Se necesita una reforma

Definitivamente, Colombia ha entrado nuevamente en la etapa de otra reforma pensional. Hay severas deficiencias y dificultades en nuestro sistema que ameritan un balance y una revisión.

Por: Ligia Helena Borrero Restrepo – Abogada javeriana

 Dentro del panorama internacional, y, particularmente, en nuestro continente,  podemos contar con un sistema cuyas reformas paramétricas han adquirido alguna madurez. Nuestro sistema tiene sus particularidades. Con la reforma de la Ley 100 de 1993 optamos por un sistema con dos regímenes excluyentes que coexisten, el régimen de prima media o de reparto y el de capitalización o de ahorro individual con solidaridad RAIS,  permitiendo a los afiliados migrar del uno al otro con algunas limitaciones (cada cinco años salvo que falten 10 años para la edad de pensión en el régimen de prima media). Desde la década de los 90´s (con la Ley 50 de 1990 y después con la Constitución de 1991) se fueron sentando las bases para la participación del sector privado en la administración del sistema pensional. En aquel entonces, nuestro país aún tenía un enorme bono demográfico a su favor, una población joven y un muy incipiente mercado de capitales. La famosa pirámide de afiliados en su base sostenía, con alguna solvencia, el pago de quienes se iban pensionando. Así como Colombia introducía el régimen de capitalización dentro de su sistema pensional siguiendo la experiencia Chilena de la década de los 80´s, otros países como Argentina, México, Uruguay y Perú hacían lo mismo. Bolivia y Ecuador hicieron algunas reformas pero no avanzaron de manera considerable en este punto y hoy, junto con Argentina, retornaron completamente al régimen de prima media. Cada país ha ido ajustando su sistema pensional y las variaciones a los distintos modelos, integrando sus realidades económicas y sociales en las distintas fórmulas legislativas para atender las  necesidades de sus adultos mayores.

En vísperas de la presentación de la reforma en Colombia, se impone un balance para revisar equivocaciones  y recoger aciertos para hacer los ajustes que nuestra realidad impone. Ninguna solución pensional puede hacerse de espaldas a la realidad demográfica y a las condiciones sociales y económicas de un país. Dentro de los aciertos, es indudable que nuestro mercado de capitales sería otro sin la existencia de los fondos de pensiones. La madurez que ha ido adquiriendo nuestro mercado de deuda pública y el desarrollo del mercado de deuda privada se  deben en buena parte a la presencia de estos jugadores. Hoy ya contamos con un mercado de derivados, de estructuras financieras y fondos a través de los cuales se canalizan recursos de los fondos de pensiones hacia el sector productivo, dependiendo cada vez menos de la deuda pública. No obstante, esta realidad no puede ser sino el resultado de un círculo virtuoso, pero, en manera alguna, puede constituirse en el objetivo o fundamento para hacer una reforma o para dejar de hacerla.  El ser humano, el ciudadano adulto mayor, su protección en la etapa más vulnerable de su vida, debe ser el gran objetivo. Dentro de un estado social de derecho como el nuestro, indudablemente la búsqueda de una protección solidaria, universal y más equitativa para nuestros ancianos que tienen una expectativa acumulada durante años y años, con trabajo o sin él,  se constituye en el gran desafío. Lamentablemente en Colombia no existe aún una política pública integral para el envejecimiento y no se han atacado las causas estructurales de la baja cobertura que tiene nuestro sistema de protección social para la vejez.

La mejor reforma es aquella que logre reglas claras, sencillas, con enfoque diferencial según el género y que permita mayor cobertura y equidad. Venimos de una crisis de muchos años en donde se han conjugado varios problemas: regímenes especiales que por virtud de la transición se han prolongado durante mucho tiempo, una nueva institucionalidad  que aún no despega y que debe reemplazar aquella que colapsó por problemas de corrupción, falta de gerencia e incapacidad del Estado para regular, tutelar y reconocer los derechos de los ciudadanos. Hoy tenemos una regulación deslegitimada que contienen derechos a los que no se pueden acceder de manera pacífica sino por medio de demandas, pleitos, tutelas y reclamaciones. De facto, los fallos han venido reemplazando poco a poco las dispersas y aún más numerosas disposiciones jurídicas que se constituían en las reglas de juego de los distintos regímenes. Hay pues que atacar las causas estructurales y ser audaces en las soluciones. Tal vez si reuniéramos todos esos recursos y apoyos dispersos entre tantas instituciones y tantas regiones, podríamos construir un sistema de protección social más justo, equitativo y solidario para nuestro país.