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¿Qué significa que la Corte Suprema de Justicia haya retomado los procesos por la parapolítica de los congresistas que renunciaron a su curul?
Por: María Paz Mejía Londoño
Esta pregunta se puede responder desde múltiples perspectivas: jurídicas, políticas y desde el punto de vista de aquellas personas que no entienden ni lo jurídico ni lo político pero que sí tienen una opinión al respecto. Sobre el tema poco está claro: Sólo que la Corte ha decidido que asumirá nuevamente los procesos.
Anteriormente, si un congresista era reelegido con ayuda de grupos armados al margen de la ley y posteriormente renunciaba a su fuero, su proceso penal era llevado por fiscales y jueces. Desde hace aproximadamente dos meses, cuando la Corte Suprema cambió su jurisprudencia, los procesos de aquellos congresistas que renunciaron a su fuero, volvieron a manos de la Corte Suprema. ¿Será qué esta es la solución más acertada? ¿Será que la Corte estaba o está equivocada?
Se podría pensar que por lo menos desde la perspectiva jurídica debería existir una solución única. Pero no. Si bien la Constitución Política establece que la Corte Suprema de Justicia debe conocer de los procesos judiciales de personas que, en ejercicio de sus funciones de Congresista, han cometido delitos, no es claro si hacerse reelegir es una función de Congresista.
Dentro de la nueva jurisprudencia de la Corte, se encuentra que ésta continuará conociendo de los procesos de aquellos que siendo Senadores o Representantes a la Cámara, se hicieron reelegir con ayuda de grupos paramilitares, que renunciaron a su fuero y que, además, no tengan sentencia aún. Si se considera que hacerse reelegir es ejercer las funciones de congresista, el supuesto de hecho encuadra dentro de la norma Constitucional y la Corte Suprema será competente para conocer de estos procesos; por consiguiente, se entendería que el cambio jurisprudencial es acertado y conforme a derecho. Si, por el contrario, se considera que hacerse reelegir no es una función de congresista entonces se entenderá que antes la Corte estaba actuando de conformidad con la Carta Política y ahora no.
Dejando a un lado lo netamente jurídico, y entendiendo que las decisiones de los altos estamentos del Estado no son jurídicas sino políticas, o por lo menos con un alto contenido político, se puede hacer otra lectura frente al cambio de jurisprudencia del Alto Tribunal. ¿Qué implica esta decisión desde la perspectiva política? Es una pugna por el poder. El enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial se hace evidente y la Corte no desaprovecha la oportunidad para demostrar y usar su poder pues, con su decisión, lo que en el fondo está haciendo es demostrándole al Ejecutivo la trascendencia que tiene para el país los “presuntos” nexos de “sus congresistas” con grupos paramilitares. ¿Será que esto es una consecuencia del choque con el Ejecutivo?
Desde la perspectiva del ciudadano del común, de aquel que no entiende qué es el Derecho y confunde la Constitución con el Código Civil, es decir, de gran proporción de la población, la cuestión debe observarse, por lo menos, desde dos puntos de vista. Así, unos afirman que la Corte sí es verdaderamente valiente, fuerte, que no se deja comprar como sí podrían hacerlo fiscales y jueces, y que ésta es “realmente la que hace justicia” mientras que la Fiscalía es una entidad al servicio de intereses particulares. Por otra parte, hay quienes opinan que la Corte está abusando de su poder y que anda en una “cacería de brujas”.
Al final de cuentas, ¿cuál cree usted que fue la razón por la cuál la Corte retomó los procesos de estos congresistas? ¿Será jurídica o será política? ¿Qué imagen está proyectando la Corte ante los ciudadanos del común? ¿Quién gana y quién pierde? O, mejor aún, ¿Realmente hay un ganador y un perdedor?
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