“En el proceso de paz se está jugando con el derecho”

ESPECIAL

Entrevista a Nilson Pinilla Pinilla

En entrevista con FORO JAVERIANO, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional compartió su visión acerca del proceso que adelanta el Gobierno con las FARC y criticó la inconstitucionalidad del Tribunal para la Paz, el probable desconocimiento de los derechos de las víctimas y las excesivas concesiones en favor de los guerrilleros.

Por: Silvana Rozo y Sebastián Solarte

FORO JAVERIANO: ¿Considera que se alcanzará la paz con el proceso que ha venido adelantando el Gobierno con las FARC?

NILSON PINILLA: Para comenzar, el hecho de que se le llame “proceso de paz” es una gran mentira. Puede ser un proceso con un grupo insurgente para que este se reincorpore a las reglas de derecho, respete los derechos de los demás y no siga cometiendo delitos; pero la paz tiene causas mucho más profundas. Para que el proceso alcance realmente la paz, se debería combatir más a fondo la injusticia social. El artículo 2° de la Constitución Política habla del orden justo y la convivencia pacífica como fines del Estado, los cuales no existen en la actualidad: hay una serie de desequilibrios en los niveles de ingresos y en la concentración de la riqueza que impiden que se alcance una verdadera paz. Esto es muy positivo, pero lo mismo se pensó en los procesos adelantados con el M-19, el Quintin Lame y el EPL y se otorgaron una serie de concesiones amplias para lograr su incorporación a la vida civil, pero no se alcanzó la paz, pues ella no se va a alcanzar simplemente porque una pequeña parte de la población deje de cometer delitos. 

F. J.: ¿Qué opina de las concesiones que está realizando el Gobierno en este proceso?

N. P.: En materia de justicia transicional, es entendible que se deban hacer concesiones. Aun así, lo que se puede otorgar es lenidad, esto es, sanciones más leves, pero jamás impunidad. En el artículo 13 transitorio de la Constitución Política se consagró una invitación a los grupos armados para que dejaran las armas, pero ellos no lo hicieron. Ahora, el oportunismo de las FARC permitió arrinconar al Gobierno y lo llevó a realizar concesiones cada vez más amplias, y en esa medida, este grupo, que no quiere la paz, tendrá la oportunidad para alcanzar el poder fácilmente.

Ahora, a ellos, que cometieron delitos al por mayor, se les permitirá llegar al Congreso. Además, a partir de las declaraciones de Leónidas Bustos, presidente de la Corte Suprema,  el narcotráfico es considerado un delito conexo al delito de rebelión en la medida en que los ingresos de dicha actividad sean destinados a la actividad subversiva. La ventaja de ser considerado conexo a los delitos políticos es que se pueden otorgar amnistías e indultos y no se pueden extraditar. De seguir así, la misma consideración terminará teniéndose con secuestros y desplazamientos que se hagan para financiar dicha actividad. Esto no tiene ningún sentido, y demuestra el afán de otorgar impunidad. En el proceso se está jugando con el derecho y se acomoda “a gusto del consumidor”.

F. J.: ¿Considera que los derechos de las víctimas serán respetados durante el proceso?

N. P.: En primer lugar, no creo que las FARC vayan a decir la verdad. Timochenko ha dicho que ellos no van a pedir perdón por encontrar justificado su actuar, y Jesús Santrich, cuando le preguntaron si habrá indemnización para las víctimas, respondió “quizás, quizás, quizás”, parodiando el famoso bolero. Queda claro que no habrá sinceridad, no habrá verdad, dirán unas pocas cosas y lo aprovecharán para que el Estado les otorgue más concesiones. Encima de todo, ahora hay que perdonarles todos los crímenes para que no sigan cometiendo más. Eso demuestra que hay una descriminalización prospectiva, de manera que no hay problema en seguir asesinando ni secuestrando, ya que tarde o temprano va a haber una restricción especial de la libertad –tal y como pasará con el ELN.

F. J.: ¿Considera viable la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz?

N. P.: El problema del Tribunal para la Paz propuesto es que se desconoce por completo el principio de juez natural, según el cual, nadie puede ser juzgado por un tribunal creado con posterioridad a la realización de los hechos que se van a juzgar. Este principio, de raigambre constitucional, está en nuestro derecho penal e incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos. Con respecto a esta última, nuestra Constitución, en el artículo 93, establece que este tipo de tratados tienen aplicación preferente sobre las disposiciones internas por preservar derechos humanos. Acá, decidimos ignorarlo.

El Tribunal es tan extraño, que incluso estará compuesto por extranjeros. También hay incertidumbre frente a la elección de sus miembros: ¿tendrán las FARC iniciativa en la designación de las personas? Sería paradójico que un juez, que debe ser imparcial, objetivo e idóneo, sea nombrado por las personas a quienes va a juzgar. Además, frente a quienes ya están siendo o han sido procesados, habría que aplicar el principio de favorabilidad.

F. J.: En países como Ruanda o Yugoslavia se implementaron tribunales ad hoc, constituidos ex post facto. ¿Por qué no adaptar esto al caso colombiano y establecer un tribunal ad hoc que aplique normas ya existentes?  

N. P.: Es cierto que en ambos casos fueron creados tribunales ex post facto para juzgar los crímenes cometidos. Sin embargo, estos no contaban con la garantía de ser imparciales, pues fueron instituidos con la idea de que los investigados merecían ser juzgados y sancionados. El problema para el caso colombiano es que dicho tribunal aplicaría las normas colombianas, incluidas las concesiones hechas a las FARC, lo cual activaría la competencia de la Corte Penal Internacional, organismo que interviene para juzgar cuando una nación no puede o no quiere juzgar los delitos de genocidio, contra la humanidad, de guerra o de agresión. Lo sucedido en Yugoslavia y Ruanda es anterior a 1998, año en el que fue fundada la Corte, por lo que esta no tuvo ninguna relación con los procesos en aquellos países; pero si Colombia no es capaz de juzgar dichos delitos, la Corte tendrá facultades completas para entrar a juzgar.

F. J.: Para evitar desconocer las obligaciones internacionales y constitucionales expuestas, ¿qué alternativas tiene el Gobierno en materia de justicia?  

N. P.: El Marco Jurídico para la Paz. En aquel momento, la Constitución fue reformada y se fijaron concesiones excelentes para fomentar la desmovilización. Sin embargo, las FARC consideran que esto ya no les sirve, y están tratando de conseguir mejores condiciones. Al declarar exequible la reforma –sentencia C-577 de 2013-, la Corte Constitucional estableció unos parámetros para que la aplicación del Marco no resulte inconstitucional, entre ellos, garantizar los derechos de las víctimas. En un proceso, no se pueden sacrificar los derechos de quienes ya fueron víctimas con el fin de garantizar que, quienes aún no han sido víctimas, nunca lo sean. De lo contrario, para que el eventual acuerdo, en sus términos actuales, no sea opuesto a las obligaciones del Estado, sería necesario modificar la Constitución –en Colombia, estamos acostumbrados a hacerlo- y denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, quedando como un país paria.

F. J.: Colombia ya ha tenido otros procesos de desmovilización en el pasado, con el M-19 y las AUC.  ¿Qué ha hecho que el proceso de desmovilización con las FARC haya sido tan difícil?

N. P. En primer lugar, hay una comisión legislativa abismal. Hay normas anteriores bastante sabias, que se han dejado por fuera o se han ignorado. En su debido momento, tanto al M-19 como a las FARC se les ofrecieron muchas concesiones para que se adhirieran al proceso; sin embargo, no les interesó. Pero la mayor culpa la tiene el mismo Estado, al ignorar lo que le dicta la Constitución y no cumplir con sus funciones, por ejemplo, la orden de buscar a toda costa el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales. La consecuencia es que existe una gran cantidad de población colombiana para la cual los derechos fundamentales son un mito. Así es imposible derrotar a las guerrillas, pues las llena de argumentos. Precisamente esa ineficiencia es la que fundamentó, en un principio, la razón de ser de las FARC, el M-19, las AUC, entre otras.

Yo mismo fui testigo del surgimiento del ELN cuando estudiaba el bachillerato en Bucaramanga. Unos estudiantes de la Nacional y de la UIS se solidarizaron con las injusticias del país y decidieron buscar formas de cambiar las estructuras sociales. Jaime Arenas Reyes, el padre Camilo Torres, entre muchos más, fueron apóstoles que sacrificaron sus vidas en la búsqueda de justicia social. Eso se perdió, ahora las guerrillas no son más que modus vivendi muy lucrativos. ¿Habrá alguien que crea que aquellos que están en La Habana realmente tienen como meta mejorar las condiciones de los campesinos?

F. J.: ¿Y qué cree que es necesario para cambiar esas estructuras sociales?

Hay dos problemas gravísimos que impiden ese avance en Colombia: la corrupción y la violencia. La corrupción es fuente de violencia, por eso es más grave. Si no se satisfacen los derechos de los asociados, porque la plata se queda por el camino, y todo se mueve a base de mermelada,  no se satisfacerán las necesidades del pueblo y se generará violencia. Pero existe una tercera razón que justifica la situación tan estropeada en que estamos: la pusilanimidad. Somos cobardes. Preferimos quedarnos ahí, marginados, dejando que ocurra.  Siempre intentamos sacarle el cuerpo a las cosas para que lo hagan otros.

F.J: ¿Qué le diría usted a los estudiantes de la facultad que están leyendo esta entrevista, de cara al proceso de paz?

Las FARC derrotaron al Estado colombiano de una forma podrida y descompuesta, contribuyendo al deterioro preexistente de la política. Todo se funda en la corrupción, en la compra de votos, en los “favores” entre servidores públicos, etc. Si ustedes no se ponen las pilas y comienzan a cambiar las cosas, no van a romper con ese círculo vicioso que las generaciones anteriores creamos, pues en últimas, los responsables de que las cosas estén mal en Colombia somos nosotros. Por eso, quienes tienen la oportunidad de estudiar, deben hacerlo intensamente. A pesar de que las circunstancias nos obliguen a hacerles grandes paréntesis a nuestro Derecho, hay que tener claro cuáles son los lineamientos y principios del Estado social de Derecho y de nuestro ordenamiento, para siempre ir acordes a él. Algo crucial es exigirle a la autoridad y a las instituciones que cumplan con sus funciones. La comunidad tiene todo el derecho a exigir servidores públicos eficientes. En nuestras manos se encuentra el ejercer un control social informal efectivo, que se lograría a través de la unión de las comunidades y la participación activa en el escenario político.