La “Ley Netflix”, el decreto que
reglamentará Uber o la circular de la Aeronáutica Civil sobre los drones son
algunos de los intentos estatales por sistematizar propuestas novedosas que,
desde los planos económico y tecnológico, retan las tradicionales estructuras
aún presentes en el país. ¿Hasta qué punto es necesaria una respuesta normativa
ante las alternativas emergentes?
Por: Sebastián Solarte Caicedo
La
innovación es parte fundamental de las economías de mercado. A través de nuevas
propuestas, los competidores pretenden atraer a los consumidores para mejorar
su posición en el mercado y en la medida en que estas propuestas respondan a los
problemas que presenta lo que ya está siendo ofrecido, el consumidor se sentirá
más tentado a cambiar su comportamiento y buscar lo que le resulte más
favorable. Lo anterior fue facilitado con el auge de las nuevas tecnologías,
que permiten divulgar de manera más fácil, concentrada y con menores costos de
transacción las nuevas alternativas ofrecidas a los consumidores.
El
derecho reacciona ante este tipo de cambios y nuevos reglamentos son expedidos
para contrarrestar los supuestos efectos negativos que estos pueden tener, en
especial en países como el nuestro, donde aún se cree que con una nueva norma
se puede arreglar cualquier problema. Aquí la más reciente propuesta de
regulación se encuentra en el proyecto de la llamada “Ley Netflix”, que
pretende darle a los servicios de streaming
el carácter de servicio público, por lo que sus prestadores –por ejemplo,
Netflix o YouTube- tendrán que tributar de manera especial, tener autorización
estatal para prestar su servicio y estar registrados ante el Gobierno.
Este
proyecto, redactado por un fanático del deporte colombiano y no por un experto
en redes de telecomunicaciones –si no me cree, le recomiendo leer el artículo
37 del proyecto de ley-, impone en cabeza de empresas como Netflix una serie de
obligaciones que producirán uno de dos perversos resultados, subirán los
precios finales para los consumidores o las empresas encontrarán en exceso
gravoso la prestación del servicio y dejarán de hacerlo.
Estas
iniciativas legislativas buscan proteger las dinámicas ya existentes en el
mercado. Por ejemplo, el proyecto de la “Ley Netflix” pretende evitar que la
televisión pública y su contenido –plural, según su ponente- se pierdan. Sin
embargo, el Estado no puede buscar solucionar problemas de mercado a través de
leyes. Lo que innovadores y emprendedores buscan es mejorar los problemas que existen
en un mercado determinado, y la respuesta de quienes allí intervienen, en lugar
de censurar, debe ser mejorar. Si las personas prefieren el contenido de
Netflix no es porque esta esté abusando de su libertad económica, sino porque
el contenido de la televisión pública no es atractivo para los televidentes. Por
lo tanto, el Estado, en lugar de reprimir las nuevas alternativas de contenido
audiovisual, debería preocuparse por mejorar las ya existentes. La situación
con Uber es idéntica: en ausencia de un servicio seguro y de buena calidad, surge
la opción de pagar un precio mayor para conseguir un mejor servicio. Lo
anterior, en lugar de llevar a una intervención represiva por parte del Estado
para mantener el degradado monopolio de los taxistas, debería llevar a repensar
las exigencias que se les hacen a estos para evitar mayores perjuicios contra
los usuarios del servicio.
Desafortunadamente,
el enfoque que tienen las regulaciones pretendidas es principalmente
prohibitivo, lo cual conduce a que el emprendimiento y la innovación dejen de
tener incentivos para proponer alternativas que mejoren la oferta de bienes y
servicios que se hace a los consumidores. Las nuevas realidades, inevitablemente,
darán lugar a nuevas propuestas que demandarán intervenciones más asertivas y
menos invasivas por parte del Estado. Evidentemente, en la medida en que las
tradicionales estructuras económicas se vean afectadas, será necesario plantear
normas que armonicen los avances con lo ya existente –por ejemplo, en temas
tributarios–. Sin embargo, el Estado no se puede convertir en un represor de la
innovación, en especial si con ello se protegen deterioradas industrias y se
atenta contra el bienestar del consumidor. Entre mayor sea la intervención, más
se atenta contra lo establecido en la Constitución con respecto a la economía
social de mercado y más en peligro se ponen las innovaciones que pretenden
volver más eficientes los mercados.
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