Nuevas reglas para la política
La Ley Estatutaria 1475 de 2011 mediante la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos que fue sancionada el pasado 14 de Julio trajo consigo, entre otras cosas, nuevas reglas de juego para las elecciones que se llevarán a cabo en octubre.
Por: María Alejandra López Salazar
Magíster en Ciencia Política. Universidad de los Andes
Foto: Gacetas de Colombia
El juego de la política ha transformado sus reglas en Colombia en los últimos ocho años. Hacer más efectivo y disciplinado el trabajo de los partidos y movimientos políticos, establecer mecanismos que solucionen las falencias del sistema electoral y dar respuesta a la infiltración de actores ilegales en la política, son las necesidades que han impulsado esta reestructuración.
La Ley Estatutaria 1475 de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, iniciativa impulsada por el Gobierno con el apoyo de los partidos de la Unidad Nacional, señala esas nuevas reglas de juego.
Es indiscutible el impacto de la Ley Estatutaria en el proceso electoral que se está llevando a cabo. Su contenido, que desarrolla algunos aspectos del Acto Legislativo 01 de 2009, establece nuevas reglas para la financiación estatal de las campañas electorales con el propósito de realizar una distribución más democrática de los recursos entre los candidatos y de poner fin a los excesivos costos de las campañas. Por esto, la Ley reglamenta las figuras de la pérdida del cargo y de la investidura por violación de los límites señalados para la financiación así como el establecimiento del 10% como el porcentaje máximo de donaciones y contribuciones a un candidato por parte de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Además, se estructuró un régimen sancionatorio para partidos y movimientos que incluye las conductas de sus directivos, para incentivar un ejercicio más responsable de la política no solamente dirigido a evitar la injerencia de grupos ilegales sino también a promover la postulación de candidatos íntegros y honestos. Lo anterior, dado que la Ley incluye sanciones cuando se haya avalado candidatos incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o cuando durante el periodo del cargo para el cual fueron elegidos resulten condenados por encontrarse vinculados a grupos armados ilegales, actividades de narcotráfico, delitos de lesa humanidad o contra los mecanismos de participación democrática.
Por ello, el Gobierno Nacional creó una ventanilla única para recibir y tramitar las solicitudes de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales de los partidos, movimientos políticos o comités de los grupos significativos de ciudadanos que permitan evaluar el otorgamiento de los avales. Esta estrategia ha permitido demostrar la aceptación de las reglas por parte de los actores involucrados, en la medida en que se han realizado más de 121.000 consultas a la Ventanilla, las cuales han evitado la entrega de más de 1.500 avales por parte de las colectividades.
Así mismo, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se estableció una cuota de género del 30% como requisito para la inscripción de listas a corporaciones públicas, así como otras disposiciones dirigidas a promover la participación política de las mujeres como la destinación de recursos de funcionamiento de los partidos a programas de formación política para este sector de la población. Teniendo en cuenta las inquietudes sobre la aplicación de la cuota, el Ministerio del Interior y de Justicia elevó una consulta al Consejo de Estado el cual reafirmó la exigencia de dicha condición en cumplimiento del principio de equidad de género, aprobado en el Acto Legislativo 01 de 2009.
De igual forma, se aprobaron propuestas dirigidas a continuar el fortalecimiento de los partidos y movimientos. En consecuencia, se incluyeron medidas que evitarán la repetición de resultados similares a las consultas del pasado 29 de mayo donde el número de candidatos inscritos inicialmente se redujo en un 70.2% y el porcentaje de participación en las urnas tan solo fue del 11.31% de los colombianos habilitados para votar, evidenciando la ligereza con la que algunos partidos utilizaron este mecanismo. Las consultas internas o populares así como interpartidistas o de coalición, serán financiadas mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos, se dispone la obligatoriedad de los resultados y la inhabilidad de inscribirse como candidato a cualquier cargo de la misma circunscripción dentro del mismo proceso electoral por partidos, movimientos o coaliciones distintas cuando se haya participado pero no ganado en la consulta. Además, la figura de doble militancia comprende a los ciudadanos y directivos de los partidos, quienes deberán renunciar a su cargo doce meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o inscripción como candidatos.
Como se puede evidenciar, las elecciones de octubre estarán definidas en buena medida por nuevas reglas del juego. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre que éstas generan, los partidos y movimientos ya comenzaron el reto de ajustar su estructura a las nuevas instituciones las cuales les permitirán cumplir con su objetivo más urgente: recuperar la confianza de la ciudadanía.
El juego de la política ha transformado sus reglas en Colombia en los últimos ocho años. Hacer más efectivo y disciplinado el trabajo de los partidos y movimientos políticos, establecer mecanismos que solucionen las falencias del sistema electoral y dar respuesta a la infiltración de actores ilegales en la política, son las necesidades que han impulsado esta reestructuración.
La Ley Estatutaria 1475 de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, iniciativa impulsada por el Gobierno con el apoyo de los partidos de la Unidad Nacional, señala esas nuevas reglas de juego.
Es indiscutible el impacto de la Ley Estatutaria en el proceso electoral que se está llevando a cabo. Su contenido, que desarrolla algunos aspectos del Acto Legislativo 01 de 2009, establece nuevas reglas para la financiación estatal de las campañas electorales con el propósito de realizar una distribución más democrática de los recursos entre los candidatos y de poner fin a los excesivos costos de las campañas. Por esto, la Ley reglamenta las figuras de la pérdida del cargo y de la investidura por violación de los límites señalados para la financiación así como el establecimiento del 10% como el porcentaje máximo de donaciones y contribuciones a un candidato por parte de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Además, se estructuró un régimen sancionatorio para partidos y movimientos que incluye las conductas de sus directivos, para incentivar un ejercicio más responsable de la política no solamente dirigido a evitar la injerencia de grupos ilegales sino también a promover la postulación de candidatos íntegros y honestos. Lo anterior, dado que la Ley incluye sanciones cuando se haya avalado candidatos incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o cuando durante el periodo del cargo para el cual fueron elegidos resulten condenados por encontrarse vinculados a grupos armados ilegales, actividades de narcotráfico, delitos de lesa humanidad o contra los mecanismos de participación democrática.
Por ello, el Gobierno Nacional creó una ventanilla única para recibir y tramitar las solicitudes de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales de los partidos, movimientos políticos o comités de los grupos significativos de ciudadanos que permitan evaluar el otorgamiento de los avales. Esta estrategia ha permitido demostrar la aceptación de las reglas por parte de los actores involucrados, en la medida en que se han realizado más de 121.000 consultas a la Ventanilla, las cuales han evitado la entrega de más de 1.500 avales por parte de las colectividades.
Así mismo, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se estableció una cuota de género del 30% como requisito para la inscripción de listas a corporaciones públicas, así como otras disposiciones dirigidas a promover la participación política de las mujeres como la destinación de recursos de funcionamiento de los partidos a programas de formación política para este sector de la población. Teniendo en cuenta las inquietudes sobre la aplicación de la cuota, el Ministerio del Interior y de Justicia elevó una consulta al Consejo de Estado el cual reafirmó la exigencia de dicha condición en cumplimiento del principio de equidad de género, aprobado en el Acto Legislativo 01 de 2009.
De igual forma, se aprobaron propuestas dirigidas a continuar el fortalecimiento de los partidos y movimientos. En consecuencia, se incluyeron medidas que evitarán la repetición de resultados similares a las consultas del pasado 29 de mayo donde el número de candidatos inscritos inicialmente se redujo en un 70.2% y el porcentaje de participación en las urnas tan solo fue del 11.31% de los colombianos habilitados para votar, evidenciando la ligereza con la que algunos partidos utilizaron este mecanismo. Las consultas internas o populares así como interpartidistas o de coalición, serán financiadas mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos, se dispone la obligatoriedad de los resultados y la inhabilidad de inscribirse como candidato a cualquier cargo de la misma circunscripción dentro del mismo proceso electoral por partidos, movimientos o coaliciones distintas cuando se haya participado pero no ganado en la consulta. Además, la figura de doble militancia comprende a los ciudadanos y directivos de los partidos, quienes deberán renunciar a su cargo doce meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o inscripción como candidatos.
Como se puede evidenciar, las elecciones de octubre estarán definidas en buena medida por nuevas reglas del juego. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre que éstas generan, los partidos y movimientos ya comenzaron el reto de ajustar su estructura a las nuevas instituciones las cuales les permitirán cumplir con su objetivo más urgente: recuperar la confianza de la ciudadanía.
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