El magistrado en su laberinto

¿Estarán contados los días de Pretelt?

El magistrado en su laberinto

Autor: Juan Manuel Suárez M. - Director FORO JAVERIANO

Con los escándalos que se han presentado en las últimas semanas se ha reavivado el debate de si deben o no renunciar los altos funcionarios del Estado sobre quienes recaigan investigaciones.

El 2016 inició turbulento y lleno de escándalos en el ámbito de la política nacional. Enero se cobró un Defensor del Pueblo investigado por un acoso sexual y laboral por diferentes denuncias publicadas por la prensa nacional. Febrero se llevó consigo a un insostenible e investigado Director de la Policía con más de 38 años de servicio a la institución y a un Viceministro que tristemente tuvo que pagar los platos rotos de una irresponsable divulgación mediática.

Alguien ajeno a nuestra historia política pensaría que tenemos funcionarios públicos que ponen a la institución por encima de ellos mismos. Funcionarios que renuncian cuando estallan escándalos y se abren investigaciones en su contra que puedan poner en duda la labor de su institución. Seguramente ellos no estarán enterados del caso del magistrado de la mundialmente reconocida Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

El 27 de febrero del año 2015 –hace ya más de un año- su colega y compañero de magistratura, Mauricio González Cuervo, instauró una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Denuncia en virtud de la cual, el cuestionado magistrado habría solicitado el pago de 500 millones a la empresa Fidupetrol S.A. por el supuesto favorecimiento en una tutela.

En el momento en que se empezaron a ventilar más y más hechos del mencionado escándalo, se generó un casi que generalizado sentimiento de rechazo y sorpresa, en la opinión pública, frente a las graves acusaciones. Desde editoriales de importantes diarios hasta estudiantes de facultades de derecho del país pedían la renuncia para quien ese entonces se desempeñaba en la Presidencia de la importante Corporación. Extrañamente, y yendo en contra de cualquier principio, Pretelt se atornilló en su puesto y decidió no renunciar para seguir peleando su batalla jurídica desde la comodidad de una silla de las nueve más importantes del Palacio de Justicia.

Naturalmente la presunción de inocencia, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso son derechos fundamentales que tienen todos los sujetos dentro del ordenamiento colombiano. Pero es también cierto que las instituciones políticas prevalecen sobre los intereses arrogantes de quienes las conforman y representan; es precisamente por esto que la responsabilidad política de quienes conforman estas instituciones afecta directamente el buen funcionamiento e imagen de las mismas. Lo cual obliga a quien manche o ponga en duda la labor que éstas realizan, a dar un paso al costado para lograr aumentar la legitimidad de la labor que desempeña la afectada institución. Es por esto que la actitud del Doctor Pretelt es más que reprochable y lo único que hace es perjudicar su imagen y la de toda la Corte Constitucional.

Desde la primera sentencia que uno lee en Derecho Civil Personas, le siembran la idea a uno en la cabeza, que las decisiones de la Corte se encuentran llenas de legitimidad y los magistrados que las toman son de la mayores calidades personales e intelectuales del universo jurídico colombiano. Lo más seguro es que eso sea completamente cierto. Pero es también cierto, que desde que este escándalo estalló cada vez que uno abre una sentencia cuyo magistrado ponente es el cuestionado Pretelt, un cierto malestar ronda el cuerpo de quien se dispone a leer el fallo. Demuestra precisamente lo anterior la pérdida de legitimidad de la que ha venido siendo víctima la honorable Corte Constitucional en el último año.

Es por esto que desde estas sentidas líneas de este periódico estudiantil que le solicitó a usted Doctor Jorge Ignacio Pretelt que por favor renuncié. Que la dilación injustificada de los procesos mediante artimañas no es digna de un magistrado del tribunal encargado de salvaguardar la Constitución del 91. Que la ilegitimidad de la que goza hoy en día la Corte no corresponde de ninguna manera con las decisiones que ha realizado y mucho menos con las que se le vienen en un futuro cercano. Que las excusas de montaje y complot político ya están más que gastadas y nadie las cree. Que el seguir atornillado a esa silla no es sano para la administración de justicia en su caso específico; tener el poder político de un magistrado presionando las decisiones que se tomen lo único que generará será ilegitimidad frente a la respectiva decisión que se tome frente a sus denuncias. Y finalmente, que su actitud le quita las ganas a cualquiera de ser abogado y arrebata ese sueño de alguna vez ocupar ese honorable cargo que usted ocupa.