En Estos Tiempos Todo Parece Malo

El sistema penitenciario requiere de modificaciones que permitan su sostenibilidad y que aseguren la garantía de los derechos de los condenados, por lo que resulta fundamental analizar este tema como uno de los problemas más importantes del país.

Por: Pablo A. Corredor Gómez

Ante la crisis que vive el sistema penitenciario del país, toda propuesta parece insuficiente y poco efectiva. Las cárceles ya no dan a basto y en la mayoría de centros de reclusión del país se vive una sobrepoblación que alcanza límites alarmantes. Por esta razón, el ministerio de Justicia ha encarado una carrera contra reloj para tratar de solventar este problema; su reacción no se ha hecho esperar y ha presentado varios proyectos encaminados a solventar esta situación.

Dentro de las propuestas principales, se encuentran la modificación del Código Carcelario y Penitenciario basándose en un sistema carcelario como el chileno, el cual se caracteriza por manejar cuatro estilos de prisión, semiabierta, semicerrada, abierta y cerrada, aplicándose el modelo dependiendo del delito cometido, de la condena y de la peligrosidad del preso en cuestión. Esta propuesta ha sido altamente criticada por diferentes sectores de la sociedad, críticas que se encarrilan a demostrar que este tipo de sistema generaría un riesgo para la sociedad, pues se supone que quien debería estar en una cárcel pagando una condena, de aplicarse estas modificaciones, podría estar en las calles como un individuo más de la sociedad. Ante estas críticas, sólo cabe decir que quienes sostienen este argumento son personas que no han analizado a fondo la propuesta, ya que esta posibilidad procedería únicamente para condenados cuyos delitos no sean catalogados de “peligrosos para la sociedad”, es decir, que quienes cometieron asesinatos, atracos, secuestros, entre otros, no podrán gozar de este nuevo cambio en el ordenamiento.

Seguida de esta propuesta, el Gobierno le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que habilite más jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en el país para que tomen las decisiones pertinentes en los más de 20 mil procesos que ya han cumplido con la mayoría de la condena y que podrían ser merecedores de beneficios como la casa por cárcel. Con esta medida, se podría disminuir considerablemente el número de presos que se encuentran en centros de reclusión, en vista de que el ordenamiento jurídico les permite pagar el resto de la condena por fuera de los reclusorios.

Una propuesta adicional se quiere efectuar en materia de política criminal. El Ministerio ha afirmado que el aumento de presos en el país se debe, en principio, a que del 2004 a la fecha se han expedido 34 leyes que han generado más judicializaciones y penas más prolongadas y severas. Si bien el sistema penitenciario tiene como finalidad que cada año la población que se encuentra encarcelada disminuya, puesto que se entiende que las finalidades de la pena se cumplen, esto no ha ocurrido en los últimos ocho años; por el contrario, el índice de población recluida ha aumentado.

Todas estas propuestas han sido criticadas por diversos aspectos que no terminan de convencer a la sociedad en general. Entre éstos, el que más preocupa es que sus resultados se verían a largo plazo, de manera que, para cuando se empiece a reformar el sistema penitenciario, estas propuestas serán insuficientes, pues el problema ya abarcará otras dimensiones.

Estas tres propuestas hacen parte de un grupo mayor de proyectos que el Gobierno ha venido presentando para solventar la crisis del sistema penitenciario del país. Las propuestas aquí expuestas son proyectos que buscan eliminar los problemas de hacinamiento de las cárceles y  garantizar los mínimos constitucionales de quienes hoy se encuentran en estos centros. Como se puede ver, son iniciativas interesantes e innovadoras y que, con un buen manejo, prometen cambiar el sistema penitenciario del país.