Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Reforma a la Justicia

Por: Luz Juanita Valencia

La tertulia sobre la reforma de la justicia “Sus Defectos Inconstitucionales y sus Pecados Anticonstitucionales”, que tuvo como lugar de encuentro el Club el Nogal el pasado 30 de julio, fue presidida por cuatro abogados de gran renombre en el panorama nacional: Humberto De la Calle,  Néstor Humberto Martínez, José Gregorio Hernández y Hernando Yepes, éstos tres últimos a quienes tenemos el honor, como estudiantes, de tener a diario en las aulas de nuestra alma mater.

Este evento académico cobra gran importancia en la medida en la que se abrió un espacio, de los que poco se abren hoy en día en el país, de deliberación pasiva y tolerante ante las distintas opiniones que suscitaba  el tan comentado intento de reforma a la justicia por vía de acto legislativo. En esta oportunidad, y gracias a las intervenciones de estos cuatro juristas, se pudo hacer un recuento sobre los hechos relevantes que definieron la suerte de este proyecto, permitiendo señalar en puntos muy concretos  lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma a la justicia.

Si bien la intención de reestructurar el sistema judicial es del todo loable como mecanismo para agilizar el obstaculizado e ineficiente tráfico judicial, y ante todo para reivindicar la percepción que se tiene hoy en día de la justicia como servicio público disponible para una reducida élite de la sociedad colombiana, la forma y el tiempo en el cual se enmarcó esta reforma no fueron los ideales.

Por un lado, el hecho de que se hubiera impulsado este proyecto de acto legislativo, aun cuando el ambiente político no era el propicio, no es gratuito, pues no es secreto para nadie, y así nos lo hace ver José Gregorio Hernández, que la Constitución de 1991 ha sido objeto de reformas irresponsables por parte del Congreso y de los gobiernos  como manifestación de un interés generalizado de los presidentes por dejar su huella en la Constitución, quienes, en su afán por ganar un mayor reconocimiento, pierden de vista  las consecuencias que su instauración puede acarrear para el país. La verdad, con el presidente Santos no debía esperarse nada distinto, en vista de que la propuesta insignia de su plan de gobierno era precisamente la estructuración de una reforma a la justicia que embarcara al país en un rumbo directo a una justicia real,  tangible y para todos.

Por otro lado, es evidente que no se hizo una lectura juiciosa sobre los mecanismos que ofrece la Constitución para desarrollar proyectos de la envergadura de la mencionada reforma, lo que culminó en una errada interpretación sobre la vía adecuada para llevarla a cabo. A los ojos de los exponentes, se cometió un craso error al decidirse por el acto legislativo en lugar a la conformación de una asamblea constituyente (a pesar de que hoy en día, como nos lo recuerda Hernando Yepes, no estemos frente a tiempos de homogeneidad y templanza, necesarios para su éxito). En primer lugar, porque éste último ofrece mayores garantías en cuanto a la utilidad y objetividad del contenido material de  la reforma, y en segundo lugar, porque, como lo expresó Néstor Humberto Martínez, no se debe “tentar al diablo”, ya que el  romper el muro medianero entre el poder judicial y el político significó la corrupción de éste último. Por ello, Yepes afirma que el Congreso no era el escenario indicado, siendo éste el destinatario de las instituciones reformadas, por lo que se dejó la puerta abierta para que se trabajara bajo los incentivos de sus propias pasiones y anhelos y en defensa de lo que este cuerpo colegiado reclamaba como sus derechos. Ante esto, José Gregorio Hernández no vaciló en señalar el quebrantamiento de uno de los pilares constitucionales que definen el destino de la sociedad, que es el reconocido principio de pesos y contrapesos inspirado en el “Espíritu de las leyes”, de Montesquieu.

Y a pesar de que los colombianos fuimos testigos del irrespeto y la inobservancia de principios constitucionales por quienes decidieron portar la Constitución Política bajo el brazo y no frente a sus ojos, es rescatable la reacción que el pueblo colombiano ha ofrecido ante la “esquizofrenia institucional” a la que hace alusión  Humberto de la Calle. La falta de articulación entre el sistema electoral y la opinión pública ha llevado a fallas estructurales en los órganos de representación popular, lo que ha despertado en la ciudadanía un interés por movilizarse y pronunciarse en contra del status quo y del orden democrático, según asevera  Hernando Yepes.  Se forja entonces una sociedad militante con una fuerza política que reacciona ante la falta de voluntad de los agentes de los órganos de representación, por lo que la fallida reforma despertó un interés en el ciudadano del común por el tema de la justicia, frente al que se había mostrado entiempos anteriores, renuente y apático.

De manera general,  lo malo y lo feo de la Reforma a la Justicia nos dejó a los colombianos con un sin sabor, y, sobre todo, con una gran frustración Pero por ahora, sólo nos queda  esperar tiempos mejores y propicios para impulsar nuevamente (y esperemos también que exitosamente) la anhelada y necesaria Reforma.