Alguien tiene que ceder

Si bien el Marco Jurídico para la Paz es la semilla de la paz en Colombia, éste debe mirarse con cautela y detenimiento, pues toda su gama de efectos repercutirá principalmente sobre las víctimas del conflicto y sus familias

Por: Laura Roldán Castellanos – V Semestre

Si bien el Marco jurídico para la Paz nace por la necesidad de crear unas condiciones de asentamiento definitivo para una paz que el país ha venido anhelando desde hace más de cuatro décadas, deben tomarse en cuenta las disposiciones allí establecidas y que derivarán en la posterior regulación de la materia. El Marco debe mirarse con cuidado, puesto que con él se van a ver afectados  los ya perturbados derechos de las víctimas y de sus familias.

Es claro que deben existir tanto mecanismos judiciales como no judiciales para reparar a las víctimas. Sin embargo, uno no debería ceder en favor del otro, y más aún cuando se está frente a un sistema donde en la mayoría de los casos ha reinado la impunidad. Sin duda, serían un gran complemento; pero todos aquellos que hayan violado de alguna u otra manera tan siquiera uno de los derechos humanos, deberían responder ante los mecanismos judiciales, y sin perjuicio de esto, deberán acogerse también a los mecanismos no judiciales con el fin de garantizar el derecho a la verdad y a la reparación integral de las víctimas. Así es como se logra el esclarecimiento del conflicto, en un acuerdo donde todos, sin excepción, participen de ambos modelos.

Así mismo, el Marco introduce criterios de selección y priorización, esto eso, una escogencia de casos y personas culpables que responderán ante la justicia penal en virtud de la cadena de mando de sus organizaciones. ¿Qué hay de los verdaderos ejecutores? ¿Cómo puede omitirse su acción? ¿Cómo hacerle entender a una familia, que toda su vida ha vivido en la línea del conflicto y sus complejos efectos, que quien asesinó a su familiar no será condenado, y que por el contrario, dado el caso, podría llegar acceder a cargos de elección popular? Para la sociedad relativamente ajena al conflicto, resulta más llevadera la aceptación de este tipo de mecanismos de justicia transicional, pero la realidad ha demostrado que su deficiente ejecución ha llevado a que los más perjudicados sean las familias de las víctimas.

 ¿Cómo exigirles entonces que cedan en su derecho a una justicia integral? La justicia no debe ni puede fraccionarse; unos no deberían quedar reparados integralmente mientras otros deben conformarse con una verdad y una paz en el Estado que no les resarce en términos de justicia. ¿Todas las víctimas se sienten verdaderamente representadas en los casos elegidos? Esta es la cuestión en la que debe enfocarse el legislador.

Defensores del proyecto argumentan que la necesidad de instaurar unos criterios de representatividad, priorización y selección apunta a que la capacidad del sistema judicial del Estado se desbordaría en caso de que se tratara de judicializar la totalidad de los desmovilizados. Sin embargo, es pertinente cuestionarse: ¿no constituye esto más bien una salida para un sistema judicial que es ineficiente?

La ética del sufrimiento compartido postula la capacidad de las personas de sufrir con el otro, y en virtud de esto, se puede sostener una propuesta como ésta. Sin embargo, como sociedad, en nuestra gran mayoría, no llegamos siquiera a imaginar las dimensiones del conflicto y el impacto que éste ha dejado en miles de familias y personas víctimas del mismo. Es decir, no podemos atrevernos a decir que compartimos ese sufrimiento porque no lo entendemos, ni siquiera llegamos a imaginarlo, porque simplemente no lo hemos vivido en carne y hueso como ellos. Sin embargo es claro que debemos comprometernos con alcanzar la paz, estamos obligados a ella, y en esta medida, somos más bien solidarios con dicho sufrimiento. 

Es claro que en aras de la paz en toda la sociedad debe haber sacrificios. Pero creo que estas personas han sacrificado lo suficiente y sería injusto pedirles más; el gobierno no puede atribuirse ese "derecho". No podemos exigirles que tengan que ceder más, pues de ser así, sería la justicia de las víctimas la gran perdedora dentro de este valioso y necesario proceso. Si se logran integrar de manera conjunta la aplicación de los mecanismos judiciales y no judiciales, el perdón será más sincero y menos forzado, y como consecuencia, la paz será auténtica y perpetua.