Reforma a la justicia y la injusticia de la pobreza

Una nueva mirada a la reforma

Reforma a la justicia y la injusticia de la pobreza

El proyecto de reforma debe alejarse de intereses personalistas para alcanzar mecanismos de redistribución de oportunidades

Por: Ricardo Gómez Pinto

         Profesor de Derecho Económico

Foto: Catalina Aristizábal

Existen dos formas de medir el nivel de pobreza de una sociedad. Una, es la que podría llamarse el método tradicional que usa los niveles de renta; entre mayores sean los niveles  de renta, menores las condiciones de pobreza. La otra, no tan utilizada, es definiendo las condiciones de capacidad de acceso a los bienes esenciales. Si una persona tiene condiciones altas o por lo menos óptimas de renta, pero no tiene las condiciones para poder acceder a los mercados, entonces se entiende que es pobre. Si una persona discapacitada es millonaria, pero no tiene las condiciones fácticas para acceder a los centros de educación u hospitales, su condición es la de una persona que no tiene la renta para acceder al servicio en igualdad de condiciones.

Bajo estas premisas, y viendo al servicio público de la justicia como un bien esencial que se ofrece a los demandantes de justicia mediante un mecanismo similar al mercado,  entendiéndolo como un bien público que es provisto por el Estado, el proyecto de reforma a la justicia queda en deuda con la atención y función de garantizar el derecho (escaso) de la justicia, y de romper las barreras de acceso que impiden y que “discapacitan” a los demandantes de justicia.

El proyecto de reforma a la justicia se ha olvidado completamente de garantizar condiciones para la erradicación de la pobreza. Siempre fue un discurso hecho por las elites jurídicas para resolver los problemas de las mismas elites cercanas a las Cortes en Palacio o al Ministerio del Interior y el  recién (re)creado Ministerio de Justicia. El proyecto de reforma se convierte así en un serio factor de exclusión social, liderado por los ideólogos del gobierno, que recogieron la colcha de retazos de los proyectos Uribe-Londoño, en donde la justicia social, que debe ser garantizada por el servicio público de la administración de justicia, queda relegada. El fuero militar, la redistribución de competencias administrativas y jurisdiccionales entre notarios y abogados y demás añadiduras del proyecto no tienen una razón de ser que se acople a los principios de justicia social a los que se debe dirigir todo modelo de justicia constitucional.

La reforma a la justicia integral, que deberá venir después, debe dirigirse a romper las barreras de acceso a la justicia y hacerla más eficiente, pero no en función de costos presupuestales, sino en ahorro de gastos para los ciudadanos. Las apropiaciones presupuestales deben dirigirse de manera prioritaria a atender condiciones de gasto público social por mandato de la constitución. Los gastos sociales que representan la justicia sirven para atender y proteger los derechos esenciales de la población, sobre todo en materia de tutela y acciones constitucionales contenciosas, por lo cual, estos gastos también prevalecen sobre el resto. ¿Por qué?: porque se trata de derechos que están anclados a la cláusula de supremacía constitucional y que por lo tanto prevalecen sobre otro tipo de políticas públicas. Son derechos que se hacen materiales cuando hay un juez que los puede hacer cumplir, es decir, cuando son derechos judicializables. Para esto se requiere de eficiencia, eficacia, celeridad y trato digno a la población.

Cuando se trata de principios superiores, esos principios, al igual que esos derechos, prevalecen. En este sentido, la reforma a la justicia que necesita el pueblo, no los reyes, se vuelve una herramienta de redistribución social de la riqueza mediante el acomodo de las capacidades de acceso en donde se garantizarán las luchas por las necesidades básicas insatisfechas, alcanzando un trabajo digno, un servicio en salud óptimo y una protección en seguridad social que se pueda hacer sostenible, pensando en el modelo de desarrollo que habla de condiciones óptimas hacia el muy, muy largo plazo. Esto es lo que hace una sociedad sostenible y digna a la vez.

Ministro Esguerra: El proyecto de reforma a la justicia debe ser retirado y el gobierno debe asumir la responsabilidad para garantiza condiciones de justicia social desde el servicio público de la administración de justicia. Esa es la consiga de un Estado que optó por un pacto en el que la visión del individuo supedita las terquedades de sus representantes.

Poscripto: Hace no muchos estalló el escándalo sobre el tema pensional en el Consejo Superior de la Judicatura. Para el proyecto de formación del abogado javeriano resulta traumático el hecho que varios abogados de la facultad estén relacionados con este tipo de problemas. Es el caso de Alfredo Escobar Araújo quien ha sido el ojo del huracán en esta materia por sus relaciones no muy santas.

La dignidad del derecho se pierde con este tipo de actos y se trata de ejemplos nada valiosos para aquel que se forma creyendo en la integridad del derecho. Por eso, para recuperarla, es necesario que desde la investidura de quienes detentan la función pública se devuelva todo aquellos que se quita al Estado y al derecho. Es la hora, exmagistrado Escobar, de devolver los zapatos, devolver las pensiones y sobre todo devolverle la integridad y la dignidad al derecho y a la justica que tanta sangre nos ha costado desde hace más de 30 años.