La LOOT: ¿nueva frustración de la región Caribe en su intención de promover la regionalización de Colombia?

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial

La LOOT: ¿nueva frustración de la región Caribe en su intención de promover la regionalización de Colombia?

Foto: Catalina Aristizábal

El ordenamiento territorial en Colombia exige de una concepción social y democrática para su modernización que permita concebir a las comunidades no ya como meros sujetos pasivos del proceder gubernamental, sino como los protagonistas y partícipes de la vida política. Expresiones colectivas como la “Liga Costeña” y el “Voto Caribe”, en distintas épocas, han fungido como estandartes de todos aquellos impulsos por materializar una verdadera autonomía de las entidades territoriales y superar las acentuadas desigualdades económicas existentes hoy en día entre las regiones de Colombia. Ello, sin embargo, se ha visto frustrado.

Por: Diego Andrés Zambrano Pérez

Abogado especialista en Derecho Público, Ciencia y Sociología Políticas

Muy seguramente Orlando Fals Borda falleció sin siquiera imaginarse que los contornos del Estado colombiano, desde el aspecto de su organización territorial, por fin fueran definidos por el Congreso a través de normas orgánicas. Mucho menos hubiera sospechado el historiador y sociólogo que aquellas, como bien se ha señalado en los medios y en la comunidad académica, tan sólo desarrollaran el inacabado y por demás complejo tema, de forma muy mínima o somera.

Y es que el académico barranquillero, quien otrora fuera uno de los más estudiosos del diseño político-administrativo del país, le apostó en sus escritos a la regionalización del territorio en función de los multidiversos procesos culturales y de identidad allí existentes. Para él, claramente, no se trataba de un debate simplista sobre la división geográfica y el reparto funcional de competencias y funciones, en cuanto que la clave consistía en incorporar aspectos demográficos, políticos, de modernización estatal y de desarrollo económico efectivo, en torno a un eje de proyección democrática de la Nación.

De hecho, en obras como “La insurgencia de las provincias” o “La Nueva República Regional”, Fals Borda proyecta para el análisis dos cuestiones: por un lado, que el proceso de regionalización es absolutamente necesario a efectos de lograr cristalizar el modelo de descentralización y autonomía requeridos para superar el excesivo centralismo que, de ordinario, le ha imprimido la política colombiana a sus propias dinámicas; y de otro lado, que lo que debe abordarse y resolverse es la articulación y distribución de las competencias entre los distintos niveles de la administración, de suerte que se preserven éstas a cabalidad y, por ende, se cumplan plenamente los postulados insertos en los principios de concurrencia, subsidiariedad y coordinación.

A lo mejor, esa tesis no solamente ha fungido como estandarte de quienes integraron lo que dio en conocerse a principios del siglo XX como la ilustre Liga Costeña, sino que también se ha tornado en eje fundamental de todos aquellos impulsos postreros por materializar una verdadera autonomía de las entidades territoriales, pese a todo lo que pregona la Constitución de 1991. No en vano cabe mencionar el denominado “Voto Caribe” como un trascendental acontecimiento participativo que, en esencia, se tradujo en el más admirable hito fiel de una expresión colectiva decidida e insatisfecha con las acentuadas desigualdades económicas existentes hoy en día entre las regiones de Colombia.

Sin embargo, dicha manifestación no fue objeto de planteamiento alguno en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pues si bien dedicó un título a la definición de las regiones administrativas y de planificación        -RAP- como aquellas conformadas por dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, con el propósito de avanzar en el desarrollo regional, la inversión y la competitividad, lo cierto es que dejó nuevamente librado a las cambiantes coyunturas del foro congresional -esta vez al legislador ordinario-, la definición de la Región como entidad territorial. Difícil tarea si se tiene en cuenta la muy prolongada espera de la LOOT.

A juzgar entonces, por lo visto, la discusión pervive y encuentra vigencia, sencillamente porque aún el ordenamiento territorial en Colombia exige de una concepción social y democrática para su modernización y para concebir a las comunidades no ya como meros sujetos pasivos del proceder gubernamental, sino como los protagonistas y partícipes de la vida política; particularidad que, a la sazón, orienta las reglas de relación entre los individuos, las sociedades locales y el gobierno. En ello residen las realidades resultantes de la diversidad propia, cultural y socioeconómica que deberían ser de interés a la hora de construir un modelo auténtico e integral de organización del territorio colombiano.

Con razón entonces, es de alabar el loable y denodado esfuerzo de los ciudadanos de la costa Caribe por expresarse tan lúcida y fervientemente ante la sociedad colombiana, recordándonos a todos la importancia de pronunciarse y dejar en claro un interés prevalente por la cosa pública a través de los mecanismos de participación estatuidos en nuestra democracia. Pero también, principalmente, por querer atribuirle a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial un potencial renovador y de cambio territorial que hasta ahora muy difícilmente puede concedérsele.

Francamente Fals Borda, a pesar del triunfo contundente que significó la papeleta Caribe ya hace unos años, en estos momentos sería un costeño frustrado más.