El Ministro Lara, aparece como uno de los
grandes progresistas de la justicia y de la lucha por la transparencia política
que ha tenido Colombia.
Por: Ricardo Gómez
Pinto. Profesor de Derecho Económico.
Cuando el cartel de
Medellín, liderado por Pablo Escobar, asesinó al Ministro de Justicia, Rodrigo
Lara Bonilla, yo tenía 4 años. Nunca lo conocí. Sin embargo, tuve la
oportunidad de conocer a su hijo, Rodrigo Lara Restrepo. Eso me dejó dar una
mirada al pasado y aprender un poco sobre la personalidad de un gran líder y
hombre de Constitución.
Hoy, casi 25 años
después de su muerte, las amenazas contra la justicia parecen ser las mismas de
aquellos años. El año está terminando y nos deja de aguinaldos una reforma a la
justicia fracasada, una mujer en la cartera de justicia y el inicio de los
diálogos de paz.
Todo esto,
paradójicamente, parece coincidir en algo. El problema que afronta la justicia,
hoy, fue algo de lo que nunca hablo el proyecto de reforma presentado por el
gobierno. El proyecto nunca habló de algo fundamental que fue lo que le costó
la vida, en gran parte, al Ministro Lara Bonilla.
Hay que recordar que
durante los debates de la reforma, nunca se discutió sobre los verdaderos
problemas que amenazan a la justicia. En parte, por falta de interés tanto del gobierno
como de los congresistas que se desentendieron de los problemas para dar paso a
sus acuerdos y reducir los poderes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado
en el control que se ejercía contra los legisladores y que tanta legitimidad
había ganado con los juicios contra la parapolítica y los vínculos de algunos legisladores con el
narcotráfico, quienes encontraron propicia la oportunidad para sacar ventaja de
la reforma.
La reforma del
gobierno, se olvidó por completo de la justicia y de la dignidad que merece el
derecho. El gobierno Santos, junto al exministro Juan Carlos Esguerra, se
olvidaron de lo que son las amenazas que acorralan a la justicia, a los jueces
y a las instituciones que estos defienden. El país se olvido que el mayor
riesgo que hoy se cierne sobre la justicia es el de la corrupción y el riesgo
de captura judicial que se cierne sobre funcionarios judiciales que eso genera,
y la desviación de poder, como el del legislativo, que adapta todo el sistema
de derecho para salir impune de los juicios de control, en la lucha contra los
vínculos con grupos al margen de la ley, como en los peores tiempos del cartel
de Medellín.
El limitado interés
que el gobierno sigue demostrando por una política judicial, refleja el olvido de la lucha de jueces, como el Hércules del
que habla Dworkin, por el imperio de la justicia. La reforma se olvido de lucha
de Lara Bonilla, como lo hizo el país en aquel momento.
La reforma a la
justicia se olvidó de la lucha de las generaciones caídas por el terror. Hoy el
mensaje de la dignidad del derecho se volvió a perder pero esta vez por actos
que vinieron de los mismos hacedores del derecho. Hace 30 años esos hacedores
fueron los que entregaron su vida por sacar adelante una política pública
judicial limpia que necesitaba el país. Muestra de eso fue la renovación que
representó el Código Contencioso Administrativo de 1984, cuyo ideólogo fue el
entonces Ministro Lara. El avance del código en materia de derecho de petición
y la renovación de las acciones judiciales ante la jurisdicción contenciosa
para la defensa de derechos y la legalidad, se convirtió en una verdadera renovación
de la justicia que hacía más cercano al pueblo el derecho, la ley y el poder
democrático para transformar las realidades.
La lucha que debía
adoptar el gobierno Santos, con el revivido Ministerio de Justicia, debía dirigirse a atacar una amenaza que
puede resultar peor que el terrorismo que durante los años ochenta y noventa
del siglo XX atacó a la sociedad. El enemigo de la justicia, hoy, es la
corrupción y la falta de autonomía de los funcionarios judiciales; la falta de
garantías de acceso a la gente a una justicia de verdad, no de papel. Esa fue
la lucha que el gobierno actual, pero sobre todo el Ministro de Justicia del
momento, nunca se atrevieron a dar.
El país extraña a un Ministro
de Justicia de verdad que haga de la justicia el fortín inquebrantable del
derecho. El país extraña el derecho que reivindique la dignidad de las personas
y haga de cada una un proyecto de vida en igualdad de acceso a los recursos
mínimos de existencia. El país extraña un ministro de justicia que luche por la
justicia, y como dicen las máximas de Couture, un ministro que haga a la
justicia la máxima del derecho cueste lo que cueste. Por eso, el país extraña a
Rodrigo Lara Bonilla.
Pero esto queda atrás.
Los diálogos de paz que marcan el presente, tienen mucha relación con esto, y,
tal vez, dependen de esto. No existe una plataforma jurídica que haga
sostenible el proceso y las consecuencias de los acuerdos. La Constitución
tiene todas las herramientas pero el gobierno empezó al revés, y no las ha
decantado ni regulado. Eso se convierte en un factor de inseguridad jurídica
para la sociedad y para la paz. Los acuerdos debían venir apoyados con un kit de
instrumentos jurídicos que permitan garantizar la estabilidad del proceso de
paz, porque esto no es solo un proceso de reuniones y mesas de concertación.
Esto es el inicio. El resto lo debe definir el derecho de la mano con la
justicia.
Se trata de una
justicia que cree un marco de paz. Una justicia que integre a los diferentes
pero sobre todo a los contrapuestos. Una justicia democrática es una justicia
que crea condiciones para hacer viable un proceso de paz, que hable de verdad,
justicia y reparación para todos.
En este contexto, la Ministra
Ruth Stella Correa, tiene un reto inmenso en materia de política judicial.
Recuperar la dignidad de la justicia, que ella como juez conoce, así como
atacar la falta de autonomía que el proyecto de reforma a la justicia del
gobierno desconoció. Cuando se ataque esa problemática se tratará de una
reforma integral. Una justicia que traiga una lección sobre la filosofía del
derecho que habla de garantías judiciales, no de prebendas a congresistas; de
justicia para iguales, no de clases sociales, económicas, ni jurídicas, pero
sobre todo, de principios constitucionales básicos de convivencia, para poder
hablar de una justicia que defendieron con la muerte Lara Bonilla y otros. Una política
pública judicial que extraña y añora el país.
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