ENTREVISTA RAFAEL PARDO

FORO JAVERIANO: Hay quienes afirman que para el Estado sería más rentable acabar con la universidad pública y pagarle a todos los estudiantes de estas una beca en una universidad privada ¿que opinión le merece esta afirmación?

Rafael Pardo: Creo que es una afirmación errónea. No creo que sustituir la universidad pública por becas en universidades privadas sea más rentable financieramente. De lo que sí estoy seguro, es que una medida de este estilo atentaría contra el derecho al libre acceso a la educación. También creo que un sistema de becas en universidades privadas podría terminar generando distorsiones y se beneficiaría a las personas que no necesitan las becas y excluiría a los que sí las necesitan. Necesitamos mejorar la eficiencia del gasto en educación y aumentar los recursos de las universidades públicas para que amplíen su cobertura y mejoren su calidad.

F. J.: Los políticos se caracterizan por incumplirle las propuestas a la juventud y obtener sus votos. En su programa de gobierno usted propone una Ley del Primer Empleo, ¿qué la diferenciaría del modelo francés que causó tanta polémica y manifestaciones estudiantiles en su momento?

R. P.: La Ley del Primer Empleo que propongo es bastante diferente al programa del Contrato de Primer Empleo francés. Las autoridades francesas buscaron disminuir el desempleo en la población joven disminuyendo costos de contratación al igual que costos de despido. Por ejemplo, este proyecto incluía el despido sin liquidación de jóvenes que estaban empleados por primera vez. No propongo, ni propondría algo por el estilo.

Hoy, la mayoría de jóvenes colombianos recién graduado del bachillerato, de la universidad o que acaban de salir del servicio militar, pasan inmensas dificultades a la hora de conseguir su primer empleo ya que no tienen experiencia laboral. La Ley del Primer Empleo que propongo consiste en dar incentivos tributarios a los empresarios para que contraten jóvenes que están buscando su primer empleo. Con esta Ley, el Estado se encargará del pago de los parafiscales del joven que ha sido empleado por una empresa. El empresario pagará los parafiscales, pero el Estado le devolverá esos aportes por vía de deducción de impuestos. Además de estos incentivos tributarios, también prepararemos a los jóvenes para su primer empleo. Revisaremos los programas educativos para que la educación capacite a los jóvenes para su primer empleo. Es importante establecer un diálogo activo entre el sector productivo y el sector educativo para que haya cierta pertinencia entre en los contenidos educativos y las necesidades del mercado laboral.

F. J.: El 11 de febrero de 1994 usted firmó el estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual dio paso a la creación y desarrollo de las Convivir, que finalmente derivó en grupos paramilitares. ¿Aceptaría que tuvo responsabilidad en las acciones delictivas que cometieron estas organizaciones armadas bajo el marco legal ya mencionado? ¿Volvería usted a firmar un estatuto como ese?

R. P.: Primero que todo, me gustaría aclarar que las Convivir fueron creadas en otro gobierno cuando yo ya me había retirado del Ministerio de Defensa. En segundo lugar, es equivocado afirmar que el problema con las Convivir surgió de este Estatuto. El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada simplemente reglamentó la prestación de servicios de seguridad y vigilancia por parte de particulares, entre estos los servicios prestados por cooperativas. Algunas personas argumentan que el problema de las Convivir surgió de su condición de cooperativa de seguridad. Esto es una afirmación totalmente equivocada. El problema de las Convivir se dio por la falta de control y regulación que el Estado hizo a la seguridad privada en zonas rurales. El problema no se encuentra, como algunos sostienen, en que estuviesen organizadas como cooperativas de seguridad. Desde mucho antes de que se firmara el Estatuto de Vigilancia y Seguridad, han existido cooperativas de vigilantes que cuidan, por ejemplo, porterías de edificios en centros urbanos. Ninguna de estas cooperativas ni la mayoría de las que se crearon después del 1994 han derivado en organizaciones delictivas.

F. J.: ¿Para usted qué es "justicia"? ¿Cree que ese es un concepto universal o que admite diferentes interpretaciones?

R. P.: A lo largo de la historia, el concepto de justicia ha recibido distintas definiciones por parte de filósofos y otros pensadores. Mientras que Aristóteles establece una relación entre la justicia y la equidad, Hobbes considera que la justicia se encuentra en la ley, sin importar que ésta sea inequitativa. A pesar de las diferentes definiciones del concepto de justicia, creo que es un concepto universal que guarda elementos objetivos. Toda definición de justicia tiene elementos distributivos y correctivos. Las particularidades de cada definición responden a las dinámicas políticas, económicas, culturales y sociales que existen en cada nación del mundo y en cada periodo de la historia.

El concepto de justicia que he usado en mi campaña se podría relacionar con la definición aristotélica de justicia, que consiste en que cada persona debe recibir lo que merece. También tiene elementos de la definición de Kant, quien afirmaba que es una injusticia que existan desigualdades que tengan su origen en el nacimiento de la persona. Yo creo que todos los colombianos deben tener la oportunidad de acceder a una educación de calidad sin importar el estrato o región en que nacieron. También creo que todos los colombianos merecen una vejez digna y acceso a una salud de calidad. La justicia que promovemos pretende que todos los colombianos tengan acceso a éstas y a muchas otras oportunidades. Estoy convencido de que la clave para el desarrollo, la paz y la felicidad se encuentra en la construcción de una Colombia justa.

F. J.: Algunos dicen que usted es un buen candidato pero su partido no. ¿Qué les respondería?

R. P.: El Partido al que pertenezco fue el mismo que abolió la esclavitud en Colombia, que creó los colegios nacionales y la educación pública, que construyó la Ciudad Universitaria y que convocó y participó mayoritariamente en la elaboración de la Constitución de 1991. El Partido Liberal ha liderado las grandes reformas que se han hecho en este país. Acepto que el Partido ha cometido errores en el pasado, pero en los últimos años hemos hecho grandes esfuerzos por transformarlo y modernizarlo para afrontar los retos del siglo XXI. A pesar de las dificultades, y en contra de los pronósticos de muchos, el Partido Liberal sigue teniendo una gran representación en el Congreso colombiano.

F. J.: ¿Usted propondría una ley de cuotas para que los jóvenes participen activamente en la política?

R. P.: Antes de proponer una ley de cuotas que beneficie a los jóvenes, es necesario fomentar y fortalecer las escuelas de formación política donde los jóvenes puedan capacitarse y prepararse para la vida política. Una vez se haya avanzado en la creación y fortalecimiento de las escuelas de formación política, sí propondría una ley de cuotas para los jóvenes. Así, aseguraremos la participación activa de los jóvenes en política y promoveremos su éxito.

F. J.: ¿Qué haría en su gobierno si la guerrilla estuviera dispuesta a dialogar pero con un despeje?

R. P.: En un principio, no estaría dispuesto a dialogar con la guerrilla bajo esas condiciones. En mi gobierno, la solución negociada dependerá de la iniciativa de los grupos armados y en dado caso será un tema que atenderá el Gobierno Nacional y no terceros actores, tal como lo establece la Constitución Nacional. Sólo se negociará si el diálogo tiene el principio fundamental de ponerle fin al conflicto armado y, por lo tanto, implica la desaparición de los grupos armados ilegales. Así mismo, el acatamiento a las normas estipuladas en el Derecho Internacional Humanitario será una condición inalterable para iniciar y avanzar en un eventual diálogo.

No podemos cerrarle las puertas al diálogo, pero debemos entender que la paz no es un asunto exclusivo de la negociación. Construir la paz es una tarea de la sociedad, que pasa por la legitimidad de sus gobernantes y por la forma como se reconoce y apoya a las víctimas. La paz es un conjunto de acciones políticas, jurídicas y sociales concretas, cuyo principal beneficiario debe ser el ciudadano. Para lograr la paz debemos mantener la presión contra todas las organizaciones que actúan en contra de la Ley al mismo tiempo que debemos darle atención prioritaria a todas las víctimas del conflicto.

F. J.: ¿Qué tipo de créditos daría a los pequeños productores agrícolas que no termine como Agro Ingreso Seguro?

R. P.: Para evitar casos como los de AIS debemos cambiar el modelo agrícola del gobierno de Uribe. El modelo usado en los últimos años se olvidó de los campesinos, aumentó la concentración de la tierra en el campo y no mejoró la productividad de nuestros agricultores. Lo que el campo colombiano necesita es de un modelo que brinde verdaderas oportunidades a los campesinos y a los pequeños productores. Impulsaré programas que faciliten la incorporación de las tierras a proyectos productivos mediante mecanismos financieros, como la fiducia de tierras, y mediante mecanismos legales, como el establecimiento de patrimonios autónomos y la vinculación de terrenos baldíos. Por otro lado, entregaré subsidios directos para que los campesinos tengan un mejor acceso a la propiedad de la tierra y a los demás factores de producción. En este modelo, el campesino y el pequeño productor ocuparán una posición central.

Este cambio de modelo y de actitud frente a los campesinos y pequeños productores estará acompañado de políticas que eviten la corrupción que se vio con los casos de Carimagua y AIS. Promoveremos la participación de la sociedad civil para fortalecer el seguimiento al presupuesto público, no sólo para saber cuánto se gasta e identificar desvíos en el uso de los recursos, sino también para saber qué se logra con los recursos.

F. J.: ¿En qué consiste el Fondo de Compensación Regional y de dónde saldrían sus recursos?

R. P.: Si queremos una Colombia justa y con igualdad de oportunidades, no podemos permitir que persistan las desigualdades que actualmente existen entre las regiones más pobres y las más pudientes. Necesitamos promover la autonomía regional y debemos buscar mecanismos para que los departamentos y municipios cuenten con recursos para adelantar los proyectos que necesitan. Por esta razón, he propuesto bajar el IVA a una cifra entre 12% y 13% y le daríamos a los departamentos la opción de tener una tasa de 16%. El diferencial entre la tasa nacional y la departamental iría a las arcas del departamento.

Hemos analizado la posibilidad de acompañar esta medida con la creación del Fondo de Compensación Regional planteado por Luis Armando Galvis y Adolfo Meisel Roca, investigadores del Banco de la República. Con este Fondo, se asignarían recursos adicionales a los municipios más pobres para que puedan salir de la trampa de la pobreza en la que se encuentran. Por un lado, se aumentaría la cantidad de las transferencias destinadas a estos municipios. Galvis y Meisel calculan que este programa tendría unos requerimientos equivalentes al 0,4% del PIB nacional y al 2,4% de los Ingresos Corrientes de la Nación, y que su financiación necesitaría de un aumento del impuesto sobre la renta de 6,5% anual.

Un segundo pilar del Fondo apoyaría proyectos específicos realizados por varios municipios. Este componente se financiaría con regalías indirectas, que en el 2008 fueron aproximadamente 1,45 billones de pesos.

F. J.: ¿Cree que hay alguna diferencia de esta campaña presidencial con las de otros años?

R. P.: Sin lugar a dudas la contienda actual ha sido más reñida que las del 2002 y 2006. Desafortunadamente, al igual que ocurrió en otros años, aspectos sociales y económicos de gran relevancia para el futuro del país han ocupado un lugar secundario en el debate electoral. En el 2002 y 2006, el debate giró en torno a la seguridad. Hoy en día, se ha creado un falso dilema entre seguridad y legalidad. Temas como el desempleo, la reforma a la salud, ampliar el acceso a la vivienda, crear un sistema pensional más justo y mejorar la infraestructura del país no han recibido la atención que merecen. No podemos seguir posponiendo las reformas que el país necesita en temas tan importantes como estos.

F. J.: ¿Cree usted que el Partido Liberal sea de izquierda pero por la coyuntura y polarización no lo reconozca?

R. P.: El Partido Liberal es un partido socialdemócrata. No negamos que somos un partido de centro-izquierda. Aunque en los últimos años el país ha girado hacia la derecha, nosotros seguimos fieles a nuestros programas y estamos convencidos de que son los que el país necesita para afrontar la crisis en salud, la bomba pensional, el desempleo, la informalidad y los otros problemas del país. Nuestros principios son los que el país necesita para atacar la pobreza, desigualdad, corrupción, ilegalidad y inseguridad.

F. J.: Si fuera presidente ¿qué haría con las bases militares estadounidenses?

R. P.: El acuerdo de las bases militares es una política de Estado y por lo tanto no es posible hacerle ajustes. Cuando se firmó, sostuve que este acuerdo no tenía sentido ya que no eran claros los beneficios que recibiría Colombia. Yo defiendo la cooperación con EE.UU. y creo que debemos mantener buenas relaciones con el país norteamericano. Sin embargo, creo que el acuerdo no era necesario y no estuve de acuerdo con que el gobierno lo negociara a escondidas de los colombianos.

F. J.: ¿Ha habido 'guerra sucia' contra alguna campaña? ¿Cuál o cuáles?

R. P.: Sí. Creo que todos sabemos de dónde ha salido y hacia qué campañas se ha dirigido.

F. J.: El secretario de la OEA Insulza manifestó que no consideraba como 'intervenciones' las declaraciones de Chávez. ¿Qué opinión le merece?

R. P.: Creo que el secretario Insulza está equivocado. Insulza valoró las declaraciones de Chávez y llegó a la conclusión de que éstas no han tenido efecto sobre el debate electoral colombiano. A Insulza no le corresponde hacer esas valoraciones. El hecho es que Chávez ha hecho varias declaraciones concretas sobre el debate electoral colombiano y a Insulza, como secretario general de la OEA, le corresponde apegarse al reglamento y rechazar tales declaraciones.

F. J.: El sistema educativo en Colombia ha llevado a una proliferación de universidades y a la desacreditación de la educación técnica, tanto así que la mano de obra técnica no se valora. ¿Cuál es su posición frente a la educación técnica?

R. P.: Uno de los problemas de nuestra educación superior es el sesgo que se presenta hacia la educación universitaria. Según el Observatorio Laboral para la Educación (OLE), más del 60% de los graduados del país en la última década fueron universitarios y tan solo el 40% se graduaron como técnicos o tecnólogos. Lo anterior genera desbalances entre la oferta y la demanda laboral pues se presentan excesos de oferta de profesionales y una escasez en la oferta de técnicos, a pesar de la alta demanda por técnicos en el mercado laboral.

Para solucionar este sesgo, fortaleceremos el SENA para que pueda ofrecer más y mejores programas. Así mismo, es necesario hacer que la educación técnica y tecnológica sea más atractiva para los estudiantes. Por un lado, debemos controlar y regular la proliferación de las universidades de garaje. Así mismo, regularemos y exigiremos indicadores de calidad a todos los institutos técnicos y tecnológicos del país. Así aseguraremos la calidad de la educación y la haremos más atractiva. Adicionalmente, con la coordinación del OLE, buscaremos que los pensum de estas instituciones tengan en cuenta las demandas de las empresas. Así, mejoraremos el proceso de ajuste de oferta y demanda en el mercado laboral.