Salud y drogadicción: más allá de la represión del consumo

La realidad demuestra que el fenómeno de la drogadicción en Colombia debe ser atacado, a la luz de la Ley 1566, como un problema de salubridad pública, lo cual implica políticas integrales que superen. el modelo represivo de la prevención policiva.

Por: Juanita Fonseca Duffo

Para nadie es un secreto que la lucha contra el narcotráfico, que implica el ataque a la producción, el transporte y el consumo de sustancias psicoactivas de carácter ilegal, ha estado en las agendas de los gobiernos de las últimas décadas como uno de sus puntos principales. Pero hasta ahora, no muchos de aquellos gobernantes se han preguntado sobre el último punto, es decir, sobre el consumo, particularmente desde la perspectiva de los dependientes de estas sustancias, respecto de un tratamiento integral que implique su reintegración social. No podemos seguir ignorando el problema de la drogadicción, viéndolo como uno separado del narcotráfico, que implica violencia y delincuencia y que necesita ser tratado de manera individual.

Es cierto que la Corte Constitucional se ha venido refiriendo al drogadicto y a su condición como un sujeto de especial protección estatal, por tratarse de una persona que padece una enfermedad que afecta su autonomía y autodeterminación, que pone en riesgo su integridad personal y que perturba su convivencia familiar, laboral y social; y que, por tales razones,  requiere tratamiento médico. Según el tribunal, este escenario hace necesaria la intervención del Estado en aras de proteger y garantizar los derechos fundamentales del afectado. Sin embargo, las políticas estatales relacionadas con el consumidor que sufre de dependencia crónica, han estado direccionadas a la prevención policiva, es decir, a reprimir el consumo a través de la coacción, entendiendo que la penalización es la medida idónea para frenar el número de usuarios de sustancias psicoactivas y psicotrópicas, pues se trata de un problema social producido por una conducta anormal que debe castigarse. De esta manera, la administración, en términos generales, ha diseñado estudios, encuestas y programas dirigidos  a frenar el consumo, pero sin tener en cuenta las opiniones de cada drogadicto en particular, olvidando que el suyo no es un problema de ilegalidad, pues la drogadicción no es un fenómeno jurídico sino social, que debe ser atacado de manera integral.

Por la necesidad de redireccionar la problemática, por iniciativa del senador Juan Manuel Galán, se crea la ley 1566 de 2012, que busca garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas, reconociendo así la adicción como una enfermedad en Colombia. Este reconocimiento significa un avance legislativo respecto de un grupo de personas que no siempre ha sido considerado en estado de indefensión y de vulnerabilidad, sino que por el contrario, se les ha castigado y culpado a nivel ético y social por generar espacios de ilegalidad. Pero hoy, esta nueva postura frente al consumo significa un paso considerable hacia una sociedad más comprensiva y sensible, que entiende que más allá de calificar una conducta como legal o ilegal, hace real la connotación social de su Estado de Derecho. Se debe aplaudir la iniciativa, pues ya ha traído consigo los primeros resultados en ciudades como Bogotá. En esta ciudad, se han creado Centros de Atención Móvil a Drogodependientes (CAMAD) diseñados para personas que se encuentran en situación de riesgo y exclusión social por altos niveles de dependencia a las drogas, y que están  vinculadas a actividades delictivas asociadas con el consumo

Aunque la política de Petro ha generado polémica respecto del expendio de sustancias ilegales en los CAMAD, que comenzaron a operar en septiembre, ésta ha demostrado resultados exitosos en los lugares estratégicos en los que se han situado los primeros (el Bronx y el Amparo, en Kennedy). Éstos han sido bien recibidos por los habitantes, quienes al principio se encontraban renuentes, pero que, una vez vieron su funcionamiento, no han dejado de acudir a ellos.

Pero es cierto que esta política se quedará corta en poco tiempo, pues al tratarse de un proceso progresivo, mientras no se incluya el tratamiento exhaustivo a drogadictos en el POS y no se diseñe una política integral, será complicado combatir la drogadicción; la salud, tal y como afirma la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Es la condición fundamental para lograr la paz y la equidad, responsabilidad de los gobiernos. Es por esto que, a la luz de la ley 1566, se hace necesario trascender el marco de la prevención, pues para que ésta sea exitosa, se debe conocer qué sustancia se está ingiriendo, qué tipo de persona está consumiendo y en qué contexto cultural y social se desenvuelve ella. En otras palabras, es necesario entender la drogadicción desde un modelo sanitario, psicosocial y sociocultural, que abarque la problemática desde la salud pública y la resocialización.