Estando todavía en
construcción el proyecto de decreto sobre política pública de la comunidad
LGTBI, ya comienzan las tensiones. ¿Podrá el país más feliz del mundo, ganar la
batalla contra la intolerancia?
Por: Laura Cristina Farías A.
El 2015 fue sin duda un mejor año para
la comunidad LGTBI en Colombia en comparación con los pasados. Los fallos de la
Corte Constitucional sobre el derecho a la adopción de parejas del mismo sexo,
el debate sobre matrimonio igualitario y los avances en garantías a los
derechos de las personas transgénero parecieron abrir una pequeña ventana para
dar mayor respaldo jurídico a algunos temas que afectan de manera directa a
esta población. Veinticinco años después de haber introducido una Constitución
garantista del derecho a la igualdad, con una mirada optimista, podría
reconocerse que por fin se decidió explorar este camino.
Indudablemente, el desarrollo en esta
controversial materia de reconocimiento de derechos a personas con diversa
orientación sexual ha tomado nuevos rumbos. Un primer paso se dio con la entrada
en vigencia del Decreto 062 de 2014, por medio del cual se adoptaba en Bogotá una
política pública, promotora de la diversidad, que obligaba a fortalecer la
protección de la igualdad de derechos y ordenaba la adopción de políticas para
fomentar una cultura de respeto, cobijada con el lema “En Bogotá se puede ser”.
Un año después, en la ciudad se desarrolló el Primer Congreso Internacional
Sobre Derechos Humanos de las Personas con Orientaciones Sexuales e Identidades
de Género Diversas, para analizar las afectaciones de esta población vulnerable
y determinar medidas que permitiesen disminuir las cifras de discriminación
además de promover políticas de inclusión y de reconocimiento a la diversidad.
En el panorama nacional, sería injusto
decir que no se ha logrado nada. A pesar de que por distintos problemas legales
e institucionales, falló lo que en un principio pareció ser una victoria con el
matrimonio igualitario; hoy el tema está nuevamente en discusión y se espera un
fallo definitivo que dé reconocimiento positivo. Por otra parte, con el trabajo
de la Corte Constitucional en sentencia SU – 696 de 2015, se reconoció la
realidad de muchas familias colombianas y se implementó el nuevo formato de
registro civil, que da la opción a las parejas del mismo sexo de registrar a
sus hijos inscribiendo el nombre de los dos padres o madres. Adicionalmente, en
2014 se emitió un decreto para facilitar el trámite de cambio de sexo, que
permite sacar en la Registraduría una nueva cédula con el sexo determinado que
decida poner la persona en cuestión. Hoy
por hoy se espera la terminación del proyecto de decreto que busca adoptar una
política pública de carácter nacional sobre ejercicio de los derechos de la
comunidad LGTBI que brinde mayor cubrimiento y protección en esta área. Dentro
de su contenido se desarrollan temas como aclaración de conceptos relativos a
la identidad sexual y de género, protección y garantía de derechos, creación de
instituciones especializadas en investigación y desarrollo de contenido de
derechos. Se hace exigible la creación de disposiciones normativas que contengan
garantías a nivel nacional y obliguen a diversas instituciones a materializar
este objetivo. De manera especial se considera el tema de victimas en el
conflicto armado que se reconozcan como miembros de esta comunidad. Con su
expedición se pretende dar pleno y efectivo reconocimiento a esta comunidad
como sujetos de derechos en igualdad de condiciones con el resto de la
sociedad.
De entrar en vigencia, supondría (al
menos legalmente) que los fuertes actos de oposición, en otras ocasiones
realizados por la Procuraduría y otras instituciones, estarían prohibidos y su
contravención tendría implicaciones más graves, pues como lo manifestó el
Ministro de Justicia, Yesid Reyes, se estaría contraviniendo una fuente de
derecho de carácter indudablemente obligatorio para los funcionarios públicos y
la población colombiana en general. Previas actuaciones permiten hacer
suposiciones tan adelantadas sobre el futuro turbulento que le espera a este decreto,
como lo son las antiguas peticiones de anulación de decretos que promueven la
integración o desconocer las uniones matrimoniales válidas. Es un acto de
absoluta contradicción con la misión de la Procuraduría que ostenta la
obligación de dar cumplimiento a las decisiones judiciales y a los actos
administrativos, además de ser la encargada de proteger los derechos humanos y
defender el interés público. La crisis institucional hace pensar entonces si el
problema es falta de claridad en la obligación o individualización del criterio
público.
Foto
tomada de: http://i.huffpost.com/gen/1603384/images/o-LGTBI-facebook.jpg
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