miércoles, 22 de febrero de 2012

En contra de la medida del "desarme"


Foto: César Alejandro Uribe Tovar (CAUT)

En contra de la medida del “desarme”

Frente a esta medida se han desatado también un sinnúmero de críticas, las cuales vale la pena conocer. En esta ocasión FORO JAVERIANO tuvo la oportunidad de conocer la opinión de un estudiante y de entrevistar a Abel Enrique Jiménez, Presidente de la Asociación Colombiana de Coleccionistas de Armas (ACCA)


Legítima Defensa
Por: Camilo Triana Delgado
Estudiante de Ingeniería mecánica de La Universidad de los Andes

La polémica iniciativa del cuestionado Alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego de desarmar a la población civil legalmente tenedora de un arma registrada ante las autoridades nacionales bajo su tutela, con el fin de disminuir los índices de delincuencia y de homicidio por arma de fuego en la ciudad, ha desatado un sinfín de comentarios respecto de su verdadera funcionalidad. Al respecto, me permitiré presentar varias consideraciones.

Primero que todo, vale aclarar respecto de la seguridad que es un tema de percepción individual y grupal, en lo individual se determina según el grado de incertidumbre respecto de la condición de estabilidad, ataque o defensa en el que se encuentre un individuo frente a otro. Grupalmente, podría afirmarse que se basa en un sentido de protección constante derivado de un Estado al cual se confía el uso de la fuerza y las armas, para protección primaria de su ciudadanía, y que ante la satisfacción de dicha condición, nos brinda un sentido de plácida seguridad.

Los antónimos de los dos anteriores conceptos son incluidos todos en un grupo denominado: inseguridad.
Ahora bien,  nos preguntamos ¿Cuál es la relación de las armas dentro del nivel de percepción de la seguridad ciudadana?

Pues bien, hay una primera relación inferible de la lógica mecánica de los axiomas de la seguridad: La incertidumbre respecto de la capacidad de defensa y reacción de un ciudadano del común enfrentado a un criminal armado, existiendo una restricción clara para el ciudadano común de portar armas, es igual a cero, ¿Por qué? (siempre hay que preguntarse ¿Por qué?), pues bien, el ciudadano del común, no es un criminal y ha cumplido con la ley, incluso registrando un arma de fuego bajo su nombre, bajo su representación personal adeudando su libertad como castigo de cualquier uso indebido del arma. Por lo tanto, este ciudadano común, ante dicha ley, evitaría por lo general el porte de su arma como mecanismo de defensa confiando su vida y bienes a la seguridad del Estado.

¿Es la fuerza pública Bogotana capaz de combatir el crimen y proteger a la ciudadanía Bogotana de los homicidios causados por la criminalidad armada ilegítimamente? ¿Hay suficiente tecnología y/o pie de fuerza? Estas preguntas deberán respondérselas los lectores mismos. 

Otro punto respecto del desarme de armas legítimamente registradas y compradas, es que estas son el mecanismo más imponente y eficaz de contrarrestar una intimidación por armas menores, y en el mejor de los casos, de responder a ataques con otras armas de fuego, por lo que son el mejor utensilio para ejercer la legítima defensa individual ante un evento en el que el Estado no pueda estar presente, o contra un Estado mismo criminal. Para finalizar, dejo aquí una estadística que aunque antigua, única fuente científica apartada de encuestas periodísticas para reflexionar respecto de la potencial eficiencia del desarme de armas legales: “Desde al año 2.001 el Ministerio de Defensa viene estudiando la relación entre armas legales y homicidios. Haciendo una comparación que tiene como base la ciudad de Bogotá, se llega a la conclusión de que con las armas legales sólo se comete un 3,8 % de los homicidios. Siendo que las características del análisis son similares en casi todas las regiones del País, con pequeñas variaciones, puede afirmarse que en Colombia la inmensa mayoría de los crímenes son cometidos con armas de fuego ilegales.” (Pag. 23. Fuente: Ministerio de Defensa. Homicidio y control de armas en Colombia, 2.001. Página web www.mindfensa.gov.co)

Adicionalmente, tras el incremento de los operativos de control por parte de las autoridades debido a la resolución de la decimotercera brigada motivada por el Alcalde Mayor, se logró un alto número de incautaciones de armas de fuego de las cuales solo el 2% aproximadamente eran legales. Es así como nuevamente dejo formuladas dos preguntas, ¿No será más bien una cuestión de efectividad de nuestra fuerza pública? ¿Les estamos dando  ventaja a los criminales?


Entrevista a Abel Enrique Jiménez, Presidente de la Asociación Colombiana de Coleccionistas de Armas (ACCA)

Por: Santiago García Jaramillo

FORO JAVERIANO: ¿Qué opina Usted de la propuesta del alcalde Petro de prohibir el porte de armas en Bogotá?

Abel Enrique Jiménez: El porte de armas en Colombia está prohibido desde el 9 de abril de 1948, el porte siempre ha sido con permisos, luego prohibir el porte de armas, sólo prohíbe las legales, las de salvoconducto, pues las otras están prohibidas y quienes las tengan están incursos en el delito de porte ilegal de armas.  Las Naciones Unidas incluso publicaron un libro en 2007, elogiando el control que se hace en Colombia sobre las armas legales, y lo pone de ejemplo para muchos países de centro y sur América, este informe incluso pone de presente que las ciudades con mayor número de homicidios del país, tienen un número muy reducido de armas legales.

F.J: ¿A quién entonces beneficia esta propuesta? 

A.E.J:
Esta política del alcalde solo va a desestimular el trabajo, en lugar de perseguir a las bandas de delincuentes se está persiguiendo a quienes legítimamente tienen armas. Hay que proteger a quien da trabajo, personas que tienen panaderías, droguerías, bombas de gasolina, los pequeños talleres de mecánica, que son los que sufren los mayores delitos. Bogotá tiene lugares donde se cometen la mayoría de los delitos, que están totalmente focalizados, estas deben ser las zonas que se deben controlar, además los delitos que allí se cometen se realizan con armas sin permiso. Le puedo asegurar que estos delincuentes no compran revólveres legales para salir a atracar, éstas son armas compradas en el mercado negro, que se consiguen a bajos precios, y que si se pierden las consiguen de nuevo en este mercado. Mientras que quienes tienen las armas legalmente, deben cumplir con una cantidad tal de requisitos a los que por poco hay que sumarle la firma del obispo.

F.J: ¿Cómo es el proceso actual para llegar a portar un arma?

A.E.J: Cada vez se piden más documentos para el porte de armas,  esto no es tan sencillo como entrar al éxito y comprar un arma, como lo han querido hacer ver, un ciudadano tiene que ir por lo menos 8 veces a la jefatura de control de armas para cumplir con los requisitos para el porte de armas. Los exámenes llegan a tal extremo que para una persona de edad es imposible lograr el porte de armas, mientras que en países como en Estados Unidos, los mayores, los minusválidos, son quienes más requieren armas por su situación de vulnerabilidad a ser atacados por la delincuencia.

F.J: ¿Resuelve de fondo algún problema entonces esta medida?

A.E.J: Considero que se está desprotegiendo a quienes dan trabajo. Aquí hay un problema más profundo, que es la falta de empleo, la mayoría de personas que cometen delitos a mano armada, se ven forzados por la situación que se vive, el Estado debería estar concentrado en fomentar fuentes de empleo, la gente en situaciones de hambre busca medidas extremas, al punto que la mayoría de legislaciones contemplan el estado de necesidad en la legislación penal.

F.J: ¿Qué debería entonces considerar la administración entorno al desarme?

A.E.J: La policía conoce las zonas de alta delincuencia en las ciudades, en desmantelar estas bandas es donde debe concentrarse la autoridad pública, el alcalde y la policía, el delincuente no va buscar un arma con salvoconductos, va buscar un arma ilegal que pueda desaparecer fácilmente. Mentirosamente se dice que el 10% de los homicidios son cometidos con armas con salvoconducto, me pregunto: ¿quién puede dar esas cifras?, son mentirosas y amañadas, pues eso implicaría que todos los homicidios lleguen hasta al final en sus investigaciones. Más bien por qué no se preguntan cuantos de los homicidios de Bogotá terminan en verdaderas capturas de responsables?  ¿Cuántos de los homicidios de Bogotá se logra rastrear o decomisar el arma con que se cometieron? Cualquier persona que entienda, y con mayor razón si estudia derecho, puede estar seguro que esa estadística no es cierta. Ahora las armas que se capturan en las ciudades, no son más del 3% que tienen permiso, el 97% de las armas decomisadas son ilegales; de ese 3% muchas son decomisadas en ejercicio de legítima defensa.

F.J: ¿De materializarse esta propuesta qué creería usted que se obtendría como resultado?

A.E.J: Le aseguro que los delincuentes no se van a acercar a cumplir con el desarme que propone el alcalde. La mayoría de delitos de esta ciudad se comenten con armas blancas, ¿se habrá considerado esto? ¿se habrá considerado que hay problemas de fondo, como que los niños no cuentan con educación adecuada, con formación deportiva que permitan el esparcimiento y que estos factores son los que generan violencia?, ahora una última reflexión, si una persona le deja un memorial a la autoridad, solicitando el porte de armas porque tiene motivos fundados sobre los riesgos que corre, no se estaría preconstituyendo una prueba para luego demandar la responsabilidad del Estado, si éste le niega el porte del arma y le llegase a suceder algo?


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