miércoles, 26 de octubre de 2011

Informe especial sobre la reforma a la justicia



Informe especial sobre la Reforma a la justicia


Reforma a la Justicia
Gloría María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Juan Carlos Vélez Uribe, senador coordinador ponente de la reforma y Hernando Yepes Arcila, ex magistrado y catedrático de Derecho Constitucional, hablaron con FORO JAVERIANO acerca de las ventajas y desventajas que trae esta reforma como se encuentra actualmente propuesta y las consecuencias que ésta traerá para el sistema judicial del país.
Por: Gloria María Borrero
Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia




Para la Corporación Excelencia en la Justicia, entidad que represento, la reforma a la justicia es un proceso permanente de ajuste de nuestro sistema judicial para adaptarlo a las necesidades de los ciudadanos y a la realidad sociojurídica de nuestro país, el cual se viene desarrollando desde hace 20 años – a partir de la Constitución de 1991 para referirme solo a un período de nuestra historia. Con la nueva Constitución se reafirmó la independencia y la autonomía de la Rama Judicial creándose dentro de su seno una institución encargada de su gobierno y administración; se aprobó la tutela, como una vía rápida para el amparo de nuestros derechos; se creó la Corte Constitucional como custodia de nuestra constitución, se abrió paso la separación de las funciones de investigación y de acusación, creándose la Fiscalía, etc. A principios del siglo 21, en el 2005 aprobamos el sistema penal acusatorio y el país inició el tránsito hacia sistemas procesales más garantistas, con oralidad y la inmediación del juez. A principios de este año, en búsqueda de los mismos objetivos se aprobó el nuevo código contencioso y cursa en el Congreso la reforma a los procedimientos civiles, comerciales y de familia, que pretende la simplificación y oralidad. Igualmente en la última década se ha dotado a la Justicia de más recursos presupuestales y humanos.

La reforma a la justicia además de ser un proceso permanente se produce en diferentes niveles, el constitucional, el legal, el reglamentario y el de gestión. Si miramos retrospectivamente, indudablemente tenemos una justicia diferente a la que existía en la década de los años 80 y creo que mejor, pero aún estamos lejos de tener pronta y cumplida justicia. Todos los recientes gobiernos han hecho intentos de la reforma constitucional a la justicia y a la fecha ha avanzado de manera significativa solo uno de los proyectos, el consensuado entre el Gobierno, las Cortes y el Legislador, que ya superó hace un par de semanas el primero de ocho debates. Lamentablemente la justicia es un tema que polariza, ante cualquier solución saltan infinidad de propuestas y por el camino quedan muchos inconformes, por ello es que hemos propuesto desde la CEJ que este tipo de reformas surjan de un gran acuerdo nacional en que participemos todos y no solo las Cortes, el Gobierno y los partidos políticos.

Hemos apoyado un ajuste a la Constitución porque creemos que hay cosas que corregir en relación con el manejo de este poder y para cerrar la puerta en lo posible a los actos de irresponsabilidad que han cometido nuestros dirigentes en la designación de personas que no tienen los perfiles, experiencia y calidades idóneas para los altos cargos de nuestra justicia. Insistiendo en que la solución a los problemas de la justicia no pasa solamente por cambios en la Carta Política, podemos decir que la actual reforma tiene cosas que nos gustan y otras que no, y tiene vacíos.

Nos gusta porque ella abre la posibilidad de modificar el órgano de Gobierno y administración de la Rama Judicial, pues el actual esquema no ha logrado jalonar la transformación de la función y el servicio público de la justicia y poco ha hecho por la probidad judicial y por la erradicación de la corrupción, que existe a pesar de que las Altas Cortes la quieran desconocer. La propuesta que trae la reforma debe ser ajustada en búsqueda de un cuerpo más técnico y preferiblemente que opere sólo en momentos claves para el gobierno, la planeación y control del servicio. Igualmente es necesario corregir el proceso de designación de la sala disciplinaria del CSJD ya que con la fórmula actual se permitió el ingreso de personas no idóneas para ser los jueces de los jueces. Es también una necesidad quitarle expresamente el conocimiento de acciones de tutela a esta Sala para no tener un actor más en el conocido choque de trenes.

Nos gusta que se hagan más exigentes los requisitos para acceder a las Cortes, en la fórmula propuesta es necesario agregar la experiencia directamente relacionada con el cargo y Elección Visible, coalición de ONG de la que soy vocera, viene insistiendo en que antes del nombramiento se realice una audiencia de confirmación del finalista en la cual intervenga la sociedad civil, la academia y otros poderes del Estado para opinar fundadamente sobre el candidato, al estilo de la que se realiza en el Senado de los Estados Unidos.

La reforma tiene vacíos relacionados con la despolitización de la justicia producida parcialmente por las funciones electorales a cargo de las Cortes. Igualmente es una necesidad separar las funciones de investigación de las de juzgamiento y por eso hemos abogado que la Fiscalía sea un órgano autónomo de la Rama Judicial o que pase a ser parte de la rama ejecutiva. La reforma tiene otros vacíos con la tutela. Es necesario hacer de esta acción algo excepcional y reconocer la existencia de la tutela contra sentencias y regularla en debida forma, para evitar los pocos pero ruidosos y desintitucionalizadores choque de trenes. La reforma igualmente se queda corta en dar más instrumentos para lograr seguridad jurídica y evitar tantas sentencias tan contradictorias. Son muchos más los aspectos que quedan por analizar, pero el proceso de aprobación apenas comienza y ojalá la Unidad Nacional permita el análisis y el debate y no nos sorprendan con la aplanadora de hace un par de semanas.

Entrevista a Juan Carlos Vélez Uribe
Senador coordinador ponente de la reforma

Por: Santiago García Jaramillo

Foro Javeriano: El Doctor Hernando Yepes en entrevista con el diario El Tiempo, formuló duras críticas a la reforma a la justicia, tildándola de “mediocre”, ¿qué opinión le merecen estas declaraciones?

Juan Carlos Vélez Uribe: Yo considero que desafortunadamente muchos de los críticos de la reforma no la han leído ni han conocido en detalle los debates, ni han participado en los foros. El Doctor Yepes estuvo aquí en una sesión pero fue una de las diez que se llevaron a cabo. Primero hay que aclarar que esto no fue producto de un pacto, que es el mensaje equivocado, esto fue producto de la construcción de un consenso, no entre las Cortes, el Congreso y el Gobierno, sino con jueces, colegios de abogados, universidades, personas vinculadas al sector y ex magistrados; fueron muchas las personas que aportaron. Lo segundo, la reforma vertebral está basada primero en el acceso a la justicia y en la descongestión de la rama que es lo que está pidiendo la gente.

F.J.: ¿Cuál es el mayor avance en acceso a la justicia que se logra mediante esta reforma?

J.C.V.U.: En el acceso a la justicia hicimos un gran énfasis en la modificación del artículo 78 de la Constitución, al cual no ha hecho referencia ningún crítico. Aquí creamos una figura similar a la tutela para atender reclamos de los consumidores, no sólo de personas de comercio sino de usuarios de servicios financieros, públicos domiciliarios, entre otros. Además se abre la puerta al acceso a la justicia de pequeñas causas mediante un arbitraje que se crearía de listas de abogados inscritos ante colegios de abogados o cámara de comercio, para que por ejemplo, si un usuario de servicios públicos acude con un reclamo en una factura de un teléfono por unos cobros que en exceso se le han realizado, no tenga como ocurre hoy, que pagar para reclamar, sino que un árbitro le puede entrar a resolver de manera expedita el reclamo. En acceso a la justicia también, la ley penal sancionatoria de delitos menores no existe, aquí le estamos dando facultades para atender estos casos a los inspectores, con ciertas calidades especial, y no creamos las fiscalías para delitos menores lo cual sería imposible de manejar.

F.J.: Usted plantea la congestión judicial como uno de los principales problemas actuales de la justicia, ¿qué medidas toma esta reforma?

En cuanto a descongestión, si bien se han creado juzgados de descongestión, nosotros proponemos darle funciones judiciales a los notarios, tema en el que no estoy de acuerdo pero perdí en la votación. Descongestión es permitirle al consejo superior judicial que pueda crear despachos de descongestión que no tengan que conocer sobre tutelas, habeas corpus, para que no se congestionen, que tengan una labor especializada.

F.J.: ¿No cree Usted que quedan faltando temas sustanciales en esta reforma?

J.C.V.U.: Hay temas menores que han generado debate entre las personas, como la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, las calidades para ser magistrado, la doble instancia para el juzgamiento de aforados, son muchos otros temas que deberían estar ahí en la reforma pero estamos hablando de modificaciones mínimas.

F.J.: Pero entonces esta reforma no aborda nunca temas tan importantes como la politización que se puede producir en la rama a raíz de los nombramientos confiados a la corte…

J.C.V.U: Tuvimos una discusión, porque se planteó que la terna del procurador la presentara el Presidente, yo soy enemigo de eso. Yo creo que es mejor mantener el sistema como ha funcionado hasta hoy, que puede haber politización, pero a veces la solución puede ser peor y es que si le entregamos la terna al Presidente, se daría lugar a que éste haga lo que suele ocurrir, conformar una terna de uno, dos candidatos malos y uno bueno, y así el Presidente estaría nombrando a quien va a investigar a sus subalternos. Yo he pensado incluso que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no tenga origen en el congreso, es algo muy difícil de manejar, pero deberían seleccionarse por méritos, por concursos abiertos. En cuanto al Fiscal, hay que ver cómo termina el debate, yo soy de la tesis de que la terna la debe proponer el Presidente, por su injerencia en el tema de investigación y no de juzgamiento, se sigue garantizando la autonomía, estamos tratando de incluir el tema de las votaciones, manteniéndole a la Corte ciertas funciones entre comillas políticas porque aquí no hay una plena separación de los poderes públicos, aquí hay una colaboración armónica, donde cada rama tiene funciones de otra y así todas las ramas tienen funciones políticas.

F.J.: ¿lo que nos está queriendo decir Usted entonces, es que esta es una reforma necesaria pero no suficiente?

Esta reforma requiere de un desarrollo legislativo, como por ejemplo con figuras como la perención. Uno no puede esperar que una reforma constitucional dé inmediatamente los cambios, estas generan el contexto para un desarrollo legislativo que sí lo logre.

Con esta reforma se ha avanzado mucho, perfecta no va a ser, pero no corresponde la crítica que se ha hecho, porque son muchos los temas, cuando critican que se aumente el periodo de los magistrados, por ejemplo, se hace pensar a las personas que se busca beneficiar a los actuales magistrados, pero cuando nos preguntan a nosotros y no interpretan, uno responde que no aplica para los actuales, aumentamos las calidades, aumentamos la exigencia de experiencia de 10 a 20 años, aumentamos el requisito de edad, para que lleguen magistrados que concluyan en las altas cortes su vida profesional, y no que el magistrado entre para llegar a un cargo de elección popular, o tener el estatus de exmagistrados para tener mejores ingresos en su oficina.

Entrevista a Hernando Yepes Arcila
Exmagistrado y catedrático

Por: Laura Aristizábal, Santiago García y Sebastián Solarte

Foro Javeriano: El senador coordinador ponente acusa sus criticas de un desconocimiento del proyecto de reforma a la justicia, ¿Qué diría usted frente a ello?

Hernando Yepes Arcila: Esa es una réplica inapropiada. La verdad es que los críticos de la reforma hemos demostrado no solamente que la hemos leído sino también que la hemos sabido leer. Más allá de leerla y de asistir a las sesiones públicas que tienen finalmente muy poca importancia y muy poca relevancia, lo que se le debe criticar a la reforma es lo que surge en la intimidad de la comisión, lejos de cámaras, lejos de oídos indiscretos, lejos de testigos no invitados, los críticos hemos demostrado que no solamente conocemos lo que se ha propuesto, sino que a diferencia de muchos de ellos, sabemos de qué se está hablando.

F.J: Los defensores de la reforma afirman que la reforma no es suficiente pero que crea un marco de acción para, vía desarrollo legislativo, mejorar la justicia ¿Qué opinión le merece esto?

H.Y.A: Esa es la falacia con la que siempre nos han venido endulzando el oído cuando vemos las insuficiencias de atacar como problemas de la justicia solo lo que tiene que ver con disfuncionalidades eventuales o supuestas de la arquitectura constitucional. Sin embargo, es lícito creer a los promotores de la reforma que efectivamente saben que no está en el tema constitucional todo lo que tienen que hacer sino que el trabajo grande empieza a partir de la aprobación de esos textos. Pero la verdad es que no necesita uno pensar en que la reforma a la justicia necesita desarrollos legales para darse cuenta de la insuficiencia y pobreza de los retoques propuestos para la arquitectura constitucional. Son juzgables por sí mismos y aisladamente y se encontrará en cada norma que uno analice que se trata realmente de unas propuestas muy peregrinas y muy marginales y en algunos casos profundamente equivocadas.

Hay una sobre la que quiero llamar la atención porque creo que se necesita una cruzada nacional para resistirla por parte de la ciudadanía alerta sobre la pureza en estas instituciones y sobre su conveniencia. Me refiero al entramado de normas que se refieren al consejo superior de la judicatura. Yo no sé si el autor de la ponencia la leyó bien pero yo sí. Cuando uno ve que al consejo de la judicatura en la sala disciplinaria que es como la definí recientemente, “el órgano enfermo de la jurisdicción” ya que realmente ha llegado a ser altamente dañino y estorboso en la estructura de la rama judicial y que todos pensaríamos que debe ser suprimido, las normas aprobadas en la comisión primera, llega a constituir un entramado de normas de alta peligrosidad. Aquí ya no se trata de cosas que son más o menos buenas, o discutibles desde éste o aquel ángulo, no, el entramado de normas relacionado con la sala disciplinaria para fortalecer ese organismo actúa de forma contraria a lo que la opinión pública reclama desde hace 20 años que es la supresión o la modificación radical de ese órgano.

Aquí se fortalece de tal manera que acuden a normas y a dispositivos y resortes constitucionales que constituyen una verdadera traición a la constitución y no puede llamarse de otra manera cuando la sala gubernativa que subsistiría según el texto aprobado, estaría conformada entre otros, con participes provenientes de la sala disciplinaria. La sistemática constitucional supone que existan dos salas separadas porque tienen naturaleza distinta y ejercicios distintos, pero sobretodo, propósitos axiológicos profundamente divergentes entre sí. La sala administrativa debe estar compuesta por magistrados elegidos todos y provenientes todos del interior de la rama judicial porque es el órgano de la autonomía. Lo que está previsto en la reforma va sencillamente a dinamitar la autonomía porque va a permitir que a la rama judicial la gobiernen o cogobiernen delegatarios provenientes de los sectores políticos del país. Esa sala tendría entonces la oportunidad de hacer listas de 5 componentes para la elección de magistrados de las dos cortes (CE y CSJ) y eso es entrar mediante un caballo de Troya al recinto amurallado del poder judicial, por la puerta de atrás y sigilosamente permitiendo el control que quisimos eliminar desde el año 57. Un país que ha podido tener independencia de sus fuerzas con respecto a la clase política durante 60 años, vendría a ver que con esta reforma, mal leída por los autores, según parece, se reintroduciría furtivamente a la clase política en el control de la rama judicial. Además hay que tener en cuenta el poder que se le da a la sala disciplinaria como juez disciplinario de la Corte Constitucional. ¿Se imaginan que la función más elevada que se ejerce en el Estado, que es la que tiene la Corte Constitucional, pudiera estar sujeta a influencias, interferencias y juicios de la sala disciplinaria?

Adicionalmente con esta reforma le dan a la sala disciplinaria un poder de inspección sobre todos los juzgados del país, eso es la destrucción criminal de no ya solamente la autonomía de la justicia que se decretó en el 91, sino también de la independencia de los jueces que habíamos conquistado como país que primero lo logró en América Latina, en 1957.

F.J: Se ha tratado de afirmar que el consenso en esta reforma es necesario porque en Colombia no hay una separación absoluta de poderes, sino una colaboración armónica entre las ramas del poder público ¿Cree usted que eso es cierto?

H.Y.A: El senador parece leer siempre como con baches porque está muy claro que el artículo que predica la separación de poderes también invoca una colaboración armónica entre ellos. Nadie ha sido tan insensato de suponer que los poderes están aislados, una cosa es que sean independientes y que estén separados y otra es que estén aislados. Los puntos de contacto están estrictamente señalados en la constitución. Hay dos poderes políticamente activos y uno políticamente inerte, en estos casos, los puntos de contacto deben restringirse.

F.J: ¿Piensa usted que el acuerdo al que se llegó es beneficioso?

H.Y.A: El acuerdo es más bien una amanguala, no creo que haya habido realmente ningún acuerdo, se muestra esa propensión de los poderes a converger en determinados propósitos políticos. Además, la constitución, y una reforma a ella no es un pacto entre los poderes constituidos, sino un pacto del pueblo consigo mismo sobre los poderes constituidos. Esos poderes son el objeto de las normas constitucionales y no los sujetos que las establecen consultado sus intereses y sus apetitos.

F.J: ¿Qué ventaja le ve usted a esta reforma?

H.Y.A: Ninguna. Hace falta una reforma de lo funcional de la rama judicial y de la operatividad de la jurisdicción y también puede estar haciendo falta retoques en la arquitectura de la justicia, lo que pasa es que acá los autores no acertaron en descubrir qué es lo que necesita reforma, falta diagnóstico acertado.

F.J: En el nuevo proyecto no se menciona el tema de la tutela contra sentencia ¿Qué opinión le merece esto?

H.Y.A: Pienso que entre aprobar cualquiera de las formulas propuestas sobre la justiciabilidad mediante acción de tutela de los actos jurisdiccionales, era mejor guardar silencio. Acá esta reforma sí resulta de utilidad, no por lo que tiene que en ninguna parte es bueno, sino por lo que le falta que definitivamente era peor.

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