La academia también tiene una responsabilidad con las comunidades agro-mineras colombianas

Cubrimiento de evento

La academia también tiene una responsabilidad con las comunidades agro-mineras colombianas

El pasado 17 de agosto tuvo lugar el Foro “MINERÍA TRADICIONAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: “Las realidades de la comunidad de Buena Seña.” del cual fueron testigos profesionales, estudiantes y académicos que entraron para dejarse afectar.

Foto de Anthrotect utilizada bajo licencia de Creative Commons

 Por:  Carolina Moreno López -Miembro de E91 y joven investigadora de la PUJ

Este evento fue
la primera invitación que desde el trabajo de la Clínica Jurídica y E91 hacemos
a la comunidad académica con el objetivo de articular nuestro trabajo y dar
cuenta de la relevancia que tiene trabajar por la comunidad con las
herramientas técnicas que nos da el derecho, respetando los procesos propios de
cada región. Esto, con el objetivo de arar el camino hacia un diálogo nacional
sobre la importancia de proteger los procesos colectivos de las comunidades
agro-mineras del país.

En Buena Seña, como en otros lugares de Colombia, existe una historia atravesada por la violencia y la repartición inequitativa de los recursos, sin presencia del Estado y con el riesgo constante de volver a ser desplazados, esta vez no solo por la violencia sino por el interés particular de las grandes empresas mineras que se acercan a la zona. 

Detrás de esta comunidad, existe una historia de migración, violencia y lucha por el manejo autónomo y sostenible de sus recursos naturales. Es decir, una lucha histórica por la posibilidad de un proyecto auto-determinable de vida y una necesidad de respeto de su cosmovisión, lo cual ayuda a materializar los anhelos de igualdad, libertad y justicia de la carta de 1991.

Es por eso, que queremos aportar ciertas reflexiones que sirvan de insumo para hacernos partícipes en este diálogo y unir esfuerzos dentro de la academia, lugar de discusión en colectivo.

En primer lugar vemos con preocupación la gran desarticulación que existe entre la producción normativa descentralizada y las necesidades de la comunidad en concreto. Por lo que, debemos intentar comprender los contextos particulares para dar respuestas claras y útiles que no sean herramientas para perpetuar las desigualdades en las relaciones económicas, políticas y sociales.

Estas desigualdades son profundizadas por parte del estado si no se tiene en cuenta a la comunidad para elegir el futuro de sus regiones, pues sus formas productivas tradicionales son ignoradas dando paso a las grandes “locomotoras” de la prosperidad, las cuales pretenden borrar la historia de nuestros agro-mineros para dar paso a una historia en la que el objetivo único sea la explotación a alto nivel, lo cual supedita a los agro-mineros a acuerdos o contratos de colaboración con la explotación a gran escala, debido a su poco conocimiento sobre procesos de calidad y sostenibilidad ambiental. Si bien, es necesario aprovechar los recursos naturales, su explotación debe realizarse de una forma coherente y articulada con el trabajo tradicional que hasta ahora se ha realizado en las regiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, como segunda reflexión creemos que debe haber una acción conjunta entre las diferentes entidades del Estado para dotar de herramientas técnicas particulares  a las comunidades que tradicionalmente han estado en este territorio, lo cual les permitan llevar procesos de explotación minera con altos niveles para un desarrollo sostenible de las regiones en manos de la comunidad misma. Sin esta intervención la incorporación de los procesos de minería tradicional al proceso de desarrollo económico del país carece de efectividad material y posibilidad de competitividad.

En tercer lugar, creemos importante que los procesos jurídicos incorporen las narraciones de violencia, lo que nos lleva subrayar la necesidad de una articulación entre la legislación minera, el desarrollo territorial y la legislación de protección de víctimas del conflicto con mecanismos reales de protección de derechos usurpados, mecanismos favorables de acceso a la tierra y mecanismos de carga de la prueba en favor de las comunidades víctimas, quienes están en una situación desfavorable.

Es así como el trabajo con las regiones, es un proceso que tiene no solo el objetivo de garantizar el acceso a los recursos concretos sino que además busca la definición de modelos de intervención en donde se pueda construir una economía campesina, para generar espacios de respeto en done se reconozca que los campesinos son los protagonistas de las regiones y como tales, son los llamados a elegir sobre su futuro.