Especial: Colombia dijo NO. ¿Y ahora qué?

 Colombia dijo NO. ¿Y ahora qué?

El pasado domingo 2 de octubre, en una votación muy apretada, los colombianos votaron por el NO en el Plebiscito por la Paz. La incertidumbre ha reinado en las semanas posteriores a la votación, a tal punto que nadie sabe en Colombia a ciencia cierta qué es lo que viene para el proceso de paz con las FARC.

Fue tan sorprendente el resultado, que quedó expuesto ante la opinión pública la inexistencia de un plan para conducir las riendas de la negociación a feliz término en el caso en que no ganara el SI. Parecía incluso que ni los promotores del NO habían contemplado la posibilidad de lo que inexplicable ocurriera.

En un tono más conciliador que el de campaña, diversos promotores del NO sentaron sus propuestas ante el Presidente Santos; quien no tuvo más remedio que convocar a un gran diálogo nacional con el fin de encontrar la legitimidad que perdió tras el descalabro del 2 de octubre.

FORO JAVERIANO se introduce en aquellas propuestas planteadas por los promotores y representantes del NO con el fin de reformar cada uno de los seis (6) puntos acordados en La Habana. ¿Qué tan viables son? Análisis de FORO JAVERIANO.

Punto 1: Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral

Autor: Juan José Díaz

Si bien el acuerdo de tierras no era propiamente el centro de la polémica de los acuerdos, si hubo un sector de la oposición que cuestionó duramente lo que ahí se contenía. Fue mucho lo que se dijo y se señaló sobre el tema de tierras, algunas apreciaciones fundadas y que justificaban objeciones, otras un tanto apresuradas o incluso imprecisas. FORO JAVERIANO les cuenta las principales:

Dentro de los principios generales del acuerdo de tierra, en el segundo de estos se habla de igualdad y enfoque de género. Este principio en particular llama la atención por su nombre, que, si bien pudo ser interpretado de otras formas, el texto es claro en que se trata de vincular a la mujer, en condiciones de equidad en la propiedad de la tierra y los proyectos de explotación. En ningún momento el texto original de los acuerdos aduce a que, en la propiedad de las tierras, desarrollo o fomento, tendrá especial trato la comunidad LGBTI, ni que se iba a enseñar la ideología de género en el campo, como algunos llegaron a denunciar.

Del mismo modo, cuando se menciona la creación de un Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, el texto es claro en señalar en que se implementarán todos los mecanismos judiciales para extinguir el dominio de todas las tierras apropiadas ilegalmente.

En el debate, existía un miedo constante por parte de los grandes poseedores de tierras y empresarios del país, de que se les fuera arbitrariamente a desconocer su propiedad sobre la tierra. Personalidades como José Félix Lafaurie, presidente de FEDEGAN, sostuvieron esta tesis ante la opinión pública.

No obstante lo anterior, el texto es claro en señalar que solamente se extinguirá el dominio de quienes hayan concentrado la tierra de forma ilegal, independientemente si se trata de actores armados ilegales o particulares. Solo se desconocerá la propiedad de quienes mediante la fuerza o la intimidación hubiesen arrebatado a los campesinos de sus tierras, esto con el fin de garantizar un efectivo acceso a la tierra.

La restitución de tierras para víctimas despojadas por el conflicto interno, ha sido desde ya hace tiempo foco de gran polémica. Parece aún increíble que haya quienes se opongan a que quienes fueron expulsados de sus hogares por la guerra, regresen para volver a cultivar y desarrollar la tierra. Pero son notables los comentarios que se hacen, aún desde la promulgación de la ley 1448 de 2011, la ley de víctimas y restitución de tierras.

Pareciera que hubiese un temor generalizado en devolver las tierras a las víctimas, elemento no solo necesario sino además vital para el postconflicto.

El conflicto armado ha sido cardinalmente un conflicto de tierras, y resulta indispensable que sea la prioridad al momento de superar tantos años de guerra. Esperamos que se puedan rescatar elementos importantes de la reforma integral de tierras del acuerdo, en caso de eventualmente un nuevo pacto.

Punto 2: Participación Política. Apertura Democrática para Construir la Paz

Autor: Santiago Osorio Salazar

El punto dos del acuerdo de paz con las FARC-EP, a diferencia de otros acuerdos, no se centra en concesiones al grupo guerrillero, o en delimitar la situación del mismo en tiempos de paz. Por el contrario, es un acuerdo que propende –como lo señala su nombre- por la apertura democrática en abstracto en nuestro país. Así, busca promover el surgimiento de nuevos movimientos políticos, facilitar el ejercicio de la oposición, asegurar la integridad y seguridad de los opositores, y especialmente de los miembros del movimiento que surja como consecuencia de la desmovilización de las FARC, fortalecer la participación y veeduría ciudadana, desarrollar los valores democráticos y de respeto en nuestra democracia, entre muchos otros objetivos que deben ser un fin en nuestra democracia, independientemente del acuerdo de paz. 

En ese sentido, resulta difícil que los promotores del NO realicen críticas extensivas sobre este punto. Incluso, uno de los apartes de esta sección desarrolla con alguna extensión la propuesta del Centro Democrático de ofrecer protección a los miembros de las FARC. 

Ahora bien, hay dos aspectos en particular que podrían ser objeto de crítica y de una eventual renegociación, modificación o al menos de una precisión por iniciativa de los opositores del acuerdo: 

1. En primer lugar, hay un aparte de este acuerdo que ha sido objeto de constante polémica. En el punto 2.3.6. se habla de la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en zonas especialmente afectadas por el conflicto para la elección de un total de dieciséis (16) representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por dos períodos electorales. Dichas Circunscripciones cuentan con la particularidad de que los candidatos o candidatas deberán ser personas “que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazados de ellos y estén en proceso de retorno”. Otra particularidad consiste en que los partidos que cuenten con representación en el Congreso no podrán inscribir candidatos, sino que deberán hacerlo ciudadanos, organizaciones y sectores sociales de la Circunscripción. Aunque a primera vista pareciera que estas curules serán totalmente ajenas a las de las FARC, sectores opositores al Acuerdo han dicho que este punto deja las puertas abiertas para que sean simpatizantes del grupo guerrillero los que ocupen dichas curules. En ese sentido, es posible que éste sea uno de los puntos a revisar. 

2. En segundo lugar, como un comentario más general, los promotores del NO han sido muy críticos del desmesurado aumento del gasto público que se generaría como consecuencia de la implementación del Acuerdo. Incluso, el Centro Democrático opinó que los compromisos con las FARC “deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país”[1]. En ese sentido, existen varias disposiciones de este punto que podrían generar alguna incomodidad por la creación burocrática y el costo que acarrearían. Entre ellos, puede destacarse la creación de un Nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, así como un Sistema de Alertas Tempranas y una comisión de seguimiento y evaluación de desempeño del sistema (2.1.2), la conformación de un Tribunal Nacional de Garantías Electorales y Tribunales Especiales Seccionales (2.3.3.1), la creación de una misión electoral especial (234), y la habilitación de un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos con personería jurídica (2.3.8). 

---

[1] Eltiempo.com, La propuesta de Uribe sobre justicia para las Farc, consultado en: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/propuestas-del-centro-democratico-ante-el-acuerdo-final/16722414

Punto 3: Fin del conflicto

Autor: Alejandro Moreno

El punto tres del Acuerdo Final para la terminación del conflicto trata específicamente los pasos a seguir tras la firma, y es en ese sentido un complemento de los demás acuerdos, pero en especial, del de participación política. 

El punto de fin del conflicto se vio directamente afectado tras los resultados del plebiscito del 2 de octubre, pues su implementación se tenía programada a partir del día siguiente, en el que los guerrilleros de las Farc se dispondrían a movilizarse hacia las Zonas Veredales Transitorias, lugares que el punto designa como núcleos de la desmovilización y ejes de la dejación de armas y la verificación internacional.

Este acuerdo deja de lado una discusión semántica sobre el significado de la dejación de armas, que en realidad significa la entrega de estas a las Naciones Unidas y que luego serán usadas para el diseño de tres monumentos en Nueva York, Cuba y Colombia. Además de establecer en detalle el protocolo de dejación de armas y del cese al fuego bilateral y definitivo—puesto en marcha desde el 29 de agosto y ahora condicionado hasta el 31 de diciembre—, el acuerdo de fin del conflicto establece los mecanismos de seguridad para los miembros de la FARC en su reincorporación a la legalidad, con el claro fin de prevenir una repetición del aciago episodio del genocidio de la Unión Patriótica. En cuanto a este último punto, parece no haber un desacuerdo con los sectores que apoyaron el NO, que desde las primeras horas siguientes al escrutinio del plebiscito, propugnaron por la protección de la vida de los guerrilleros.

Para los propósitos generales, el punto consagra toda suerte de figuras: una Unidad de Investigación dependiente de la Fiscalía para la verificación del cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz; un Mecanismo de Verificación de la dejación de armas y el cese de hostilidades; un Consejo Nacional para la Reincorporación, y  un Sistema de Seguridad para los miembros de las FARC. Todos estos serán financiados por el Gobierno, pero llama la atención un centro de pensamiento y formación política, que tendrá cargo al Presupuesto General de la Nación y que estará constituido por quienes promuevan el partido que surja tras la reincorporación de los miembros de las FARC. Todas estas figuras, y en especial la última por lo particular, riñen con la austeridad reclamada por ciertos sectores promotores del NO, y podrán estar sujetas a cambios en la renegociación del Acuerdo Final.

Gran parte de este punto se refiere al combate y control de grupos paramilitares, lo que muchos opositores consideran inoportuno tratar desde el acuerdo de paz. Aunque el punto dispone que este asunto será manejado por una Unidad de Investigación de la Fiscalía, su dinámica, e incluso su existencia, es susceptible de ser renegociada.

En todo caso, el futuro de este punto dependerá también de lo poco o mucho que lleguen a modificarse los demás puntos del Acuerdo Final. Por lo pronto, los guerrilleros, los soldados, y un país entero, quedan al tanto del futuro del proceso para proceder con el protocolo que se tenía previsto.

Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Autores: Silvana Rozo y Juan David Romero 

El punto #4 del Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el grupo insurgente de las FARC trata uno de los temas mas delicados y controversiales que han aquejado al país durante el conflicto: el narcotráfico. En él, no sólo se establecen planes de sustitución de cultivos ilicitos, sino que se establece un régimen jurídico transicional aplicable a quienes hayan traficado estupefacientes de manera ilegal. 

Siendo esta una de las actividades económicas más lucrativas para la organización de las FARC durante muchos años, y uno de los crimenes que más se le reprocha al grupo insurgente, se había acordado que se le daría el trato de delito conexo al delito politico; y, al configurarse como tal, habría sido susceptible amnistía. Ante esto, diversos sectores políticos rechazaron este punto del acuerdo, con la tesis de que el narcotráfico como financiador del terrorismo, no ha sido delito político nunca; al contrario, ha sido una atrocidad continuada y que nunca ha sido indultada en cuyo caso, este no puede ser el comienzo de un precedente peligroso para Colombia como país. Con la mayoría negativa en el plebiscito realizado el 2 de octubre, los voceros del NO encabezados por Álvaro Uribe procedieron a argumentar su decisión con el argumento de que, en las circunstancias de Colombia, el narcotráfico no debe ser calificado como delito político por los Acuerdos de Paz.

El problema de lo dicho por el Centro Democrático, es que parece olvidar que no es el Acuerdo de Paz quien define al narcotráfico como delito político o no, sino que es el Congreso de la República el órgano competente para ello. Inclusive antes de esta decisión popular la misma Corte Suprema de Justicia aprobaba el contenido del plebiscito al establecer que “el narcotráfico se puede considerar como conexo al delito de rebelión, siempre y cuando, haya sido cometido para financiar las organizaciones insurgentes”. 

Por lo anterior, hay que ser realistas. Por más de que el pueblo colombiano se haya expresado en contra de los puntos acordados en los acuerdos y algunos sectores quieran ir mas allá de la tesis que plantea la Corte Penal Internacional, tribunal que ha reiterado en diversas ocasiones que el delito de narcotráfico no puede ser conexo a delitos políticos, nadie negocia por debajo de lo que ya tiene. Es poco probable que las FARC renegocien este punto, sobretodo si un cambio puede implicar extradiciones, penas carcelarias altas, entre otras cosas. Así, más allá de recibir o no castigos, lo preocupante radica en que los colombianos esperan transparencia, claridad y garantías en la recuperación de los activos que se obtuvieron a través de este delito para que exista una verdadera contribución a la reparación. En vista de que dentro del marco de una renegociación, las FARC han mostrado voluntad de declarar sus activos ilícitos, es posible que se presenten mecanismos de garantías para la recuperación de estos activos, los cuales aparentemente buscaran el resarcimiento de derechos de las victimas. Así mismo, dentro de este escenario los colombianos tendrían la seguridad de que las FARC no utilizarían esos activos en beneficio propio ni para hacer política, lo cual podría asegurar la construcción de una verdadera democracia en donde todos los futuros partidos políticos busquen y logren votos de manera equitativa, regulada y vigilada por el Estado colombiano.

Punto 5: Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, y Compromiso sobre Derechos Humanos.

Autora: Laura Cristina Farías Arcila

El  punto  cinco  del  acuerdo  de  paz  con  las  FARC-EP, es quizás uno de los temas que ha generado mayor controversia no solo por su contenido, sino también porque no hay pronósticos favorables sobre la viabilidad de reformar el acuerdo como los partidarios del NO. El acuerdo ha sido criticado especialmente en tres temas fundamentales a saber:

1.     En temas de justicia se acordó amnistía para quienes al momento de la firma hubiesen sido acusados o condenados por delitos políticos y a todos los miembros de las FARC-EP salvo que hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad, u otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma. En esos casos en que ni la amnistía ni el indulto es permitido, se requiere para recibir las sanciones reparadoras y restauradoras previstas en el SIVJRNR, contribuir con la verdad plena, la reparación y garantizar la no repetición. Dichas sanciones serían restrictivas de la residencia y movimiento y durarían entre cinco y ocho años. De no existir reconocimiento de verdad y responsabilidad, las sanciones podrían ser privativas de la libertad por un rango entre quince (15) y máximo veinte (20) años en el caso de conductas muy graves. En ningún caso se negaría la posterior participación política de los condenados por ningún delito y para tal fin se haría una reforma constitucional. Se critica la posibilidad de participar en la política a aquellos autores de crímenes atroces y la inaplicación general de cárcel. Se propone permitir reducción de penas si contribuyen con la verdad pero no estar eximidos de recibir sanciones privativas de la libertad. 

2.     Se contempló para dar una efectiva reparación a los derechos de las víctimas una serie de mecanismos alternativos como: desminado de campos, desarrollo de infraestructura rural y contribución a la investigación de desaparecidos  y muertos para facilitar la entrega de los cuerpos a las familias. Se critica por no haber exigido la entrega del dinero mal habido por parte de la organización FARC-EP para reparar a las víctimas.

3.     Al respecto de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado, se acordó que también entrarían dentro del sistema de justicia pero de forma diferenciada, considerando que estaban en cumplimiento de su papel de garantes de derechos por parte del Estado, así como la presunción de que el Estado ostenta de manera legítima el monopolio de las armas. Sobre esa base, se aplicarían penas, pues permanecerían siendo considerados como actores del conflicto. Se critica este punto por estipular que no solo no debe igualarse una parte a la otra en términos de actores del conflicto armado sino que además tampoco deberían ser juzgados por un mismo tribunal y con tal fin proponían la creación de un Tribunal Nacional pro témpore para la Fuerza Pública que considerara cada caso especifico y permitiera darles alivio judicial.

Punto 6: Implementación, verificación y refrendación

Autor: Stephanie Yepes Gutermilch

Tras cuatro años de negociaciones en La Habana, el pasado 2 de octubre Colombia le dijo “no” al Plebiscito que buscaba la aprobación ciudadana de los Acuerdos. Uno de los puntos tratados era el mecanismo de verificación de lo que se pactó. El Gobierno y los representantes de las FARC decidieron que para la implementación de los otros temas, era necesario crear el referido con un componente internacional. El objetivo de esto era comprobar que realmente se estuvieren aplicando lo que se acordó.

Es así, como se buscaban identificar las posibles falencias, aciertos y retrasos, para así realmente llegar a su correcta aplicación. Tras varios días de la decisión final del pueblo colombiano sobre el Acuerdo Final, algunos se preguntarán acerca de si la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz, integrada por representantes del Gobierno y de las FARC, se va a crear o no. Además, se preguntarán si en el caso en el que se lograra llegar a un acuerdo con la oposición, cuáles instituciones se encargarán de vigilar que realmente sí se estén cumpliendo los puntos acordados.

Lo que se intentó inicialmente, no sólo era la participación activa de los militantes de las FARC, del Gobierno y de la ciudadanía, sino también se esperaba obtener el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la referida implementación como por ejemplo, la misión política de las Naciones Unidas. Así pues, se acordó que la implementación de los acuerdos estaría sujeta a la aprobación de los colombianos en las urnas y de avalarse, la vigilancia de su cumplimiento estará garantizada por la comunidad internacional y las instituciones especialmente creadas para el efecto.

Teniendo entonces un panorama acerca de la opinión de la oposición frente a lo acordado, poco se ha dicho acerca de quién se va a encargar de inspeccionar el cumplimiento de lo que se espera que eventualmente acuerden las partes. Se han criticado aspectos de la justicia transicional, del narcotráfico, de la participación política y de la estructura agraria, pero en realidad no se ha pensado en negociar de nuevo este último punto de la agenda. Es así, como poco se sabe acerca del alcance que tendrán las nuevas negociaciones, teniendo en cuenta que las iniciales duraron cuatro años en concluir. 

En otras palabras, es evidente que no es fácil llegar a un acuerdo tras tantos años de conflicto. Sin embargo, es necesario crear una serie de mecanismos que garanticen que lo pactado no quedará en una hoja de papel.

No se puede desconocer que existe un gran sector de la población que está impaciente por ver qué se logra acordar y que esperan una paz incluyente, mediante la cual puedan perdonar el daño que se les ha ocasionado. Es decir, esperan algo que efectivamente se cumpla y que no se trate sólo de una campaña política.