¿Juego o Crimen?

El carrusel de testigos en Colombia ha puesto sobre la mesa evidentes fallas al interior del organigrama estatal, en particular en lo concerniente a la efectividad de la administración de justicia.

Por: Luz Juanita Valencia

No siendo suficiente con el controversial carrusel de la contratación, merece ahora nuestra atención el ya estructurado y altamente desarrollado carrusel de testigos, que en nada se asemeja a un juego de niños y que, por el contrario, evidencia una vulneración a la institucionalidad y soberanía del Estado colombiano.

Y es que no debe tomarnos por sorpresa que en una sociedad carente de principios y valores, fundamentales para una adecuada convivencia, como es la nuestra, se den fenómenos como este carrusel, donde se trafica con falsos testimonios con miras a adquirir como contraprestación recompensas y beneficios penales y económicos, e incluso, se persigan fines tan fútiles como concretar venganzas personales. Hecho éste que, además, obstaculiza la ya desgastada y congestionada administración de justicia, y pone en tela de juicio la legitimidad de figuras como la cosa juzgada y la verdad y certeza de las sentencias judiciales.

Esta burla al imperio del derecho lleva inevitablemente a que se desdibujen y desnaturalicen los fines loables que impulsan al aparato judicial como mecanismo legítimo para concebir la verdad y, con esto, la justicia. Por esto, cualquier ciudadano pensará más de dos veces antes de acudir a la administración de justicia y confiarle, entre otros derechos, su libertad y buen nombre, por un temor fundado y sensato de terminar señalado por la comisión de un delito inexistente, simple y llanamente porque hay quienes se prestan para comerciar, como si se tratase de un juego, con los derechos ajenos a cambio de un interés personal.

Este fenómeno social, que pone en jaque la potestad del Estado, no puede entenderse como un hecho que se desarrolla y fortalece al margen del mismo, pues el andamiaje y la operatividad de este carrusel ha encontrado en la permisividad, por no decir patrocinio, de algunos funcionarios públicos (fiscales y jueces) la posibilidad de permear la institucionalidad judicial y estatal. No son pocas las medidas que se deben tomar para entorpecer y desalentar el proceder de muchos delincuentes, como lo sería, por ejemplo, el ejercicio de un mayor control y vigilancia sobre funcionarios y abogados por parte de la Fiscalía y del Consejo Superior de la Judicatura, la revaluación del valor de los testimonios como herramienta de inculpación en los procesos penales y la imposición por parte del cuerpo legislativo de mayores penas para quienes incurran en el delito de soborno y falso testimonio.  Así, serían las medidas preventivas las que salvaguarden los derechos de los colombianos, y no que se convierta la indemnización que el Estado brinde a quienes han sido víctimas de este carrusel, que en principio debe entenderse como medida de último recurso, en el normal proceder para restaurar los perjuicios causados.

Resulta cuestionable la capacidad del Estado para dejar indemnes a quienes han sido víctimas de este carrusel, que trae consigo la desmembración del tejido social y familiar y la materialización de daños morales. Esto se agudiza en un país que es, lamentablemente, reinado por la ignorancia y los prejuicios,  donde los “chismes” pasan a definir y posicionar a un persona frente a la sociedad, al punto de destruir la posibilidad de realizarse satisfactoriamente como persona, pues su libre desarrollo y desenvolvimiento en la esfera social y personal se supeditan a lo que la opinión pública, e incluso la privada, sostengan frente a su moralidad y buen nombre

Siendo así, resulta imperioso replantear el orden actual de las cosas al interior del Estado, y sobre todo, del ordenamiento jurídico, para que tras una ponderación de los costos y beneficios hecha por quienes participan de este carrusel, éstos se vean desalentados a considerarlo como una alternativa para la obtención de beneficios personales. Con esto, se podría lograr el cese definitivo de la circulación de “verdades a voces” que no corresponden a la realidad y que marcan negativa e irreversiblemente la vida de cientos de inocentes bajo la aquiescencia del Estado.