Las políticas públicas en materia ambiental
La emergencia invernal: aprender de los errores
El territorio colombiano está siendo azotado por uno de los inviernos más graves y devastadores de los últimos tiempos. Es imperativo mejorar los programas de atención y prevención de desastres.
Por: Gladys Becerra Camargo
Directora de estudios sectoriales de la delegada de gestión pública e instituciones financieras de la Contraloría General de la República.
El análisis de la emergencia invernal que está viviendo el país requiere algunas precisiones. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que los fenómenos del niño y de la niña son fenómenos naturales, así como los terremotos, o el déficit de lluvias, o el cambio climático. Pero estos fenómenos por sí mismos no causarían daños y sufrimiento si no estuviera de por medio la mano del hombre que, bien sea por acción o por omisión, vuelve frágil a la población ante estos fenómenos naturales. En segundo lugar, que las vulnerabilidades son consecuencia de las políticas inadecuadas de los sucesivos gobiernos, tanto nacionales como territoriales.
Lo que hace sufrir a una población por causa de un fenómeno natural es, entre otros factores, la ocupación inadecuada del territorio por razones de pobreza, la explotación de los recursos naturales sin tener en cuenta los efectos sobre el medio ambiente y el deterioro ambiental muchas veces ocasionado por destinar, de manera artificial, porciones del territorio para urbanizarlo o para uso agrícola, desviando el curso de los ríos, como sucede en la región de la Mojana.
En el foro que realizó la Contraloría General de la República en enero de 2011 sobre desastres, los expertos coincidieron en señalar que dichas vulnerabilidades son consecuencia de las políticas públicas aplicadas por décadas en el país. Señalaron que la persistencia del enfoque fatalista en el tratamiento de estos fenómenos por parte de las autoridades, ha llevado a tratar los fenómenos naturales como inevitables, o como mala suerte de los colombianos. Así mismo que el sistema de prevención y atención de emergencias con que cuenta el país, se dedicó a la atención solamente y descuidó el componente de la prevención, que desde hace más de tres décadas se ha recomendado como el más adecuado para reducir las vulnerabilidades que el desarrollo económico ha producido en Colombia. Se destacó también la incapacidad o desidia de las instituciones a cargo de prevenir y mitigar los riesgos y las vulnerabilidades que presenta el país ante los efectos del cambio climático.
Las conclusiones del foro apuntaron a que el país debe convertir esta tragedia en una oportunidad. Una oportunidad para diseñar políticas públicas con enfoque ambiental y para crear una institucionalidad capaz de enfrentar y controlar las amenazas que se han identificado. Sin embargo, los esfuerzos no se pueden centrar únicamente en los factores técnicos y tecnológicos. Se requiere, igualmente, un sistema de planificación regional que combine tanto la experticia técnica como la dimensión social y cultural que incorpore activamente a la ciudadanía en el diseño, formulación, control y seguimiento de las políticas públicas. Un esquema de intervención altamente descentralizado, que permita a las comunidades aprender haciendo. Que impulse el desarrollo de capacidades y empodere a los actores territoriales para defender su espacio de vida, sus territorios, incluso de las prácticas culturales y sociales que dañan el medio ambiente.
La participación de la población en la atención de estos fenómenos, no solo es conveniente sino necesaria para garantizar que las políticas, los programas y los proyectos que se vayan a ejecutar en sus territorios (vías, canales, viviendas, etc), consulten la realidad física, socioeconómica y cultural de las comunidades, no para perpetuarla o revivirla, sino para modificarla de forma apropiada y creativa con la propia comunidad afectada. La consulta y la participación de la comunidad, puede afirmarse, es la clave para el éxito del programa de reconstrucción que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, destinará cerca de $20.0 billones, cifra que no puede ser ejecutada al margen de la realidad local, la ciudadanía y sus necesidades. Debemos aprender de los errores. Sólo así se podrá dar el paso a un país próspero y a una sociedad más justa.
La participación de la comunidad en la solución de sus problemas, cuando se contempla, con frecuencia se produce de manera espontánea (donaciones, voluntarios). Por esto requiere ser fortalecida con organización, capacitación y con socialización de los estudios y la información que disponen las entidades como las CAR, el Agustín Codazzi, el IDEAM y el DANE. Estas entidades deberían compartir con la población los diagnósticos técnicos que han elaborado. De esta manera se empodera y se crea conciencia en la comunidad, la única capaz de ejercer un eficaz control social a las prácticas culturales contrarias a la protección del medio ambiente.
Es entonces definitivo que el sistema de gestión de riesgos que se diseñe incluya la participación de la comunidad. Sólo esta podrá garantizar que medidas concretas para reducir las vulnerabilidades y los riesgos estén incluidas y sean una realidad en la ejecución de los programas de rehabilitación y reconstrucción. Así mismo, de la participación activa y organizada de la gente dependerá que la gestión de las instituciones gubernamentales no pierda la visión de largo plazo, que bien puede estar incorporada en los planes pero en la realidad debilitarse hasta olvidarse por completo, como se puso en evidencia en la actual emergencia invernal.
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