 y 33 millones de onzas; siendo considerado como uno de los proyectos mineros más importantes del mundo en los últimos 10 años, si no el más grande.  

En este punto surgen destacados argumentos de orden económico a favor de la continuación y evolución de la actividad. En primer lugar, el proyecto está tasado en alrededor de USD $25.000 millones, de los cuales se prevén ingresos para el Estado por USD $313 millones por año ($900.000 millones de pesos, más o menos) durante la ejecución del proyecto, por concepto de regalías y otros tributos. En segundo lugar, la expectativa laboral sería de 1.500 empleos directos en la fase de producción, sumados a los empleos indirectos y los fluctuantes en las etapas de construcción en la mina.  

Ahora bien, el pronunciamiento de los habitantes de Cajamarca fue contundente (97% a favor del No), y un resultado así no puede ser tomado a la ligera. Pero también es necesario plantearse el debate en términos jurídicos, y no sólo enfocarse en el discurso politiquero de la voluntad del pueblo. AngloGold utilizó una decisión reciente del Consejo de Estado como argumento principal contra la consulta, que estableció que las decisiones de los mecanismos de participación no pueden tener efectos retroactivos, por lo que la actividad desarrollada por la compañía en La Colosa, amparada por títulos mineros sobre vastas extensiones de tierra, no se ve afectada.  

En esta controversia, sin conclusión aún y con una larga disputa por delante, se discute si se vulneran derechos adquiridos por la multinacional o si, por el contrario, esos títulos mineros no configuran derechos adquiridos. Por otro lado, el sector compuesto mayoritariamente por ambientalistas se defendió con la obligatoriedad de las consultas populares, estatuida en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, añadido a los posibles efectos nefastos para el ambiente y la gente. Y ahí va la discusión. Ahora, ambos sectores están esperando la determinación del Concejo Municipal de Cajamarca. 

El Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, elevó la tensión al sostener que “una decisión local no puede desconocer la ley”, defendiendo la potestad del poder central de ser el responsable de las determinaciones que versan sobre recursos del subsuelo. Esta declaración prendió las alarmas en Cajamarca y entre los sectores liberales de la sociedad, que abogan por el derecho de las entidades territoriales, pues se teme la deslegitimación del resultado del mecanismo. Pero, visto de otra manera, el desorden del Congreso en cuanto a la regulación meticulosa de este delicado asunto, a pesar de las múltiples exhortaciones de la Corte Constitucional, no puede ser óbice para el desenvolvimiento empresarial privado, ni siquiera con los ya célebres límites que le impone la función social y ecológica de la propiedad privada.    

Pero más allá del tema, a nivel local también surgen dudas acerca de la minería en todo el país. La consulta popular, después de tantos vaivenes en el proceso previo a su realización, generó incertidumbre en todo el sector minero. La minería aporta cerca del 2,5% del PIB, y ha representado para el país, en los últimos años, billones de pesos en regalías y otros pagos al Estado. Pero lo acontecido en Cajamarca ahora puede cambiar el panorama. Una de las preocupaciones principales de las compañías que realizan esta actividad es la seguridad jurídica que pueda ofrecer el Estado ante este tipo situaciones. Por un lado, aunque existen normas que regulan lo referente a las consultas populares, además de los múltiples fallos de la Corte Constitucional que han protegido intereses de entidades territoriales, no hay absoluta claridad y certeza sobre si es éste un requisito para la realización de proyectos mineros, como se planteó arriba.  

Por otro lado, como se advirtió en el caso de AngloGold, determinaciones de esta naturaleza pueden llegar a vulnerar derechos adquiridos de sociedades multinacionales que vienen a invertir al país, lo que puede terminar en demandas cuantiosas ante tribunales internacionales, amenazando las finanzas del Estado con millonarias indemnizaciones y desestimulando la  intención de otras firmas de llegar al país.  

Un antecedente inmediato es la demanda que Eco Oro Minerals instauró ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra Colombia, en virtud del Tratado de Libre Comercio celebrado con Canadá, a raíz de un fallo de la Corte Constitucional del año pasado (C-035/2016). Esto según ellos, vulnera sus expectativas económicas e implica la revocatoria de varios títulos mineros que le habían sido otorgados. Añadido a todo lo anterior, se destaca el contexto en el que se produce esta coyuntura: la desaceleración de la economía, que ha afectado especialmente al sector de explotación de recursos naturales no renovables. Presenta un futuro muy poco alentador para la industria minera que tenía previsto un ligero fortalecimiento en los años siguientes. Como última consideración está la minería ilegal, que se fortalece ante la indeterminación del Estado y la poca coordinación de sus instituciones, afectando de forma crítica, ésta sí, el ambiente sano, junto con la conocida financiación de grupos criminales.  

La conclusión del debate, independientemente del desenlace de la disputa jurídica, no puede ser el simple rechazo de la minería por el ya ajado discurso del interés público. Es cierto que la necesidad de cuidar el medio ambiente y propender por un desarrollo sostenible no es sólo un mandato constitucional, sino una realidad ya arraigada en la ciudadanía; ya que cada vez se hace más evidente la importancia de la naturaleza y el peligro que corre ante la desmesurada explotación de sus recursos. Pero la propaganda de concientización ambiental no puede sesgar por completo la opinión pública; no se puede desconocer la importancia de la actividad minera para el crecimiento del país, especialmente en un escenario de posconflicto en el que se necesitan tantos recursos, como también se requiere el progreso de las regiones. De este modo, lo ideal sería fortalecer el control institucional sobre la extracción de minerales e hidrocarburos para que disminuyan los efectos nocivos sobre la naturaleza, resultando en una minería responsable y eficiente. Pero de ninguna manera se puede pensar en la prohibición total de estas actividades. Eso sería tan sólo nadar contra la corriente.